Alcalde Claudio Radonich presenta en Tribunales querella criminal por el presunto delito de apropiación indebida contra ex Alcalde Emilio Boccazzi

La querella criminal va dirigida en contra de Emilio Boccazzi Campos, en su calidad de ex alcalde y ex presidente del directorio de la Cormupa; en contra de Cristina Susi Garrido, como ex secretaria general de la Corporación; de Freddy Aguilar Almonacid y de Manuel Parra Alarcón, quienes fueron directores de Finanzas de la Cormupa; además de todos quienes resulten responsables.

Después que se conociera el resultado de la auditoría que se realizó a nombre de la Municipalidad de Punta Arenas a los registros contables de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Punta Arenas (Cormupa), el alcalde Claudio Radonich interpuso hoy jueves 26 de julio una querella criminal por los presuntos delitos de desviación o apropiación de fondos públicos. La acción penal pide investigar la supuesta “desaparición” de más de 4 mil millones de pesos, entre los años 2015 y 2016.

En virtud de los argumentos presentados en la acción penal interpuesta en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el 14 de diciembre de 2016 no se hizo una entrega formal de la situación administrativa y contable financiera de la Corporación, señalándose la existencia de una deuda preliminar de $ 4.448.648.933. “Tal cifra, al momento de asumir esta administración fue contrastada con documentación contable financiera y se determinó que no era efectiva, sino que ascendía realmente a la suma de $ 10.065.250.609”, consigna la querella.

Argumenta el libelo que los «forados» financieros habrían ido en aumento y apareciendo en distintas áreas, por lo que se contrató a la empresa auditora Surlatina, Grant Norton Auditora, a fin de realizar no sólo una revisión de los libros de contabilidad de la CORMUPA, sino además, de un riguroso y amplio peritaje forense contable, con el propósito de determinar si los ingresos recibidos – dado su origen y naturaleza – habían sido invertidos en los programas, proyectos o formaban parte de los resultados de la Corporación; si los ingresos habían sido utilizados en la ejecución de los programas, proyectos o para cubrir las necesidades operativas de la Corporación; si los gastos de acuerdo a su origen y naturaleza eran pertinentes y se imputaron a los programas y/o, proyectos respectivos; si los gastos imputados en la administración central, no incorporaban partidas asociadas a los programas; y finalmente, que se logre determinar la existencia o ausencia de transacciones inusuales.

Fue así que la empresa externa auditó las carteras financieras de los años 2015 y 2016, y, se detectó que en el área Educación existe un saldo por pagar de $ 874.571.000 al mes de diciembre de 2016 y un saldo por pagar por la suma de $553.403.000 millones correspondiente al año 2015. Además, en el área Salud de la CORMUPA se apreció un saldo por pagar $ 329.335.000 millones a diciembre de 2016 y un saldo por pagar por la suma de $1.684.635.000 millones a diciembre 2015.

Otra anomalía detectada fue respecto al Bono de Zonas Extremas, donde se observó un faltante de $108.636.000, según la página 41 del informe de auditoría.

Lo anterior, según reza el texto judicial, se habría visto facilitado por los escasos mecanismos de control con los que opera la Cormupa, carente de sistema de información para el registro de transacciones: no tiene unidad de auditoría o contralora interna; no existen manuales de procedimiento para el control interno; si bien existe un procedimiento para el pago de los días trabajados a los profesores y asistentes de la Educación, el cual establece que los Directores deben enviar la asistencia en forma mensual, y su cumplimento no es controlado ni monitoreado.  Dice el libelo al respecto que. “en términos generales, la Corporación carece de regulación en cuanto a su estructura organizacional, tampoco cuenta con una descripción de cargos y funciones debidamente documentada en un manual.

Es dado mencionar que el informe de la empresa auditora determinó la supuesta falta de dineros por una suma aproximada de $ 4.469.929.971, dineros que a juicio del querellante presuntamente habrían sido o apropiados o desviados de sus fines originales, hechos en los que los querellados tendrían responsabilidad, dada sus atribuciones, a velar por el correcto uso de los dineros de la Corporación.

Finalmente, la acción penal solicita que se investiguen los posibles delitos y se dé una instrucción especial para que la Policía de Investigaciones realice una indagación a la red de socios o familiares de los querellados.

PARA SABER MÁS:

Lea y descargue texto completo de la querella:

TEXTO QUERELLA CORPORACION MUNICIPAL PUNTA ARENAS JULIO 2018