Alcalde de Porvenir José Gabriel Parada se mostró conforme tras fallo de la Corte de Apelaciones por contratación de abogado

Finalmente, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras quien representa a la empresa de asesoría jurídica en contra de la Contraloría Regional, estimándose que lo expuesto por el ente fiscalizador se trató de una cuestión arbitraria y sin fundamento jurídico.

Los tres dictámenes emitidos por la Contraloría Regional quedarían sin efecto luego de la decisión que tomó la Corte de Apelaciones acogiendo un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras.

Cabe destacar que a través de dichos dictámenes se le había ordenado a la Municipalidad de Porvenir que las funciones realizadas por los Servicios Jurídicos de Carlos Contreras Quintana y Compañía Limitada debían ser desempeñadas por personal municipal y no por terceros.

En este sentido, el alcalde de Porvenir José Gabriel Parada, se pronunció al respecto y fundamentalmente en contra de las declaraciones que el concejal Carlos Soto realizó tanto en ámbitos públicos como privados señalando la existencia de irregularidades y que el contrato no cumplía con los estándares de probidad.

“El concejal Soto realizó aseveraciones que no se ajustaban a la realidad, dejando entrever su desconocimiento de la función municipal y pública. En tal sentido, trató de hacer un circo con esta situación dañando mi imagen como alcalde y la de la empresa de asesorías jurídicas. Entonces, le pregunto a Soto, ¿fue ignorancia o mala fe? Porque la Corte de Apelaciones echó por tierra todo lo que usted ha pregonado en los últimos tiempos. Aquí el contrato fue bien hecho, no hubo ninguna situación anómala”, manifestó el jefe comunal.

Vale la pena señalar que entre los argumentos que se plantearon en el informe de Contraloría se encontraba la disposición que obliga a los alcaldes a contratar un profesional bajo la modalidad de concurso o a contrata, interviniendo directamente su autonomía para la administración de recursos, transgrediendo un derecho de la administración municipal.

Por su parte, Parada explicó que “en la construcción de la planta durante 2017-2018, la municipalidad no dejó consignada la asesoría jurídica ni tampoco un abogado, por lo cual no era posible llamar a concurso. El contrato que tuvimos estos últimos dos años nos daba la seguridad no solo en los trámites jurídicos y administrativos, sino también en los litigios”. Sin embargo, producto de esta observación de la Contraloría se tuvo que contratar asesorías jurídicas y servicios de litigios por separado, lo que significó un aumento en los costos.

De esta manera, a partir de este mes se deberá pagar un sobreprecio por todo lo que significa la asesoría jurídica, que hasta diciembre de 2023 costaba unos 5 millones y que incluía tres abogados y una secretaria. “En este contexto, a partir del reclamo del concejal Soto, para hacer los trámites administrativos/jurídicos necesitamos un abogado, pero para poder litigar necesitamos contratar a otra empresa –que, además, tenga experiencia-, lo que generará costos adicionales que se pudieron haber evitado si en enero el Concejo Municipal no hubiese rechazado la contratación de la asesoría jurídica. El concejal Soto fue el principal responsable de trabar todo este proceso a costa de un mayor gasto de recursos municipales que debieron haberse utilizado en otro tipo de gestión o beneficio para la comunidad”, afirmó el alcalde de Porvenir.