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viernes 7 mayo 2021
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“La Constitución no es letra muerta y su texto puede cambiar totalmente la realidad”: Margarita Makuc, doctora en Linguistica

 

La académica -con más de 25 años de trayectoria en Magallanes-, sostiene que escribir la nueva constitución es el primer paso para mejorar nuestras condiciones de vida, hacerla inclusiva, participativa, y asegurar derechos sociales básicos que hoy son un negocio lucrativo para un sector de la sociedad y que están amparados en la Constitución de 1980, texto escrito y pensado entre cuatro paredes para beneficiar a unos pocos. “El Estado no puede desentenderse de su responsabilidad”, precisa tajante.

“Hoy, una élite minoritaria impone sus intereses, lucrando con los derechos de una amplia mayoría que debe día a día enfrentar sus necesidades a un alto costo y con un endeudamiento insostenible. La evidencia más cercana de ello es que cinco familias han aumentado sus riquezas en un 70% durante la pandemia en medio de la crisis social que afecta a la mayoría de los chilenos, estos hechos son un insulto a la dignidad de las personas y de una injusticia inaceptable”.

Margarita Makuc Sierralta, apenas tenía 17 años cuando ingresó a la universidad y era el orgullo de su padre obrero del calzado y madre trabajadora en casas particulares. La primera universitaria y la representante de la extensión de los sueños familiares.  Ese día, la delgada estudiante tuvo el gesto de arreglar su pelo, antes de entregar el carné y dar inicio a lo que hasta ese momento pensaba que sería sólo una rutina burocrática para cursar el segundo año de Pedagogía en Castellano y Licenciatura en Literatura.

Otros 115 mil estudiantes vivían una situación similar en distintas carreras y universidades del país.

Para poder seguir estudiando tiene que firmar este pagaré sorprendió en tono firme la administrativa, mientras extendía el papel que en pequeñas letras sentenciaba el monto total de cuatro años restantes de carrera.   

Así el texto de la Constitución de Pinochet, recién estrenado, cambiaba en 1981 para siempre el rostro de la educación chilena y transformaba los derechos fundamentales -como la educación- en bienes de consumo, transables y regulados por el mercado.

Ese día está grabado en la memoria de Margarita Makuc Sierralta. Ahí entendió que el texto constitucional no es letra muerta y puede cambiar totalmente la realidad.

“Un año antes existía el arancel diferenciado, uno pagaba de acuerdo a los sueldos de los padres, yo contaba con gratuidad.  Firmé y esa deuda de 4 años de carrera, la pagué durante los doce años siguientes. Podemos ver que un texto jurídico, como es la Constitución, impacta la vida de las personas para bien o para mal. En otras palabras, el lenguaje construye realidad”, dice Margarita Makuc, candidata a Constituyente por Magallanes.

En 1982, el efecto que asfixió a estudiantes y miles de familias no apareció en los medios de comunicación oficiales de la época.  A la fecha, y por distintas vías, miles de estudiantes y familias siguen endeudándose, en una trayectoria de intereses ascendentes.

En tanto, viviendas, pensiones, salud, vulneraciones al derecho a informar y comunicar libremente son otras historias diarias “amparadas en la constitución”. Todos estos efectos, son tan tóxicos como cotidianos y frenan el bienestar ciudadano. Un ejemplo reciente es la acción del Tribunal Constitucional -invocado por el Presidente Piñera-, para para frenar otro retiro del 10% de los ahorros previsionales de los y las trabajadoras chilenas, indicó Makuc.

“Hay una trampa en el lenguaje de la constitución que logró disfrazar derechos por bienes de consumo y hoy vivimos en un país privatizado que beneficia a un pequeño sector de la sociedad. De ahí que no da lo mismo quién redacte la nueva carta magna. Los ciudadanos debemos poner una especial atención a lo que se exprese en la nueva constitución, más aún en materia de derechos, pues desde el propio texto se puede provocar el gran cambio que requerimos, tanto en educación, salud, pensiones, vivienda, derecho a la información y la comunicación”, explica. 

Necesaria biografía

Un breve resumen de su trayectoria diría que el año 1996 llegó, ya con un magíster, a la región, a trabajar, primero al colegio Británico y luego a la Universidad de Magallanes. Más tarde hizo el doctorado en Lingüística en la Universidad Católica de Valparaíso. Y actualmente es directora de Postgrado de la universidad y trabaja en el fortalecimiento de la investigación y la formación de futuros investigadores mediante  programas de Magíster y Doctorados. Paralelamente ha continuado en la línea de investigación, la docencia y la gestión complementada con la participación como evaluadora de programas y proyectos en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el Consejo Nacional de Educación (CNE) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Entre los años 2014 y 2018 fue seremi de Educación de Magallanes y logró iniciar el proceso de gratuidad en la educación superior (más de 3 mil estudiantes de la región), implementar la Ley de Inclusión, que termina con el co-pago de las familias y con la selección arbitraria de los niños, niñas y jóvenes; y en Educación Técnico Profesional entregó el proyecto para construir el primer Centro de Formación Técnico (CFT) público y estatal en Tierra del Fuego (hoy en pleno funcionamiento).

–       ¿Cuál es su interés de participar en la Convención Constitucional como Constituyente?

“Si doy este paso es porque estoy integralmente comprometida y preparada para representar los intereses de todos los magallánicos y magallánicas que hemos experimentado el centralismo y la desigualdad de oportunidades para desarrollarnos en la vida”.

Salud, pensiones, educación, vivienda y trabajo son derechos humanos fundamentales que hoy funcionan en Chile  bajo una lógica de mercado establecida en la constitución de 1980.  La historia lleva más de 41 años, generando desigualdad de oportunidades y desprotección en los hitos más importantes de la vida.  De ahí que recuperar los derechos sea un acto de justicia que está ligado estrechamente al rol del Estado en pos de asegurar una vida digna a todas y todos”.

Makuc enfatiza en la importancia de posicionar a las regiones y asegura que Magallanes por geografía, distancia e historia, tiene mucho qué decir: “Sabemos bien lo que es sufrir la desigualdad geográfica y el centralismo. De ahí que la nueva Constitución sea una oportunidad para alcanzar el desarrollo territorial y social. Juntos debemos superar la desigualdad geográfica que nos afecta cada día, restando oportunidades al futuro de nuestros hijos e hijas”.

–       ¿En el caso de la educación, cuál es el efecto concreto de la actual constitución?

“La Constitución de 1980 quiebra la tradición de educación pública y exime al Estado de la obligatoriedad de educar. En cambio, traspasa el deber a las familias y a su capacidad de pago, diluyendo con ello el derecho de cada ciudadano a ser educado.  En otras palabras, el derecho de cada sujeto y el deber del Estado se subsumen en una unidad de consumo: la familia.  El Estado debe garantizar que este derecho se materialice fortaleciendo un sistema educacional público y gratuito desde la educación inicial hasta la universitaria, este sistema debiera estar organizado en función de asegurar las trayectorias educativas de los estudiantes en todo el país, el MINEDUC debiera recuperar su rol respecto de la educación pública.

En términos teóricos, este cambio permite observar  una ruptura conceptual de la Constitución de 1980 con los textos constitucionales anteriores, pues transita del  énfasis en la obligación preferente del Estado al deber de la familia. Una nueva lógica que deja al Estado sólo con la obligación de financiar parcial e indirectamente, vía municipalización, un sistema gratuito en educación preescolar, básica y secundaria, la educación superior ya no será más deber del Estado”.  

–       Hoy en día los partidos políticos viven un tremendo desprestigio, ¿cuál es la explicación?

“El desprestigio de los partidos políticos tiene que ver, desde mi punto de vista, con la pertenencia a una elite que se reproduce en todas las dimensiones de la vida: social, política, económica, educacional, comunicacional, etc. La desigualdad en Chile muestra que el poder económico y político no representa a la gran mayoría que vive problemas graves de salud, de pensiones, de vivienda, porque no vive esa realidad, no la entiende, no empatiza, ni se compromete con transformaciones profundas porque no es «su» problema. La desigualdad también se expresa en la participación política de los ciudadanos común y corrientes, porque no hay confianza”.

Makuc valora el interés de participar y la fuerza del movimiento popular actual por cambiar la realidad. “Las protestas de octubre 2019  canalizaron un descontento generalizado, millones de ciudadanos marcharon exigiendo no sólo igualdad de derechos y oportunidades, sino principalmente “dignidad”, pues la experiencia generalizada en nuestro país es que a mayor ingreso mejor trato, mayor acceso a  la justicia, a la salud, a la educación, a jubilaciones dignas.  Un Estado ausente que no garantiza los derechos sociales, que son necesidades básicas de los seres humanos, frente a los cuales todos somos iguales y merecemos acceder a ellos sin importar nuestro ingreso  En definitiva una elite minoritaria que impone sus intereses, lucrando con los derechos de una amplia mayoría que debe día a día enfrentar sus necesidades a un alto costo y con un endeudamiento insostenible. La evidencia más cercana de ello es que 5 familias han aumentado sus riquezas en un 70% durante la pandemia en medio de la crisis social que afecta  a la mayoría de los chilenos, estos hechos son un insulto a la dignidad de las personas y de una injusticia inaceptable”.

Hoy, cuando hay una fila larga de personas que quieren ser constituyentes y mejorar la constitución, en muchos casos, con argumentos llenos de cliché, Makuc advierte que es esencial estar “atentos a qué sector representan y cuál es el rol que asignan al Estado para asegurar los derechos sociales que reclama la ciudadanía y que reflejen los intereses de los sectores populares que se manifestaron en el Estallido Social de octubre del 2019”. 

De igual forma propone que “todas las deliberaciones de la convención constituyente sean a puertas abiertas y de cara al pueblo, con espacios  de consulta y participación de la ciudadanía durante el proceso constituyente a través de cabildos ciudadanos. Y que existan una rendición de cuentas del constituyente de cara a la ciudadanía.