Cámara de Diputados respaldó proyecto que fortalece el cumplimiento tributario

La iniciativa, enviada a segundo trámite, es parte del nuevo Pacto Fiscal. Proyecta acentuar el combate a la evasión y elusión tributaria; fortalecer la institucionalidad fiscalizadora; combatir el narcotráfico y reducir la informalidad. Con la mayor recaudación fiscal se espera financiar un aumento de las pensiones y la inversión en seguridad pública.

Chile presenta tres veces menos cumplimiento tributario respecto de la media de la Unión Europea, por ejemplo, en torno al pago del IVA. De ahí, que el Ejecutivo haya querido enfrentar el problema, incluyendo nuevas regulaciones que se plasman en un proyecto (boletín 16621) aprobado hoy por la Sala de la Cámara y despachado a segundo trámite.

La meta es reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal. Con dichos recursos se espera financiar, principalmente, dos materias:

• Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030.
• Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022). En este marco se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia.

La propuesta, enmarcada en el Plan de Pacto Fiscal, moderniza la administración tributaria (SII, Tesorería y Aduanas). También de los tribunales tributarios y aduaneros y de la Defensoría del Contribuyente. En este plano, se incluye el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, aumento en dotación de personal.

Junto a lo anterior, se avanza en control de la informalidad, especialmente, el de gran escala. Datos aportados en el trámite indican que más de un millón de los microemprendimientos no tienen inicio de actividades en el SII.

Asimismo, se realiza una actualización de los delitos tributarios y se elevan algunas de las sanciones. Entre estos últimos están las correspondientes a la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos. Se suma a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo.

Antielusión

Paralelamente, se busca combatir la planificación tributaria agresiva. En este marco se encuentra la modificación de la norma general antielusiva en dos niveles:

• Se proponen modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma. Así, se regula cuándo y cómo se aplica. Además, se explicita la forma de interacción con las normas especiales antielusión.
• Se explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto.

Otros elementos abordados refieren a una reestructuración de la norma de tasación y reorganizaciones empresariales; calificación de abuso o simulación; tributación internacional (paraísos tributarios); impuesto a la herencia y donaciones; se modifica el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario; y regulación de las obligaciones tributarias (incluye flexibilidad para la suscripción de convenios de pago y un régimen especial para las mipymes).

Modificaciones y efecto fiscal

Durante el trámite realizado en la Comisión de Hacienda, cuyo informe rindió el diputado Agustín Romero (PREP), se introdujeron variadas enmiendas y precisiones a las normas. Gran parte de ellas obedecieron a acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las y los diputados para viabilizar la aprobación de la propuesta.

Entre las materias hay perfeccionamientos a las normas tributarias, por ejemplo, en lo relativo a notificaciones y partes relacionadas. También, en lo referente a donaciones revocables, término de giro, medidas contra la informalidad, devolución del IVA, reclamo de avalúo de bienes raíces, denunciante anónimo tributario, tasación y reorganizaciones, rentas pasivas en el exterior y paraísos tributarios.

Otros cambios apuntaron al secreto bancario (requerirá autorización judicial) y la norma general antielusión. Sobre este último punto, se realizaron precisiones a la carga de prueba de parte del SII y a la intervención del Consejo Asesor Consultivo.

Adicionalmente, se incorporó al sistema de Alta Dirección Pública los cargos de subdirecciones de departamentos. Junto a ello, se formalizan legalmente algunas subdirecciones (ya funcionan) del SII y se crea el Comité de Casos de Interés Institucional.

La iniciativa considera una mayor recaudación fiscal creciente, que va de un 0,59% del PIB, en 2024; a un 1,47% del PIB, en régimen (desde 2027). El aporte más significativo provendrá de grupos empresariales, altos patrimonios y brechas del IVA y comercio informal.

Ahora, este proyecto también contempla gasto. Este se deriva, en especial, por el fortalecimiento institucional en el SII, Aduanas, Tesorería y Defensoría del Contribuyente. En régimen, el gasto fiscal llegará a $81 mil 10 millones. Se debe sumar a este monto $146 millones anuales por remuneraciones del Consejo Asesor Consultivo, tema agregado en el trámite.

Discusión del proyecto de cumplimiento tributario

Participaron Clara Sagardia (IND), Carlos Bianchi (IND), Francisco Undurraga (Evop), Matías Ramírez (PC), Jaime Naranjo (PS), Frank Sauerbaum (RN), Jorge Brito (RD), Miguel Mellado (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Agustín Romero (PREP), Johannes Kaiser (IND), Camila Rojas (Comunes), Carolina Tello (PC), Jaime Araya (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Boris Barrera (PC), Jaime Sáez (RD), Gael Yeomans (PCS), Jorge Rathgeb (RN), Viviana Delgado (IND), Andrés Giordano (IND), Marcos Ilabaca (PS), Vlado Mirosevic (PL), Francisco Pulgar (IND), Daniel Melo (PS), Gustavo Benavente (UDI) y Ana María Bravo (PS).

Salvo los representantes del Partido Republicano, los demás intervinientes anunciaron su apoyo a la propuesta legal. Se valoró la mayor recaudación fiscal para fines como pensiones y seguridad. También avanzar en combatir el crimen organizado y en fortalecer la institucionalidad fiscalizadora.

Igualmente, se apoyó que haya una reducción de la evasión y elusión fiscal. Se estimó que dichas acciones van en contra de la justicia social y promueven la desigualdad en el país. Así, muchos relevaron la necesidad del cumplimiento tributario. Sin embargo, hubo matices respecto de algunas normas.

Desde RN y la UDI se reconoció el acercamiento del Gobierno, pero observaron que subsistían algunas objeciones. Entre los temas mencionados estuvieron algunas regulaciones de la norma general antielusión, la figura del denunciante anónimo (particularmente lo del premio por denuncia) y la forma en que se definirá el levantamiento del secreto bancario.

En contraposición, desde el oficialismo y centro se estimó que dichos puntos son relevantes para avanzar en justicia tributaria. Así, llamaron a aprobar las normas en la forma despachada desde la Comisión de Hacienda.

Por su parte, los republicanos dijeron que no hubo apertura del Gobierno a sus propuestas. Criticaron que se definen herramientas que van en contra de los emprendedores. Y se acusó un retroceso en materia de elusión tributaria. “Es un paso a un Gobierno intrusivo y controlador”, se afirmó.

Ejecutivo y votaciones

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió despachar el propuesto “sin vacíos”, apuntando a una eventual votación contraria de algunos artículos. Además, apoyó su intervención vinculando las normas abordadas con casos criminales hoy en proceso judicial. Por ejemplo, citó el megrafraude tributario que, según alertó, podría haberse detectado tempranamente con el levantamiento del secreto bancario.

Por último, recalcó que el cumplimiento tributario responde a cuán cerca se está de que se recaude lo que correspondería recaudar de acuerdo a la legislación con que se cuenta. Y, en este contexto, aclaró que el incumplimiento se produce por evasión, elusión y por desconocimiento

“Este es un proyecto que se hace cargo de los tres elementos y, por ello, no solo incluye sanciones, sino, también, apoyo a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones y flexibilidad para que los morosos se puedan poner al día”, detalló.

A la hora de las votaciones, el texto se aprobó en su idea de legislar, tanto en sus normas generales como de quórum.

Luego, se procedió a la votación en particular, donde el grueso de las materias se ratificaron en los términos planteados por la comisión técnica. Solo se rechazaron cuatro materias en este contexto. Tres de ellas refirieron a aspectos del proceso que se realiza en declaraciones de abuso o simulación. La cuarta apuntó a aspectos formales de la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria (tribunal competente, procedimientos, etc.).