Senadora Ximena Rincón y Andrea Zondek de la Fundación Tacal evaluaron entrada en vigencia de ley de inclusión laboral

La senadora por el Maule y ex Ministra del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, Ximena Rincón, junto a la Presidenta de la Fundación Tacal, Andrea Zondek, realizaron esta mañana en la Clínica Dávila de Santiago, una evaluación de la entrada en vigencia de la Ley de inclusión laboral a partir de ayer 1 de abril donde hicieron un llamado a la responsabilidad en el cumplimiento de la normativa.

La senadora, quien visitó además a trabajadores con discapacidad en el recinto médico de Recoleta, indicó que hay que entender que la inclusión es una responsabilidad, que significa reconocer a las personas con discapacidad como ciudadanos que tienen los mismos derechos que cualquiera y es nuestra responsabilidad, de cada uno de nosotros, de hacer que nuestro país sea más inclusivo.

La Parlamentaria sostuvo que en Chile, uno de cada cinco adultos tiene algún grado de discapacidad, lo que equivale a 2,6 millones de personas. De éstas, un 39% están ocupadas y perciben un ingreso promedio que oscila entre un 62 y un 70% del que recibe la población sin discapacidad.

Por su parte Andrea Zondek, Presidenta de la Fundación Tacal y presente en la actividad señaló. “Hoy tenemos Ley de Inclusión Laboral que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores  a incorporar el 1% de personas con discapacidad a la planta regular de trabajadores. Esta es una tremenda oportunidad para avanzar hacia el Chile inclusivo que todos deseamos”.

Para la presidenta de la Fundación Tacal  el hecho de estar en medio de los trabajadores de la clínica es un logro y un orgullo enorme. Sobre la materia agregó “Hoy nos encontramos en Clínica Dávila, que viene trabajando el tema de inclusión mucho antes que tuviésemos esta ley. Fundación Tacal ya ha incluido a seis trabajadores con discapacidad y lo más importante que se han incorporado a puestos de trabajo que realmente necesitaba llenar la clínica. Lo más destacado es que hoy las personas con discapacidad se van a incorporar por derecho y no por caridad. Existirá un antes y un después para personas con discapacidad al entrar en vigencia la Ley de Inclusión Laboral”.

La ley de inclusión laboral define una reserva legal de contratación del 1% del total de trabajadores de una empresa o de un organismo público, para personas con discapacidad, en el caso que cuenten con 100 o más trabajadores. Estas personas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Para atenuar los potenciales costos de esta política pública, se diseñó una implementación gradual partiendo por las grandes empresas, para luego incorporar a las de 100 a 199 trabajadores, y la opción de cumplir de forma subsidiaria sin expresión de causa durante los dos primeros años.

Reconociendo la dificultad que podrían enfrentar algunas empresas para cumplir esta obligación, la ley contempla medidas alternativas en casos fundados, como son, la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o por falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo. Las empresas que justifiquen esta imposibilidad podrán cumplir su obligación en forma subsidiaria, a través de contratos de servicios con empresas inclusivas o mediante donaciones a proyectos o programas de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la rehabilitación o inserción laboral de personas con discapacidad.

Para el sector público se consagra también un mecanismo de selección preferente en los procesos de selección de personal. En igualdad de condiciones de mérito, los servicios públicos deberán preferir a personas con discapacidad.

Para la ex Ministra la correcta implementación de la ley constituye un enorme desafío para toda la sociedad en su conjunto, como por ejemplo, que en las empresas hay que generar adecuaciones en los espacios de trabajo, mejoras en la accesibilidad y sobre todo, cambios en la cultura organizacional. Además, existen importantes desafíos para el sector público, no sólo en su condición de empleador, sino para la gestión y capacidad de respuesta de las instituciones públicas responsables de facilitar la implementación de la ley (Compin, Registro Civil, Dirección del Trabajo y Senadis, entre otros).

La senadora Rincón indicó el plazo para cumplir la normativa es un año a partir de este 1 de abril  y concluyó que la inclusión laboral de personas con discapacidad ha sido un desafío pendiente en nuestro país y a través de esta ley estamos reconociendo y valorando el aporte de las personas con discapacidad y que este es el camino que debemos seguir recorriendo para alcanzar un auténtico desarrollo.