Autoridad universitaria acogió flexibilizar cobros de matrículas
– Siguiendo las negociaciones por la toma de la Universidad de Magallanes, en los últimos días, la directiva de la FEUM y el Consejo de Presidentes presentaron una propuesta al rector Juan Oyarzo y a la Junta Directiva, en la que realizan solicitudes económicas y administrativas.
-Transcurrido más de un mes de la ocupación del campus central, la máxima autoridad académica emitió una declaración pública a la ciudadanía y la comunidad universitaria, dando cuenta de la cronología de los acuerdos y los perjuicios que está ocasionando la persistencia de la medida estudiantil.
La preocupación de las autoridades por la toma del campus Punta Arenas de la Universidad de Magallanes, que se ha extendido por cinco semanas, llegó al seno de la Honorable Junta Directiva, instancia que recibió una misiva dirigida a ellos y al rector Juan Oyarzo, donde la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes y una parte del Consejo de Presidentes, presentaron su propuesta para resolver una solicitud que consideran “intransable”: el estancamiento de los aranceles y la rebaja de matrícula.
En el documento con fecha 20 de julio, se plantean dos puntos. En el primero, solicitan la disminución del valor de las matrículas, realizando un cobro de $100.000 durante tres años, con un reajuste de $5.000 en los dos años posteriores, o bien, un cobro de $110.000 por cinco años, con un reajuste de 5 mil. En ambos casos, piden que el tope máximo sea de $130.000. En cuanto al estancamiento de los aranceles, solicitan que se aplique el IPC cada dos años, o la mitad del IPC anualmente, y que se ponga fin al funcionamiento del Centro Universitario de Porvenir.
En su respuesta – dirigida a la Junta el día 22 del mismo mes – rectoría pide dicha solicitud no sea acogida, pues habiendo realizado los análisis financieros correspondientes, se confirmó que “la institución no tiene condiciones de asumir dichos costos, debido a la situación de financiamiento actual de las universidades estatales, y el efecto de arrastre que esto tiene en el tiempo”, pues estimaciones preliminares indican que el déficit alcanzaría los “$2.500 millones de pesos al tercer año”.
No obstante, el rector y su equipo directivo ofrecieron a los estudiantes “flexibilizar los mecanismos de cobros de matriculas a los estudiantes antiguos y, en aquellos casos pesquisados como situaciones complejas económicamente, buscar los mecanismos de financiamiento pertinentes”.
Ambos puntos fueron acogidos, en forma total, por la Junta Directiva, agregando que atender una medida como éstas que solicitan los estudiantes, afectaría, gravemente, el patrimonio universitario que deben resguardar.
Declaración Pública
En declaración pública dirigida a la comunidad regional, el rector hizo hincapié en que “la comunidad magallánica debe tener conocimiento de que nuestra Universidad lleva más de un mes sin clases y sin prácticas profesionales, lo que ha provocado un grave daño en procesos académicos que requieren de tiempos específicos. Al mismo tiempo, ha impedido cumplir con diversos compromisos relacionados con proyectos, investigación, vinculación con el medio regional y administración institucional, lo que ha estado vinculado a una pérdida importante de recursos financieros”.
También comunicó que se ponen en riesgo beneficios tan importantes como la entrega correspondiente al mes de agosto, de las tarjetas de alimentación JUNAEB-BAES (Beca de Alimentación de Educación Superior) y la entrega parcial de informes al Ministerio de Educación respecto de las suspensiones de estudios (postergaciones y retiros temporales) de estudiantes con Gratuidad, Becas de Arancel y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).
“Por todo lo, anteriormente, expuesto, -concluye la declaración- este rector y su equipo directivo hacen un llamado a los estudiantes, a respetar los procesos democráticos, deponiendo una toma que es expresión opuesta al espíritu de entendimiento con que hemos demostrado gran compromiso. De lo contrario, con la anuencia de la Junta Directiva, se aplicará el cierre del primer semestre del año académico 2016, y se tomarán las medidas tendientes a la normalización de las actividades en la Universidad de Magallanes”.
Firma de acuerdos con Derecho
El petitorio presentado el 6 de junio por la directiva del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho a las autoridades del plantel, ya está formalmente resuelto. La firma de los ocho acuerdos suscritos tuvo como ministro de fe al propio Intendente de Magallanes, Jorge Flies, quien accedió a la petición de las autoridades con el objetivo de valorar el diálogo existente y “expresar el interés general que tiene la región para que a la Universidad le vaya bien en todos los ámbitos de desarrollo que se ha propuesto a nivel institucional, y también en conjunto con los estudiantes”, afirmó.
Agradeciendo la presencia de la máxima autoridad regional, el rector Juan Oyarzo remarcó que se trató de un trabajo compartido y serio, donde se dio respuesta a la totalidad de los puntos planteados por los estudiantes, al igual como se ha hecho con los demás petitorios. En ese contexto, volvió a insistir en la imposibilidad de acoger la demanda pendiente relativa al estancamiento de aranceles y rebaja de matrículas, “ya que no es algo que podamos resolver tan fácilmente; les hemos explicado que el resorte no es nuestro y el sistema ya está así”.
De parte del alumnado, la presidenta del centro de estudiantes, Sylvia Navarrete, mostró su gratitud por la buena voluntad que primó en las negociaciones, la cual permitió llegar a un satisfactorio acuerdo final para la carrera y, en paralelo, también, para sus compañeros del departamento de Administración y Economía, que se verán beneficiados con el proyecto del nuevo edificio para la Facultad. Como consecuencia de ello, aseveró que depondrán el paro de Derecho, sin embargo, no restarán su apoyo a la toma que llevan adelante las demás carreras.
Entre los acuerdos destacan la capacitación de docentes, un reglamento interno para estudiantes de Derecho, la reestructuración de la malla curricular y el mejoramiento de la infraestructura, donde se incluye contar, por ejemplo, con salas permanentes e internet adecuado. Además, se conformará una comisión cuyo objetivo será construir la nueva Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Cabe consignar que todos estos puntos ya estaban resueltos antes de la toma estudiantil del campus Punta Arenas.
