Seguridad e inseguridad en democracia | Los cambios en la delincuencia en América Latina y en Chile
La seguridad y la inseguridad ciudadana en Chile debe ser comprendida a la luz del contexto regional e internacional del crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. Chile limita con uno de los mayores países productores de la materia prima para la cocaina y forma parte de la región latinoamericana, a través de cuyas fronteras circulan carteles y redes del crimen organizado, la corrupción transnacional y el narcotráfico.
La geografía es una de las principales razones por las que América Latina se ha convertido en un punto crítico del crimen global. La región latinoamericana alberga a tres de los mayores productores de cocaína del mundo (Colombia, Perú y Bolivia), así como a los principales puntos de salida para las exportaciones de cocaína hacia Europa y EE. UU., y ha desempeñado un papel clave en los mercados de drogas ilícitas por más de cuatro décadas. Aunque Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes que sustentan el narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que tradicionalmente se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos.
Muchos factores han contribuido al aumento real y percibido de la inseguridad. Los índices sin precedentes de producción de drogas y las nuevas y rentables rutas del narcotráfico, en países como Paraguay, Chile y Argentina, juegan un papel importante. Las dificultades económicas generalizadas en América Latina, que se agudizaron especialmente durante la pandemia de covid19, atrajeron a más personas al crimen organizado. Mientras tanto, la corrupción creciente en América Latina y la debilidad del Estado en el marco de políticas neoliberales, ha permitido el arraigo de toda una serie de mercados ilícitos. Estos mercados no se limitan al narcotráfico: los grupos criminales se dedican al tráfico de personas, robo de combustible, tala de bosques y minería ilegales y extorsión. Algunos grupos y carteles buscan intensificar su influencia sobre los negocios legales y consolidar su control de las comunidades como medio para adquirir nuevos reclutas y simpatizantes, y ampliar su base geográfica.
PANORAMA GENERAL.
1.- Desde mediados de la década del 2010 comenzaron a adquirir mayor relevancia y presencia mediática en Chile un conjunto de fenómenos delictivos complejos, que pueden ser catalogables como nuevas amenazas a la seguridad nacional, tales como el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y la trata de personas. Se trata de fenómenos que, si bien tienen consecuencias al interior de las fronteras del Estado chileno, en un alto porcentaje se originan fuera de ellas, lo que dificulta su abordaje desde una institucionalidad que ha tenido que adaptarse y modernizarse para enfrentar estos nuevos desafíos.
Desde la década de los años de 1980, el crimen organizado y el narcotráfico se han expandido e internacionalizado en América Latina. Puede afirmarse que, en Chile durante la dictadura, con la llegada del narcotráfico, se inició un cambio histórico en la delincuencia y la criminalidad.
Desde los tiempos de la dictadura y anteriores, cuando el crimen estaba principalmente asociado a las condiciones materiales de pobreza y de inequidad social, en el contexto de un capitalismo subdesarrollado y dependiente, el crimen y la delincuencia han evolucionado y han mutado. En los recientes dos decenios, la pobreza y la desigualdad social son una base material y social que hace posible la extensión del narcotráfico, pero ésta forma de crimen organizado alcanza también a los sectores medios y de clase alta. Los territorios que constituyen los mercados del narcotráfico y espacio de acción del crimen organizado se diseminan en toda la escala social, en las grandes metrópolis, en las ciudades de regiones y en las pequeñas localidades de provincia.
En Chile se combina la delincuencia y el crimen a nivel popular, lo que podría denominarse la “delincuencia a pequeña escala”, con la delincuencia denominada de “cuello y corbata” que combina narcotráfico, fraude, tráfico de armas, lavado de activos, evasión y elusión tributaria, desvío de capitales a paraísos fiscales, colusión económica y otras formas “elegantes” de delitos.
La globalización de los intercambios y de los flujos de bienes, capitales y servicios, la gran panacea del neoliberalismo y de la desregulación, ha permitido que la circulación transfronteriza de personas y de productos, traiga a Chile esas empresas capitalistas tentaculares que se denominan carteles de la droga.
Al mismo tiempo, en las décadas recientes se han incrementado distintas modalidades de corrupción en la sociedad chilena, corrupción que amenaza al Estado y sus instituciones. Producto de una herencia proveniente del período de la dictadura, a la corrupción que implica el negocio de las empresas y empresarios para comprar favores y apoyos de parlamentarios y partidos políticos, que denominamos “corrupción dinero-política”, se ha sumado la corrupción creciente en el uso de los recursos fiscales para fines políticos y personales de autoridades (como es el caso de los Alcaldes, en el decenio en curso).
Pero también se ha incrementado en Chile, la penetración corruptiva del narcotráfico y las redes de crimen organizado para cooptar autoridades y funcionarios en distintas instituciones del Estado. La relación entre el Estado y el crimen organizado es meramente instrumental, en la medida que dichas redes pretenden asegurar la circulación de sus ganancias económicas y la impunidad frente a la justicia. La ley y el derecho son los enemigos naturales del crimen organizado y el narcotráfico. El crimen organizado no tiene por objeto enfrentar al Estado, sino principalmente penetrarlo y utilizarlo para instalar su propio poder territorial, con miras a su poder económico y financiero.
Un informe de 2023 de la Fiscalía Nacional señala: “Durante el último tiempo se ha evidenciado en el país un cambio importante en el tipo de criminalidad y en la forma comisiva de los delitos. Entre los principales cambios, destacan: el uso creciente de la violencia mediante armas de fuego; el mayor nivel de sofisticación, planificación y organización de las agrupaciones criminales; la presencia de bandas delictuales que poseen algún tipo de vinculación (con mayor o menor extensión) con organizaciones criminales extranjeras; la proliferación de fenómenos históricamente inusuales en nuestro país, como por ejemplo el sicariato o secuestro extorsivo; y, de modo preocupante, el aumento continuo en la tasa de homicidios. Este último indicador cobra relevancia por dos motivos: en primer lugar, y pese a que Chile ocupa un bajo nivel en la región, el homicidio constituye un parámetro criminológico reconocido para evaluar el nivel de violencia en un territorio. Por otra parte, no sólo se ha registrado un incremento en la tasa de homicidio a nivel nacional, sino también un aumento del porcentaje de imputados desconocido en estos hechos y un alza en el uso de arma de fuego como medio comisivo
Estas características pueden ser consideradas como indicadores propios de la presencia de criminalidad organizada en un territorio.”
EL ESTADO Y EL CRIMEN ORGANIZADO.
2.- La penetración de las redes ilícitas en el Estado, especialmente en América Latina, conduce a una hibridación del Estado y de las estructuras de poder locales y territoriales, donde tienden a mezclarse intereses corporativos, clientelares, personales, políticos y criminales produciendo en consecuencia, un “reblandecimiento” del aparato público estatal.
La cuestión de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional es necesario abordarla desde una perspectiva democrática y de Estado, que reconozca a la ciudadanía, a la población como la principal víctima enfrentada a un clima de inseguridad, acentuado por el rol distorsionador de ciertos medios de comunicación.
El fortalecimiento de la capacidad del Estado para enfrentar los nuevos desafíos delictivos de los decenios recientes, es una tarea estratégica para nuestra democracia. Mientras crece el crimen organizado y el narcotráfico, la democracia se debilita y el Estado se enfrenta al doble desafío de ejercer la plenitud del Estado de Derecho y garantizar las libertades públicas, pero a la vez, de asegurar a la ciudadanía las condiciones de seguridad para sus actividades económicas, sociales y políticas.
Entendemos que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional debe llevarse a cabo respetando plenamente el principio de la soberanía de los Estados nacionales y de conformidad con el Estado de Derecho, en el marco de una respuesta nacional e internacional integral para promover soluciones duraderas mediante la promoción de los derechos humanos y de condiciones socioeconómicas más equitativas, con especial énfasis en las personas, familias, comunidades y territorios víctimas de estos flagelos.
Desde una perspectiva democrática de la seguridad, la cuestión central es el Estado y sus instituciones y la ciudadanía. La defensa y las garantías de seguridad para las personas, las familias, los territorios y las comunidades, son una tarea fundamental del Estado y de sus instituciones. Al mismo tiempo, la acción pública para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado no pueden realizarse a costa de las libertades y derechos de la ciudadanía, sino sobre la base de la participación y protagonismo del pueblo organizado, como un componente coadyuvante de la labor policial, a partir de un clima de confianza y credibilidad entre las policías y la ciudadanía.
La seguridad no es un asunto meramente castrense: es una responsabilidad, un deber cívico y un derecho ciudadano esencial en democracia. El concepto de Estado de Derecho implica al conjunto de la problemática de la seguridad ciudadana y del combate a la delincuencia del crimen organizado y el narcotráfico.
SEGURIDAD CIUDADANA Y NARCO CAPITALISMO.
3.- El narcotráfico y el crimen organizado son un nudo problemático de seguridad ciudadana en nuestro país. En particular, para entender la lógica de funcionamiento de los carteles narco, es necesario asumir que se trata en los hechos, de empresas capitalistas, que funcionan en red con una finalidad de lucro, con bajos costos de producción y enormes tasas de rentabilidad desde la comercialización, que mueven considerables masas de dinero y de capital a través de las fronteras y que se insertan en los territorios y mercados, mediante mecanismos de control a través del crimen organizado, en competencia con las otras empresas-narco es decir, contra los otros carteles.
En la realidad concreta de nuestras sociedades latinoamericanas, narcotráfico y crimen organizado son dos dimensiones de un mismo complejo. El narcotráfico es una forma de crimen organizado y el crimen organizado incluye el narcotráfico como uno de sus negocios principales.
EL PROBLEMA DE LA INTELIGENCIA.
4.- Los nuevos desafíos delictivos que se han implantado en Chile, instalan una interrogante sobre la eficacia de los sistemas de inteligencia policial, de manera de recolectar, analizar y sistematizar información en el territorio nacional y producir la inteligencia necesaria para una toma de decisiones oportuna y eficaz a fin de controlar y reprimir el crimen organizado y el narcotráfico.
Uno de los aspectos principales de la capacidad de inteligencia, es la posibilidad de descubrir la trama de la circulación del dinero narco y de los capitales narco. No se trata solo de descifrar la trayectoria del dinero narco hacia los paraísos fiscales, sino cual es el grado de permeabilidad del sistema bancario nacional -también altamente globalizado e internacionalizado- para que las redes del narco crimen organizado, reciclen el dinero narco en capital narco legalizado.
Los intersticios del capitalismo narco son las redes de circulación de dinero y de capital que, a su vez, aseguran la circulación de las drogas ilícitas y el ejercicio de la corrupción en el Estado, en la administración y en los territorios.
Resulta imprescindible en Chile combinar la inteligencia policial con la inteligencia económica y financiera, como conceptos de política pública y como tareas institucionales. En esa dirección apunta el proyecto de ley de Inteligencia Económica que se encuentra en el Congreso. ( ) Pero, una vez instalado este sistema, las unidades de inteligencia económica y de inteligencia policial requieren de estrechos lazos de coordinación, interoperatividad y de fluidez informacional inter-agencias, para que el conocimiento de estos delitos económicos permita generar acciones policiales concretas para desarticular las redes criminales y bloquear la circulación de esos capitales ilícitos.
DELINCUENCIA, CRIMEN ORGANIZADO Y FABRICACIÓN DEL MIEDO.
5.- La cuestión del rol de los medios de comunicación masiva en la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Chile, es un problema político de importancia estratégica.
Es un hecho evidente que la agenda de la prensa, la agenda política y la agenda de la opinión pública ha estado dominada por la cuestión de la delincuencia y la seguridad, y ha presentado un predominio notorio de un enfoque punitivo, militarizado, dentro de un discurso de la derecha con el propósito de dividir o paralizar al gobierno y en la lógica de ampliar las herramientas de control social y territorial. Pero, detrás de este relato, existe un dispositivo político y comunicacional.
En la retórica de la elite económica y social en Chile, la delincuencia y el terrorismo forman un solo entramado y dentro del terrorismo, se incluyen las distintas formas de expresión, movilización y organización del movimiento popular y de los movimientos sociales. La ideología del llamado “octubrismo”, por ejemplo, es una metáfora ideológica construida por la derecha en la que la manifestación popular y social es una forma de violencia que atentaría contra la seguridad nacional y contra el Estado.
En efecto, en nuestro país, está operando activamente una compleja maquinaria comunicacional e ideológica, para producir miedo en la población, para generar un clima de inseguridad en la opinión pública, con la finalidad política de inducir políticas punitivas y represivas. La fabricación del miedo es un dispositivo basado en la lógica del catastrofismo («el país está en una situación terminal»), la invención de una amenaza interna y externa (el enemigo está en los migrantes), la militarización de la política pública (se necesitan más militares para controlar la delincuencia porque el país está en guerra) y el deterioro del sistema de las fronteras.
Determinados canales de TV difunden y transmiten masivamente hechos delictivos, entrevistan “especialistas y opinólogos”, que generan una burbuja comunicacional destinada a generar en el público auditor una sensación de inseguridad que, a su vez, se autorreproduce en redes sociales y se alimenta con la “evidencia” de ciertas encuestas que esos mismos medios magnifican, replican y repiten.
¿No se transmitían acaso casi en directo los funerales narcos en barrios de Santiago?
La agenda diaria de los grandes canales de TV en Chile, de lunes a sábado, otorgan cobertura predominante a los hechos policiales y de crónica roja, dando motivo para que un reciente estudio del Consejo Nacional de Televisión CNTV, ponga de relieve que la elevada cobertura de ciertos canales de TV respecto de algunos delitos de alta connotación social, contradicen el descenso en las cifras de dichos delitos.
Según este estudio longitudinal del Consejo Nacional de TV, Los temas “policiales” concentran la mayor proporción del tiempo total en noticieros centrales: 21,3%, equivalente a 3.869 minutos. Sobre ese tiempo, 53% se dedica a delitos contra las personas y contra la propiedad, la mitad de estos casos tratan sobre asaltos y robos. Casos judiciales concentran 15% del tiempo total. El narcotráfico y el lavado de dinero abarcan 10% del total del tiempo.
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.
6.- Un aspecto fundamental de la política de seguridad y de la estrategia del Estado para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en Chile, se encuentra en su institucionalidad. El Estado necesita fortalecer y perfeccionar sus sistemas de inteligencia y de operación policial para enfrentar estos fenómenos delictivos.
Postulamos la idea de articular todas las funciones de inteligencia y persecución del crimen organizado y el narcotráfico, en un sistema integrado de inteligencia policial radicado en un organismo especializado inter-institucional de la PDI y Carabineros, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. A su vez, para las tareas de persecución y lucha contra el narcotráfico, postulamos la creación de una policía antidrogas especializada, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, con capacidad operativa en los territorios marítimos, aéreos y terrestres y en el sistema de fronteras.
En síntesis, se requiere de un Estado más fuerte y eficaz para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Ello supone un mayor control a la ruta del dinero y el capital; mayores controles en la gestión administrativa del servicio publico; mayores capacidades fiscalizadoras de las instituciones contraloras; mayor capacidad operativa y de inteligencia de las policías, y más formación ética en todos los niveles del sistema educacional.
Fundación Latinoamericana de Política y Prospectiva | FLAPP Chile.
Magallanes, marzo de 2024.-
