Conflicto salmonero en Magallanes: denuncian ilícitos, mentiras y chantajes

·         Desde la Patagonia Austral el conflicto de una transnacional salmonera con amplio prontuario genera repercusión nacional.

·         Desde los territorios de Magallanes, en medio de un conflicto al rojo vivo relacionado a los intereses de Nova Austral, vocerías desde organizaciones y comunidades indígenas, señalan que el único responsable es la empresa transnacional.

Sectores políticos – empresariales han puesto con alarmismo en el tapete público en las últimas semanas que, los procedimientos sancionatorios de los organismos públicos competentes ante irregularidades de la empresa en centros de producción, podría generar una masiva cesantía exigiendo al ejecutivo que resuelva, sin embargo, los hechos sancionatorios recaen en tres centros de producción de unos 31 que tendría la empresa Nova Austral.

Nova Austral y la vulneración de la normativa chilena

El medio regional “La Prensa Austral”, en una reciente publicación, fue categórico en explicar la situación de la transnacional: “La situación que enfrenta Nova Austral ha ido degenerando y lo primero que se debe declarar es que esto es sólo responsabilidad de sus ejecutivos. Sobreproducción, falseamiento de informes de producción y de mortandad, daños al ecosistema, así como otra serie de contravenciones a la ley medioambiental fueron parte de una administración irresponsable”.

Los ilícitos e irregularidades de la empresa, han conllevado a una serie de procesos en el Tribunal Ambiental, el Consejo de Defensa del Estado y la superintendencia del Medio Ambiente, agregándose sanciones millonarias y otras medidas administrativas que hoy restringen las operaciones en algunos de sus centros productivos.

Paradójicamente, un Senador de la República en la circunscripción de Magallanes, Alejandro Kusanovic, hizo un llamado a golpear la mesa del gobierno, y llamó a tomar acciones contrarias a la propia normativa. Entre las medidas requeridas, que no se le revoquen las Resoluciones de Calificación Ambiental de los centros de cultivo sancionados; que se le permita llevar a cabo la relocalización de sus concesiones en los sectores acordados como áreas aptas para la acuicultura y, “también hay que liberar las platas retenidas, que son como siete mil millones de pesos, de la Ley Navarino.”, dijo el parlamentario.

Vocerías desde comunidades y organizaciones

Leticia Caro, de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, señala: “Lo que sucede con Nova Austral deja en claro que no han dejado de falsear información con respecto a los centros de cultivo y su operatividad, sin embargo, lo lastimoso es que echan a la suerte la necesidad de sus trabajadores creando incertidumbre y en el camino culpando a otros por las faltas reiteradas que ya se les son conocidas”.

Agrega: “Asimismo hemos visto como senadores y autoridades regionales han propiciado una suerte de salvataje, olvidando las múltiples infracciones, multas y  juicios que están en curso, entonces no queda claro si las leyes establecidas son para cumplirlas o simplemente como ha sido en el pasado para echarlas a la suerte del lobby político que bastante mal le ha hecho a los territorios en sacrificio”.

La dirigente de la Comunidad Kawésqar, advierte: “Nova Austral no es un caso aislado pues también tenemos la situación de Australis y la sobreproducción, dónde aún no se abre un proceso sancionatorio”.

  Por su parte, desde Porvenir, Alejandro Núñez de la Fundación Ciudadanos y Clima, declaró: “Parece que se nos olvida que esta empresa ha cometido delitos ambientales, de alguna forma a faltado a las normativas chilenas con respecto a la sobreproducción de salmones”, agregando que también existen antecedentes de maltrato laboral.

Igualmente comenta: “Con respecto a la situación laboral que ha estado en la palestra, Núñez señala: “Cuando vemos estas marchas, estos temas de protesta, lo que uno ve, es que se hacen caravanas con los mismos trabajadores, con sus familias, me imagino que también de alguna manera protegen su trabajo, pero lo que nos han enseñado el tema de las empresas que, cometen delitos ambientales, es que al comienzo hay una enemistad con el gobierno, que terminan culpando al presidente, sobre una culpa que es de la empresa (…) Los que tienen las responsabilidad, son los ejecutivos de las empresas, no el gobierno, no la comunidad, entonces, de alguna manera acá hay una responsabilidad que es de esta empresa”.

Sobre el rol de las organizaciones y comunidades defensoras ambientales, Alejandro Nuñez indica: “El ambientalismo también de una manera lo que busca es preocuparse de los trabajadores, del futuro de las comunidades, y que de alguna forma las cosas se hagan bien. De repente hay un error en el concepto, vemos que estas industrias contaminan, provocan conflictos sociales, dejan gente cesante, se van de los territorios y se van a otras regiones y vemos como los trabajadores que en un momento están en contra de las personas que queremos cuidar el ambiente, el territorio, después terminan juntos demandando a la empresa para poder recuperar parte de sus empleos, de sus fondos, de su trabajo”.

La urgencia de regularizar a la industria en impactos ambientales y derechos laborales

Alejandro Nuñez señala: “Nosotros creemos que tiene que haber un tema relacionado con modificación y regulación y allí hay un tema de culpabilidad de la institucionalidad del Estado de Chile y entre esto, existe poca fiscalización por parte de los organismos competentes, que debe compensarse en el tiempo. También debe efectuarse estudio de impacto ambiental donde realmente se proteja a los trabajadores con respecto a qué sucede cuando estas empresas no cumplen con lo que tienen que hacer y dejan a los trabajadores y trabajadoras cesantes”.

También indica: “Siento que acá de alguna manera pareciera que existe un ruido que se está haciendo y se utiliza a los trabajadores para que se les perdone una multa que viene de alguna manera por el Tribunal Ambiental de Valdivia que reconoce que hay un impacto ambiental y que estaría incumpliendo esta normativa”.       

El integrante de la Fundación Ciudadanos y Clima, finaliza: “Creemos que es urgente trabajar en una transición justa con el tema de los trabajadores si es que llegase esta empresa a querer cerrar, pero no vemos que sea tan así, y de alguna manera también rescato las palabras de la diputada Morales que vemos cómo también ella hace hincapié de que la culpa aquí son de las empresas”.