BancoEstado se querelló contra 7 personas por presunta obtención fraudulenta de crédito
Fueron siete las personas formalizadas este viernes 15 de septiembre en Punta Arenas, por su presunta autoría en los delitos de obtención fraudulenta de créditos y uso malicioso de documentos públicos falsificados en perjuicio del Banco Estado por un monto superior a los 51 millones de pesos. Los hechos se perpetraron entre junio y agosto del año 2015. A la audiencia solo asistieron dos los 7 requeridos, Johana Williams Barría y Viviana Llanquín Uribe. Según la carpeta investigativa los sucesos fueron destapados a raíz de una denuncia por el delito de usurpación de funciones públicas y uso de documentos de carabineros falsos para la obtención de créditos, la cual fue interpuesta por un empleado que trabaja para una Automotora en Zona Franca.
El 30 de julio de 2015, Llanquín Uribe, acudió a la automotora y manifestó su interés de comprar un vehículo, presentando un certificado de antigüedad y estabilidad laboral, más liquidaciones de sueldo, figurando como cabo primero de la Primera Comisaría de Carabineros, con esos documentos además obtuvo un crédito para la adquisición del automóvil por un monto de 3 millones 700 mil pesos desde una financiera. No obstante, el empleado de la automotora dudo de la veracidad de los documentos y concurrió hasta la unidad policial donde le informaron que Llanquín no era funcionaria de la institución y que los documentos presentados eran falsos.
Pero la documentación era proporcionada por un funcionario de la misma institución policial, así lo dejó en claro Johana Williams en una declaración a la policía. El Cabo Miguel Iturrieta Donoso proporcionaba dicha documentación y a cambio del 35 por ciento del valor del préstamo. Por estos hechos el funcionario fue desvinculado de la institución en 2015. En ese sentido el Banco Estado se querelló en contra de Jocelyn Güichapani González, Bárbara Cárcamo Aguilar, René Arizmendi Oyarzun, Marcela Jofré González, Miguel Iturrieta Donoso, Viviana Llanquín Uribe y Johana Williams Barría, estas últimas quedando con arraigo regional con un plazo de cien días para investigar los hechos, la audiencia para los cinco restantes se agendo para noviembre.
