Defensora Penal Pública Gustava Aguilar presentó Cuenta Anual 2021
En un encuentro de trabajo con la prensa, esta mañana de miércoles 29 de diciembre, la Defensora Penal Pública Regional de Magallanes Gustava Aguilar Moraga dió cuenta de la labor de dicho organismo durante el año 2021 y de las tareas pendientes para 2022.
La Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena se instaló el 16 de diciembre del año 2002 con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la región más austral del país, cubriendo las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.
En la cuenta anual 2021 se observó una disminución en el número y porcentaje de casos ingresados a la Defensoría durante el presente año, en relación con el año 2020, en todos los tipos de delitos que tratan los tribunales.
En cuanto a las expectativas que la DPP tiene respecto del proceso constituyente la Defensora Penal Regional Gustava Aguilar señaló que «nosotros tenemos nuestra expectativa como institución en cuanto a autonomía en que en la nueva Constitución esté consagrada la autonomía de la Defensoría Penal Pública. Nos parece que en un Estado democrático como es el nuestro debe existir un justo equilibrio así como existe un Ministerio Público autónomo, como órgano persecutor y existe un poder judicial autónomo, también debe existir una institución como es la Defensoría Penal Pública que sea autónoma; es una forma de asegurarles a todos los ciudadanos la igualdad ante la ley y llevar a tener efectivamente la asistencia jurídica eficaz, efectiva que se merecen.»
Informó Gustava Aguilar que la Defensoría Penal entregó una propuesta sobre esta materia a la Convención Constitucional después de reunirse con los convencionales por Magallanes Mauricio Daza y Elisa Giustinianovich.
Le Defensora Penal destacó los reconocimientos recibidos por funcionarios de dicha repartición a nivel regional y nacional y puso de relieve la importancia del proyecto de autonomía legal y constitucional que se pretende obtener, especialmente en el marco del proceso constituyente, apuntando a la fijación de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública en la futura nueva Constitución.
