Avanza en la Cámara de Diputados proyecto que mejora la persecución penal
La Comisión de Constitución aprobó, en general y por unanimidad, el proyecto que mejora la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social. (boletín 15661). La norma se encuentra en segundo trámite constitucional y comenzó su debate en esta instancia a mediados de septiembre.
El texto busca establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas. De esta forma, persigue un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia.
Junto a ello, establece normas que permiten acceder a la suspensión condicional, si es que el imputado se somete a tratamiento de rehabilitación de alcohol y/o drogas. Asimismo, dispone la existencia de un procurador común en los casos en que haya uno o más querellantes en un mismo proceso.
Adicionalmente, fija medidas de protección a los fiscales en casos especiales y también establece disposiciones de cooperación eficaz.
La comisión acordó fijar como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 2 de octubre. En esta fecha también comenzará el análisis y votación de los artículos de la norma.
Debate sobre persecución penal
Previo a la votación del proyecto sobre persecución penal expuso el fiscal nacional, Ángel Valencia. En su intervención, destacó las modificaciones que se incluyen en la norma en discusión como “trascendentales” para el quehacer institucional. Aseguró que su contenido entrega más herramientas para enfrentar la criminalidad organizada y también de carácter internacional.
El fiscal se refirió a tres temas vinculados al proyecto. El primero de ellos fue la nueva regulación propuesta en materia de reincidencia. Aquí valoró que fuera regulada de forma más sistemática con el estatuto de agravación especial. Esto promueve que las y los jueces impongan sanciones mayores en este tipo de casos.
En segundo lugar, valoró las medidas de protección de las y los fiscales contempladas, pero señaló que aún son insuficientes. Por ejemplo, en el caso de las que permiten el anonimato de los fiscales en el desarrollo de los procesos, planteó que éstas deben ser dictadas por el fiscal regional y no por vía jurisdiccional.
Finalmente, enfatizó en la necesidad de mejorar las normas vinculadas a la cooperación eficaz. A su juicio, en la actualidad, éstas se encuentran “obsoletas” en relación con la nueva criminalidad.
Por parte de la PDI, de igual modo se planteó la necesidad de entregar mayores protecciones a las y los agentes encubiertos o reveladores. Sin embargo, desde la Defensoría alertaron que esta medida debe ser regulada sobre la base de casos justificados. Particularmente, consideran que esto afecta en el desarrollo del proceso judicial.
