Traspaso de la OPD a la Gobernación muestra un Municipio economicista alejado de los derechos sociales – Verónica Aguilar – Opinión

Razones económicas, esas dos palabras son las que han sonado en diversas declaraciones tanto en el gobierno como también en el municipio, al referirse al cambio de programas, al cierre de iniciativas o en este caso al traspaso de la Oficina de Protección de derechos de la infancia.

Dejando en claro que hoy nos enfrentamos a una política economicista, que según la Real Academia Española, es el «criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole». En otras palabras, se trata de un término que alude a un sesgo o abuso en la concepción del comportamiento de una sociedad, más precisamente de la reducción de todos los hechos sociales a su aspecto económico, teniendo como consecuencia la desatención de los aspectos sociales, morales, culturales medioambientales, de salud pública, etc.

Es impresentable que hoy se tomen decisiones que son trascendentales para el trabajo con quienes más lo necesitan, aquí estamos hablando de niños, jóvenes, familias completas que se ven afectadas por situaciones complejas, y que ahora son vistas solo como un numero mas.

El alcalde decidió de manera unilateral, traspasar los servicios de la OPD municipal, que dicho sea de paso, este programa ha funcionado desde el 2002 en el Municipio, atendiendo a centenares de niños y familias, y ahora será la Gobernación quien se deba hacer cargo, firmando un convenio que no ha sido siquiera sociabilizado con este Concejo Municipal.  No conforme con deshacerse de esta iniciativa, hace entrega en comodato de un edificio sin siquiera consultarlo al Concejo, no entendiendo que el MUNICIPIO, lo compone el Alcalde y los Concejales.

El acalde Radonich debe dar explicaciones a la comunidad, y al Concejo, no solo entrega un edificio, sino que además, se lava las manos con respecto a la continuidad laboral de los profesionales que por años se han desempeñado en esta oficina, y que han generado vínculos de confianza con los usuarios, lo que es fundamental para la continuidad de los programas, además genera una incertidumbre tanto para los profesionales como también para los usuarios, considerando que la Gobernación tiene una OPD funcionando hace 3 años con sus propios funcionarios, atendiendo las comunas de Rio Verde, Laguna Blanca y San Gregorio.

El alcalde Radonich deberá dar explicaciones, del por que decide entregar este programa a la gobernación, ¿será que esta administración no es capaz de enfrentar estas iniciativas?, el problema que las malas decisiones solo afectan a nuestros niños y sus familias, espero que prontamente se de a conocer como corresponde los alcances del convenio firmado, que permita el resguardo de los profesionales y la continuidad de este programa.