CORMUPA se hizo parte de querella del Consejo de Defensa del Estado, por presunta malversación de caudales públicos, contra cuatro ex directivos de la misma entidad
La CORMUPA de Punta Arenas, representada por el abogado Rodrigo Flores, interpuso este lunes 30 de septiembre una querella haciéndose parte de una acusación presentada por el Consejo de Defensa del Estado en 2017, por presunta malversación de caudales públicos contra ex directivos de la entidad Hermes Hein Bozic, Gonzalo Germán Pumarino, Hugo Bizama Pommiez, Katherine Urtubia Carrasco por la comisión del delito consumado de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 235 del Código Penal, y sin perjuicio de otras figuras y de otros participes que se puedan establecer en el curso de la investigación.
La querella detalla una serie de asesorías efectuadas por algunos de los ciudadanos individualizados, pero señala que «dichos gastos contenidos en el contrato ya señalados, exceden el marco de utilización de los fondos SEP, pues éstos tienen una finalidad pública específica diversa, conforme con lo dispuesto en la Ley N° 20.248 y dictámenes emanados de la Contraloría General de la República, no pudiendo ser gastados en otros fines ajenos a dicha finalidad pública de educación.»
A modo de ejemplo, entre los hechos presuntamente constitutivos de delitos, la querella de la CORMUPA señala que «de los hechos anteriormente descritos correspondientes todos en el año 2013, la ATE REDDES Ltda. emitió la factura N° 02458, con fecha 11 de octubre de 2013, por la suma de $13.900.000.- (trece millones novecientos mil pesos) correspondiente a la primera cuota por anticipo del 40% del contrato de Servicio Implementación del Rediseño Organizacional.
«Esta factura fue aprobada por el querellado Sr. Gonzalo Pumarino quién, como Jefe de la Unidad de Planificación, aprobó este pago estampando en la mencionada factura el timbre de la Unidad y su media firma».
Posteriormente, se dio la conformidad por la Jefa de Finanzas Katherine Urtubia quién, en su calidad de jefatura, aprobó y validó el pago de esta suma, con dicha actuación ratificó el obrar del Sr. Pumarino, ya que claramente su conducta –en el entendido que sabía las consecuencias de su actuar- conocía que dichos pagos eran relativos a asuntos que no tenían relación alguna con la educación y finalidad de la subvención.»
El documento judicial expresa que «es apreciable el actuar de los querellados, ya que con pleno conocimiento del mismo y su acción conjunta, aplicaron usos ajenos a los recursos y caudales puestos a su cargo, con daño y entorpecimiento del servicio público -no habiéndose a la fecha verificado el reintegro…»
Finalmente la querella solicita al tribunal que «se ordene despachar orden amplia de investigación a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile de Punta Arenas, con la finalidad que investigue todos los hechos, circunstancias, empadronamiento de testigos, forma de comisión del delito contenido en la presente querella y en general toda diligencia relativa a los hechos denunciados, y se cite a declarar en calidad de imputados a los querellados respecto de los hechos descritos en la presente querella y a todos aquellos que se estimen tengan algún grado de participación en el injusto contenido en la presente acción.»
Se pide también al Tribunal de Punta Arenas que «se remita instrucción particular a la Brigada de Delitos Económicos a fin de que identifique y tome declaración a los trabajadores de la Corporación en calidad de testigos y que por la naturaleza de sus funciones hayan intervenidos en los hechos en la época que estos sucedieron, a fin de que aporten antecedentes que estén en su conocimiento y que permitan investigar y comprobar el delito…»
