El derecho de vivir en paz – Ernesto Sepúlveda -Opiniones

La semana pasada se dio inicio a una movilización social histórica en Chile. Histórica porque constituyen las manifestaciones más masivas desde el triunfo del NO, en octubre de 1988. Así se ha consignado en todos los medios. Que la marcha efectuada el viernes 25 de octubre, fue la más grande de todas las realizadas anteriormente. Ha destacado lo pacifico, festivo y alegre de estas marchas. En el caso de Magallanes, con la concurrencia de familias completas.

Un gobierno atrapado en la trampa de sus propias palabras, paralizado, sin signos de reacción. Dio paso, después de la mega marcha, a un presidente tratando de retomar el control. Haciendo distintos gestos hacia la ciudadanía movilizada: Disculpas por errores pasados; reconocimiento de la legitimidad de las protestas; petición de renuncia a gabinete; disposición a modificar la denominada “agenda social”, que había presentado días antes a algunos partidos políticos.

La legitimidad, el fundamento, y el clamor mayoritario en las calles, es contra la desigualdad, contra el abuso, contra los sueldos y pensiones miserables, contra la postergación. Pero no es excluyente, el catálogo de reivindicaciones sociales, es muy extenso. Incluye el reclamo por el cambio de la constitución; reducción de privilegios a los más ricos; el agua como un derecho; No más AFP; seguro universal de salud; educación pública; transporte público. Y un largo etcétera.

Sin lugar a dudas, lo que ha resonado con más fuerza, ha sido el reclamo por una nueva constitución para Chile. Un tema que se abordó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Se efectuaron encuentros locales en todo el país, con participación directa de más de 200 mil personas. Se sistematizó las propuestas de la gente, y se confeccionó un proyecto de ley que reformaría la constitución para la realización de un plebiscito. En esa instancia se resolvería por el voto popular, si sería el congreso nacional, una comisión de expertos o una asamblea constituyente, la que sancionaría la nueva constitución.

Eso ocurrió el 2017, hace escasos dos años. El proceso fue torpedeado sistemáticamente por los políticos conservadores de derecha y centro izquierda. Se decía que poco menos, se iba a alterar la estabilidad democrática. El gran empresariado, y las cadenas de medios de comunicación afines, repetían con insistencia, que esos no eran los problemas que importaban a la gente, que era algo que le interesaba solo a los políticos.

Con la llegada de la actual administración, el proceso se paralizó. Se desechó la idea de continuar con la tramitación legislativa de proyecto de gobierno anterior.

Que el reclamo por una nueva constitución, este presente ahora, en todas las movilizaciones sociales, es prueba fehaciente, de que no son ni los partidos políticos, ni mucho menos el gobierno, quien lo impulsa. Claramente no es del gusto de los políticos tradicionales. Reconocer que es el pueblo el origen y destino, de toda la organización política, implica para muchos de los que han detentado granjerías y privilegios,  la aceptación implícita, a que sea el pueblo como poder constituyente originario, el que determine una nueva forma de organización.

Los políticos de uno y otro lado, no vieron venir esta marea. Ya no sirven los alegatos a la estabilidad política, a la paz social, al ambiente de necesario para los negocios, la amenaza de quiebre de empresas y pérdida de empleos. Lo que millones de personas han dicho, y siguen aún hoy día diciendo, con fuerza y claridad, es que la paz social que teníamos, era una burbuja. Que se apretó demasiado la tuerca para mantener el sistema productivo funcionando, a bajo costo, y el hilo del perno se cortó, y la tuera ya no aprieta y gira en banda.

Somos un pueblo pacífico, gustamos de vivir en paz, junto a nuestras familias. Casi el 90% de quienes vivimos en Chile, decimos que la familia es lo más importante. Que nos preocupa el brindarles protección, el darles bienestar. De ahí que lo que más nos preocupa es el empleo, la salud, la delincuencia, la educación.

Grandes compañías dedicadas a la comunicación estratégica y al marketing electoral, diseñaron la campaña presidencial que triunfó el 2017. Se explotó hasta la saciedad los temores. La pérdida del empleo, el quiebre de empresas, el aumento de la delincuencia, la inseguridad. Se difundió información falsa, para vincular a la alianza de centro izquierda con el Chavismo, y con la dictadura venezolana. Se prometió un paraíso de crecimiento económico, mejores ingresos, mayor seguridad, y un sinnúmero de otras ofertas de campaña, cubriendo todo el espectro de necesidades de la ciudadanía.

El candidato que utilizó esa estrategia electoral, venció holgadamente las elecciones presidenciales. Ganó y por un amplio margen, en todas las regiones del país, menos en Aysén y Magallanes.

Si volvemos a revisar las peticiones, demandas o reivindicaciones, del movimiento social, que se ha desplegado en todo el país, apreciamos con facilidad que cubren todas las áreas, donde el actual presidente hizo propuestas, que no se cumplieron. En muchos casos, ni siquiera han formado parte de los proyectos de ley presentados al congreso.

Si las cosas hubiesen seguido como siempre, como han sido desde el retorno a la democracia. La molestia habría sido el combustible para echar a andar de nuevo a la vieja oposición política. Y de ahí a armarse de paciencia hasta el fin de este gobierno en dos años más. Pero algo cambió. Las personas que se volcaron a las calles en todo el país, protestan en contra del gobierno, pero también en contra todo el sistema político y económico. No persiguen apoyar a un candidato en específico, sino que apuntan a cambios más profundos que una simple elección.

Por lo anterior, es que los sucesivos anuncios presidenciales, no han logrado sofocar la movilización social. Tampoco lo ha hecho, la represión sistemática de protestas pacíficas, golpizas, balaceras, con resultado de muertos y heridos graves.

Las personas que he visto en las marchas por todo el país, son en su mayoría  menores de 30 años. Son una generación que nació en libertad, nació en democracia. No tiene los temores ni los recuerdos macabros, de la generación que tuvo que enfrentar la dictadura. Por lo mismo son personas que nadie va a poder someter por la fuerza, ni con la represión. Esto aún no lo comprenden las autoridades.

Somos un país de paz. Es nuestro orgullo y nuestro privilegio. Para que esta paz, que tanto nos costó conquistar, vaya acompañada de grados crecientes de igualdad, se va a requerir esfuerzos consistentes y concretos, para un dialogo amplio de toda la ciudadanía. Es una tarea de valorización de la vida cívica, se trata de reconstituir los lazos que nos unen en sociedad. Es algo que va más allá del cambio de gobierno.

Debemos entender, que el sistema donde las decisiones las tomaban unos pocos incumbentes, ya no existe más. Que la legitimidad de nuestra democracia se juega en la participación masiva, también en los procesos eleccionarios. Ejercer nuestros derechos políticos, lleva consigo cumplir con nuestros deberes cívicos también.

El voto obligatorio, la presentación por el ejecutivo de proyecto de plebiscito para una asamblea constituyente, retirar proyecto de reforma tributaria, separar incremento del pilar solidario del proyecto de pensiones, patrocinar el proyecto de las 40 horas. Son sólo algunos mínimos imprescindibles. No es lo suficiente, es lo mínimo.

La sanción ejemplar a quienes han violado los DDHH durante el estado de emergencia, es tan importante como condenar la violencia, que un puñado de delincuentes trató de instalar sin éxito en la protesta social.

Desconozco si la protesta social, se va a detener sólo tomando estas decisiones.

El inicio de encuentros ciudadanos, de cabildos, son fundamentales para dar cauce al torrente de peticiones, y demandas sociales. La sociedad civil los puede realizar de inmediato, más allá de los mecanismos institucionales que se establezcan, para discutir una nueva constitución.

Amigos y amigas, de octubre de 1988, a octubre de 2019, hemos avanzado bastante como país. Pero como sociedad, unos han ido más rápido y más lejos que otros que se han quedado retrasados, o se han detenido. Es una deuda grande de la que tenemos que hacernos cargo.

Soy Ernesto Sepúlveda, y espero que nos dejen vivir en paz, que podamos decidir nuestro propio destino, sin armas apuntando, con nuestras legítimas diferencias, pero unidos en el sueño de un mundo mejor.

 Punta Arenas, lunes 28 de octubre 2019.-