Cuestionan relocalización de concesiones para salmonicultura en el territorio marítimo de Magallanes

Terram advierte que la instalación de 196 balsas-jaula llevaría a sumar aproximadamente 76.000 toneladas de peces en las aguas circundantes al Parque Nacional Kawésqar. Además, manifiesta su preocupación por posibles irregularidades en la admisión de los centros de cultivo.

En el transcurso del primer semestre de este año, nueve proyectos salmonicultores ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) buscando emplazarse en las aguas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar, la última área protegida concretada en el marco de la creación de la Red de Parques de la Patagonia.

Noticia relacionada: Corte Suprema ordena suspender concesiones acuícolas en territorio kawésqar

Fundación Terram se ha mantenido pendiente a la situación de esta reserva, subrayando que, de los nueve proyectos mencionados, seis corresponden a relocalizaciones provenientes desde el Parque Nacional Alberto de Agostini, pertenecientes a la empresa Nova Austral S.A., las cuales fueron ingresadas a trámite entre abril y julio de este año.

La empresa instalaría 112 balsas-jaula para el cultivo de salmones, lo que representaría la producción aproximada de 53.000 toneladas de peces. Esta acusación se suma a la que la ONG nacional realizó el 14 de marzo de este año, cuando advirtió sobre los tres primeros proyectos acuícolas ingresados al SEIA que -a su juicio- incumplían algunas exigencias ambientales.

Sumando las nueve concesiones ingresadas en el primer semestre de 2019, se observa que en un futuro las aguas recientemente protegidas de Kawésqar en la región de Magallanes deberán soportar un total de 196 balsas-jaula y la producción total de 75.600 toneladas de salmones, sostiene Terram.

Además, recordó que en 2013 la Contraloría General de la República –a través del dictamen N°38.429– había estimado que no era posible el desarrollo de actividades acuícolas al interior de parques nacionales. “Fue la misma empresa Nova Austral una de las que habría alegado en contra de la medida, argumentando que el desarrollo de esta actividad era admisible en el área protegida Parque Nacional Alberto de Agostini. Desde entonces, la disposición de la compañía denota la intención de torcer la regulación, manteniendo su presencia en áreas de conservación”, aseguran en la organización no gubernamental (ONG).

En esa línea, Flavia Liberona, quien es la directora ejecutiva de Fundación Terram, aduce: “Nos parece una contradicción tremenda que el gobierno acepte que se relocalicen concesiones que estaban en un área protegida, trasladándolas a otra; esto no tiene ningún sentido. La industria salmonicultora opera con bajos estándares ambientales y, por tanto, al ubicarse en aguas prístinas ya sea de parques nacionales o en la Reserva Nacional Kawésqar, generará un impacto negativo en ese ecosistema”.

Ley 19.300.

Estas relocalizaciones estarían llevándose a cabo de manera voluntaria por parte de la empresa, y el lugar de destino (isla Clarence) fue propuesto por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), sin tomar en cuenta dos factores determinantes en la protección de las aguas circundantes al Parque Nacional Kawésqar, faltas que Fundación Terram señaló al manifestar su preocupación anteriormente y la cual reitera ante el ingreso de estos nuevos proyectos de relocalización y fusión al SEIA.

“Las relocalizaciones no cumplen con las exigencias de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual establece que los proyectos que se instalen en áreas protegidas deben ingresar a través de Estudio de Impacto Ambiental; pero que de todas maneras fueron aceptados a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”, puntualiza Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.

Además, según un dictamen de 2016 de la Contraloría General de la República (CGR), las actividades de acuicultura en zonas marítimas que formen parte de las reservas nacionales solo pueden ser autorizadas, siempre y cuando, sean compatibles con sus respectivos objetivos de conservación, “pero el área protegida de Kawésqar aún no cuenta con su respectivo plan de manejo debido a su reciente creación, por tanto, ninguno de los proyectos presentados hasta ahora estarían siguiendo algún tipo de criterio de conservación”, complementa Christian Paredes, también abogado de la institución.

El 12 de mayo de este año, la ONG nacional presentó un requerimiento ante la CGR para que “se pronuncie sobre la ilegalidad en la que han incurrido las empresas salmonicultoras que buscan emplazar centros de cultivo en la Reserva Nacional Kawésqar”.