Organizaciones de migrantes denuncian caso de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, a quienes se les negó el ingreso a Chile para reunificación familiar

Familias migrantes, junto a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, CIJYS, y el apoyo de distintas organizaciones antirracistas, argumentaron en una carta entregada al Servicio Nacional de Migraciones, Sermig, el desconocimiento de estándares internacionales de derechos humanos, así como el vicio normativo, regulatorio y administrativo, en el caso de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, a quienes se les negó el ingreso a Chile, el pasado 14 de marzo. 

En la misiva (23 de marzo), explicaron que los NNA, contaban con visas de reunificación familiar otorgadas por el estado chileno, pero fueron devueltos por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez, “en razón del vencimiento del plazo perentorio de 90 días que se les exige para hacer ingreso, luego de expedida la visa”.

“El imponer un plazo de 90 días para que las personas ingresen y puedan poner en aplicación y vigencia la visa de reunificación familiar es absolutamente innecesario. No toma en cuenta que las personas no puedan viajar oportunamente desde su país de origen hacia Chile por razones por completo ajenas a su voluntad”, justificaron en la carta.

De esta manera, acompañando a Esmeralda Joseph y Yaqueline Jean, familiares de los niños devueltos, David Antoine, vocero de la organización Comunidad Haitiana en Chile, manifestó: “Fueron más de 10 niños los que fueron embarcados, por ende, estamos apelando a la empatía y solidaridad, por la crisis que estamos viviendo (Haití)… Estoy con algunas de las familias con quienes entregamos la carta, marcando la forma en que creemos que debió hacerse todo, y solicitamos una audiencia para expresarnos y hablar cara a cara, para llegar a un acuerdo. Y no es solo por estos niños, sino por los que van a venir, porque se va a seguir repitiendo, por la situación sociopolítica que vive nuestro país. No tenemos vuelo comercial hacia allá y ya hay incluso abusos…” 

Entre las organizaciones que apoyaron esta acción se encontraba la Corporación Colectivo sin Fronteras, cuya directora Patricia Loredo, indicó: “en todos los procedimientos que han tenido en este lamentable hecho no se han resguardo los derechos humanos de niños y niñas, ni la normativa internacional, ni la propia constitución chilena, ni otras vigentes en el país… Debieron tener como mínimo un ingreso condicional al país hasta poder resolver su situación administrativa puntual… Se puede establecer un protocolo claro donde los distintos actores podrían tener las responsabilidades, y que se guíe por garantizar efectivamente los DDHH de todas las niñeces que pisan territorio chileno”. 

También acudió al lugar, Paola Palacios, activista del Kilombo Negrocentricxs, quien expresó: “estamos denunciando las grandes violaciones de derechos humanos. Se están pasando por encima de las convenciones internacionales de la niñez… ¿Cuáles son los niños que nos importan? ¿Cuándo los niños son negros y extranjeros no importan a nadie?  Vamos a seguir movimiento esta situación hasta que haya una solución, porque las decisiones administrativas tienen que tener criterios claros y humanitarios. 

Vale decir que las organizaciones que acompañaron la entrega de la carta, se han pronunciado anteriormente denunciando el racismo estructural que se evidencia en las instituciones, y para estas circunstancias, en la carta se puede leer: “todo este escenario sin tener en cuenta las afectaciones contra las personas afrodescendientes. Nuestros pedidos y acciones constantes como personas afrodescendientes no son escuchados por los diversos actores políticos del Estado, organizaciones de Derechos Humanos ni por el sistema de Naciones Unidas que hasta la fecha no implementa acciones concretas con perspectiva étnico racial, ni con enfoque interseccional”.

Así, solidarizando con este caso, Patricia Castillo, de la organización colombiana Invisibles por la Paz, destacó: “queremos hacer un llamado a todas las personas y comunidad en general que acompañen este tipo de acciones… Es importante que nos acompañen, porque cuando hay actos de racismo la gente se indigna, pero con acciones concretas no nos apoyan”. 

Luego de dirigir esta carta al Sermig, las familias y las organizaciones firmantes esperan una respuesta de este organismo, aunque desde que ocurrieron los hechos, ya se han levantado otras declaraciones y cuestionamientos, como la misiva enviada por el Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Migraciones, el pasado 16 de marzo, solicitando información sobre la “posible deportación colectiva de niños y niñas migrantes”, en relación al mismo caso.

Otro dato a considerar en este contexto, puede leerse en el informe final de la Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras (2021 – 2022), desarrollada entre el Colectivo sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, refiriéndose a la vulneración de derechos de personas en contexto de movilidad humana, y la necesidad de protección de la unidad familiar. 

“La regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes migrantes es la base para su protección dentro de los países de acogida; sin embargo, dentro de los mecanismos para la regularización que establecen los diferentes países -entre ellos Chile- se contemplan requisitos que, en gran parte de los casos, son difíciles o imposibles de cumplir en los plazos que además se estipulan para ello”, indica el informe mencionado, entre sus conclusiones 

Según el Servicio Nacional de Migraciones, y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en Chile la comunidad haitiana es de 180.272 personas, ocupando el tercer lugar y representando el 12,2% de la población total extranjera en el país, la cual al 31 de diciembre del 2021 llegaba casi a 1,5 millones.