Diputada Amar valora avance de proyecto que aumenta sanciones a quienes incumplan con el pago de las pensiones de alimentos

Además de destacar la creación de un Registro Nacional de Deudores, la legisladora junto a su par Álvaro Carter, anunciaron la presentación de una iniciativa legal para que el Estado asegure la entrega de recursos a las familias más vulnerables y luego se encargue de perseguir a los adultos que no cumplen con sus responsabilidades.

Como una “deuda” con miles de niños y sus madres calificó la Diputada Sandra Amar, el avance del proyecto de ley que establece una serie de sanciones a quienes no cumplan con las pensiones de alimentos decretadas por un tribunal de familia, además de crear un Registro Nacional de todos los deudores, considerando que alrededor de un 84% de los alimentantes se encuentran atrasados con los pagos.

Al respecto, la diputada Amar señaló que “las pensiones de alimentos son un derecho que tienen todos los niños y niñas de nuestro país, pero sólo un 16% de los padres cumple de manera oportuna con el pago”. “Nadie pone en duda la posibilidad de retrasar el pago; el problema es cuando ese atraso se transforma en meses o años, provocando que las madres no puedan alimentar a sus hijos ni pagarle una escolaridad o la movilización. Por lo mismo, con este proyecto, que va a ser una marca permanente para quienes no comprendieron cuáles son sus obligaciones, se está haciendo justicia con miles y miles de madres”.

La legisladora valoró también que el proyecto de ley tipifique el incumplimiento del pago de las pensiones como un acto de violencia intrafamiliar, señalando que “lo que viven aquellas familias que se ven privadas de tener los recursos necesarios para darle un techo, alimento y vestimenta a sus hijos es precisamente una violencia económica”.

En ese mismo sentido, la diputada Sandra Amar junto al diputado Álvaro Carter anunciaron la presentación de un proyecto de ley que crea un Fondo Nacional de Pensiones -con aportes fiscales- que asegure la entrega de recursos a las familias más vulnerables en caso de que alguno de los padres no pague a tiempo la pensión de alimentos.

“Es el Estado el que tiene que hacerse parte y garantizar el pago de las pensiones, y luego perseguir al deudor para recuperar esos recursos. Este proyecto que endurece las penas y sanciones a los ‘papitos corazón’ que no quieren cumplir con sus responsabilidades es un avance, pero no es suficiente. Por lo tanto, debemos garantizar que la irresponsabilidad de muchos no termine afectando los derechos de los niños”, sostuvo el diputado Carter.