Seremi del Trabajo Carlos Abarzúa valora que Corte Suprema haya ratificado arbitrariedad en contra de beneficiaria de bono por hijo

“Esto nos da la certeza de que no se vuelvan a cometer este tipo de arbitrariedades con las personas que se pensionan”, señaló Carlos Abarzúa, primera autoridad laboral de la zona, refrendando así las palabras que figuran en la sentencia de la Corte Suprema en torno al caso de Mirtha Vladilo, quien en abril pasado denunció el pago de $1.850 que le haría su AFP por el beneficio del Bono por Hijo.

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema en torno al caso de la magallánica Mirtha Vladilo Drapich, quien interpuso un recurso de protección en contra de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Habitat denunciando el pago del llamado Bono por Hijo, que se realizaría en 919 cuotas de $1.850, el SEREMI de la cartera de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, se reunió con la afectada para abordar la sentencia que resolvió a su favor, calificando el proceder de la AFP como arbitrario e ilegal, palabras que fueron reiteradas por la autoridad en el marco de este encuentro.

Frente a las oficinas locales de Habitat en Punta Arenas fue el punto de encuentro donde junto al secretario regional y Vladilo, se reunieron su hijo, Jaime Ponce, y el abogado que representó la causa, Fernando Pichún, quienes dieron a conocer en términos prácticos lo que esta resolución significa para la afectada y para otros posibles beneficiarios de esta ayuda que genera el Estado a partir de la reforma previsional del año 2008.

“La señora Mirtha Vladilo es una de las personas a nivel nacional que ha sufrido un perjuicio producto del actuar arbitrario e ilegal de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Habitat, como lo declaró la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la cual le atomizó su beneficio a través de 919 cuotas para hacer entrega, de una manera irrisoria, del beneficio social al entregárselo de ese modo. El abogado Fernando Pichún, en su representación interpuso un recurso que se acogió y luego fue ratificado por la Corte Suprema donde se hizo una serie de precisiones que hoy le significan a ella un nuevo cálculo en su pago”, expresó Abarzúa.

“Lo interesante de que hoy se considere el actuar de la administradora como ilegal es que nos da la razón en lo que respecta a la asesoría que le otorgó a la señora Mirtha tanto el abogado como la seremía del Trabajo, buscando con esto la certeza de que no se vuelvan a cometer este tipo de arbitrariedades con las personas que se pensionan”, agregó el secretario regional.

Sobre las críticas declaraciones realizadas por la AFP Habitat en contra de la autoridad regional en abril pasado, el SEREMI señaló que “el directorio de esta AFP va a tener que reconocer que se actuaba de forma arbitraria y esto, más adelante, abrirá la oportunidad para muchas otras personas que pudieron haber sido perjudicadas en el pago de beneficios que vienen del Estado y cuyo objetivo es incrementar las pensiones y no atomizarlos como lo hicieron con ella”.

Al respecto y en representación de Vladilo, su hijo Jaime Ponce señaló que se está a la espera del plazo en que se le deberá notificar por escrito este fallo a la AFP, que se cumple el próximo 20 de enero, calificando esta sentencia como un triunfo para ellos. “Aunque demore 10 años más, esto ya es un triunfo, porque el gobierno que entra no creo que tenga intenciones de generar grandes cambios al sistema de AFP, pero estas cosas que ocurren van a generar e incentivar el debate que apunta a que nosotros debemos cambiar este sistema”, declaró.

Ponce comentó que al ingresar a la sucursal de la AFP a consultar, le respondieron que esto había sido un error por parte de la administradora, “pero un error es involuntario, esto no fue involuntario, esto se podría haber evitado del principio (…) como dijo el seremi, hay que revisar otros casos y esto hay que cambiarlo, porque esto no es un tema teórico, estamos hablando de personas que ganan pensiones de 100 mil y tantos pesos. Como lo dijimos hace tiempo, es un tema aberrante es una burla y al ser una burla, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados”.

Desde la secretaría local se oficiarán estos antecedentes al Ministerio del Trabajo, la subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones, considerando la importancia y el carácter de este fallo que tendrá consecuencias a nivel nacional.