Presidencialismo o parlamentarismo, el dilema del sistema político moderno | Opinión

Chile ha vivido en sus más de 200 años de historia política, bajo un régimen presidencial, como lo establecieron sucesivamente las Constituciones de 1818, 1833, 1925 y 1980.

Presidencialismo democrático o presidencialismo autoritario durante la dictadura, el régimen político presidencial recae en la Presidencia de la República las atribuciones fundamentales para gobernar, legislar y administrar el país.

En un régimen político presidencial, como en EEUU, en Argentina, en Brasil, en Francia o en Chile, la designación de los ministros es una atribución exclusiva del Presidente de la República, de donde se deduce que los ministros no dependen de la mayoría circunstancial que prevalece en el Parlamento, sino de la confianza del Presidente de la República, confianza que puede ser revocada en cualquier momento.
De hecho, las renuncias de los Ministros son meros procedimientos formales, que funcionan de dos maneras: o el Presidente le pide la renuncia al Ministro o el Ministro presenta su renuncia al Presidente, una sutil formalidad que en la práctica conduce a un cambio de Ministro o una modificación en el Gabinete.

Corresponde al Presidente en ejercicio y al Ministro en funciones ponderar adecuada y oportunamente, cuándo y en qué escenario, su cargo y su permanencia en el cargo, favorece o dificulta al ejercicio de la función gubernamental y al cumplimiento del programa comprometido con la ciudadanía. Este es un ejercicio de realismo y de política pura.

En cambio, en los regímenes parlamentarios, como en Inglaterra, en Alemania, en Italia o en España, el gobernante o Primer Ministro, depende de la mayoría política que éste dispone en el Congreso o Parlamento. El Primer Ministro surge de la mayoría parlamentaria y el Presidente o el Rey, solo ratifica lo acordado por el Parlamento. Cuando el Primer Ministro pierde la mayoría de que dispone en el Congreso, debe llamarse a nuevas elecciones parlamentarias.

Ahora bien, en el dilema entre presidencialismo y el parlamentarismo, se ha jugado históricamente el destino político de Chile. El parlamentarismo de facto que surgió en Chile después de la caída del Director Supremo Bernardo O’Higgins en 1823, condujo a la crisis entre pipiolos y pelucones y a la guerra civil y concluyó en la Constitución de 1833.

La Constitución portaliana de 1833 estableció un presidencialismo rígido que duró hasta después de la Guerra del Pacifico, cuando las divisiones y conflictos entre liberales y conservadores, los oligarcas que gobernaban Chile, condujeron a un parlamentarismo de facto que culminó en la guerra civil de 1891 y el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda.

En 1891, los partidarios del régimen parlamentario, las fuerzas conservadoras y la Armada de Chile se sublevaron contra el Presidente de las República, y Balmaceda fue apoyado por las fuerzas partidarias del presidencialismo, los liberales y el Ejército.

Desde 1970 en adelante, el conflicto entre el Congreso Nacional, de mayoría política opositora y el Presidente Salvador Allende condujo a una serie de maniobras parlamentarias para hacer renunciar a los Ministros y el Presidente cambiaba de cargos a los Ministros para mantener su Gabinete. Hasta 1973 el conflicto entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República fue uno de los factores que impulsaron la crisis institucional y el quiebre de la democracia ejecutado por los militares y la oligarquía empresarial.

Uno de los factores que impulsaron la crisis política en aquel entonces, fue la extrema fragmentación de partidos y sectores políticos en el Congreso, dificultando el diálogo y la construcción de acuerdos. Negativo fue también el efecto disolvente de los grupos, tendencias y egos personales al interior de la coalición gobernante y de los partidos que apoyaban al Presidente, generando un cuadro de dispersión y de rencillas políticas permanentes.

Presionar desde el Congreso para que renuncien los Ministros, en un régimen presidencial como el chileno, es una mala señal para la democracia, porque las instituciones se desvían de sus atribuciones, los parlamentarios pierden su tiempo en discusiones políticas, se legisla «tarde, mal o nunca», predomina el fanatismo ideológico, el diálogo se dificulta ante los frecuentes excesos de extremismo verbal y el gobierno encuentra solo obstáculos para ejercer sus funciones y cumplir su programa, tratando de satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos, en un cuadro de volatilidad política.

En democracia, el gobierno debe gobernar y el parlamento debe legislar. El chantaje es una herramienta que empobrece la calidad de la política y rebaja y desprestigia aun más la imagen pública del Congreso y de los parlamentarios.

Manuel Luis Rodríguez U.

Fundación Latinoamericana de Política y Prospectiva.