El sector privado y la superación de la pobreza – María Ignacia Fernández
Por María Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
La participación del sector privado empresarial, así como de la sociedad civil, la academia y las organizaciones sociales en el diseño e implementación de políticas para la superación de la pobreza es, sin lugar a dudas, una buena práctica, que está en abierta sintonía con las estrategias que proponen organismos tan diversos como el Banco Mundial, las Naciones Unidas o la OECD.
Más articulación y más diálogo son estrategias que están a la base de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que surgen de dicha agenda tienen a la base un enfoque holístico que busca la integración de las tres dimensiones del desarrollo- económico, social y ambiental- y la participación de todos los actores – públicos, privados y de la sociedad civil- bajo la premisa de no dejar a nadie atrás.
En nuestro Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017, en Rimisp alertamos que este enfoque integrado que propone la Agenda 2030 es uno de los principales desafíos que enfrentan los estados latinoamericanos para su implementación, pues requiere superar lógicas tradicionales de organización en compartimentos estancos y articular actores diversos bajo una visión común. Como bien señala el Informe Anual sobre el Progreso de los ODS en América Latina y el Caribe de CEPAL en 2016, este proceso no es evidente y requiere crear y fortalecer progresivamente una confianza mutua entre actores que no están acostumbrados a colaborar y que suelen tener visiones diferentes del mundo.
El “Compromiso País” anunciado esta semana por el Presidente Piñera constituye un paso significativo en materia de construcción de confianzas, al menos entre el Estado y el sector privado. Falta ver todavía si la misma confianza logra generarse entre estos y los demás actores convocados a esta alianza.
Hay otras buenas razones para valorar la participación del sector privado. Una de las principales dificultades que enfrentan las políticas para la superación de la pobreza en América Latina es que no han logrado generar estrategias que permitan a los hogares generar ingresos de forma autónoma y sostenida en el tiempo. El supuesto que subyace a una larga ola de programas de transferencias de ingreso, según el cual la inversión en capital humano tendría, en el mediano plazo, un impacto sobre la capacidad de los individuos de incrementar sus oportunidades de generación de ingreso, no se cumple. En este marco, el debate se centra en las estrategias de graduación o salida de los programas de transferencia, por la vía de mejoras sostenidas en los niveles de vida de los hogares beneficiarios.
Dado que el sector privado es el principal generador de empleo y riqueza, su participación en este esfuerzo resulta, a todas luces, necesario. Algunos países de la región -como Brasil- han intentado “reemplazar” la participación del sector privado a través de la generación de empleo público y sofisticados mecanismos de compras públicas para asegurar un espacio de venta a los pequeños productores. Son estrategias que dan buenos resultados en el corto y mediano plazo, pero que no resuelven el problema de fondo, cuál es el de la evidente desvinculación entre las políticas económicas y sociales que estas nuevas estrategias de incorporación del sector privado en alianzas amplias para la superación de la pobreza debieran tender a resolver.
Un ejemplo, de muchos que registran buenos resultados en América Latina, es el de la Mesa Técnica del Café, en Quito, un espacio de coordinación integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, ONGs, representantes de asociaciones y empresas productoras de café. Los resultados de la Mesa, que impactan directamente sobre las condiciones de vida de los pequeños productores son evidentes: mejora la productividad, la calidad del café, la capacidad de comercialización directa entre el productor y empresas procesadoras nacionales o compradores internacionales.
Es de esperar que este sea el foco de la invitación que Piñera y Moreno hicieron a los grandes empresarios de Chile, una invitación a poner su capacidad productiva al servicio de estrategias más inclusivas y equitativas de producción y distribución de la riqueza.
