El 2016 según Greenpeace en Chile: «Se profundiza el mal ambiente»

Lo bueno: El poder de las campañas ciudadanas

En octubre Amaya Zubía, quien trabaja en adiestramiento y comportamiento canino y que sube regularmente al cerro Manquehue para pasear varios perros que tiene a su cargo, regresó con algunas de las mascotas gravemente enfermas. Varias moribundas.

Sara, una de ellas, empezó con vómitos y diarrea. Murió a las pocas horas en una sala veterinaria. Ahí le hicieron algunos análisis y los veterinarios se dieron cuenta que había una presencia sospechosa en su organismo. Al final descubrieron que se trataba de un plaguicida, el cual había sido colocado por desconocidos en zonas habituales de paseo de mascotas en el cerro Manquehue.

Andrés Vorwek, dueño de Sara, decidió iniciar una campaña para denunciar los hechos. Para ello utilizó Hagamos Eco (www.hagamoseco.org), una plataforma creada por Greenpeace en donde las personas comunes y corrientes pueden iniciar y comandar sus propias campañas medioambientales.

La campaña ideada por Andrés, que llamó “Detener asesinato de mascotas en el Cerro Manquehue”, fue un éxito y logró no sólo amplia adhesión en las redes sociales (la petición ha sido firmada por más de 21.000 adherentes), sino que fue cubierta por distintos medios de comunicación que se interesaron no solo en el tema de las mascotas muertas, sino en lo novedoso del sistema de denuncia.

“La decisión de Andrés es un ejemplo del empoderamiento que las personas pueden tener para encabezar las campañas medioambientales que más le importan. Hagamos Eco es una herramienta que le entrega el poder a los ciudadanos para que ellos transformen su entorno, para que cualquiera pueda actuar y ayudar a resolver los problemas medioambientales que los afectan, demanden respuestas y soluciones por parte de las autoridades y los responsables”, explica Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

La plataforma funciona con la lógica de la viralización: al crear una campaña los usuarios deben difundirla en sus propias redes y solicitar apoyo a través de firmas. Esa base de datos queda a disposición del creador de la campaña para que pueda ir proponiendo más acciones, como enviar cartas a una municipalidad, llamar al pronunciamiento de alguna autoridad o convocar a una marcha. Si la campaña genera cierta cantidad de firmas, Hagamos Eco le envía un correo a todos los seguidores del sitio para sumar más personas a la campaña. Por su parte, Greenpeace colabora con la difusión en sus propias redes sociales.

En Chile se han creado más de 200 campañas y cerca de 50.000 personas han adherido a ellas.

Lo malo: La vergüenza de ser top ten

Chile es uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. Un asunto más profundo de lo que muchos piensan y que ha quedado en evidencia luego de que, en el marco de la vigésimo segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) que se desarrolló hace unas semanas en Marrakech, Marruecos, se presentará el último Índice de Riesgo Climático Global (elaborado por la organización alemana Germanwatch), análisis que instala sorpresivamente a Chile dentro de los diez países más afectados por eventos meteorológicos asociados al cambio climático durante el 2015.

El Índice de Riesgo Climático Global (IRC) es un análisis basado en una de las compilaciones más fiables sobre los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socio-económicos asociados a ellos.

El análisis es concluyente: un número creciente de personas en el mundo están siendo afectadas por el cambio climático. De hecho, el reporte señala que entre 1996 y el 2015 unas 528.000 personas murieron debido a los efectos de estas alteraciones medioambientales y que los costos económicos asociados se elevaron a unos 3.000 millones de dólares. Todo, por efecto de unos 11.000 eventos meteorológicos severos que ha sufrido el planeta.

Y las cosas, si es que no mejoran, podrían empeorar ya que se estima que los negativos impactos de las crisis medioambientales podrían incrementarse de dos o tres veces hacia el 2030 y de cuatro a cinco el 2050.

Hace un año el IRC ubicaba a Chile en puesto 62, lugar que, en apenas un año, ha quedado atrás para llegar a instalarse en el top ten de las naciones del mundo más afectados por el cambio climático.

“Es tiempo de acciones para hacer frente a las graves consecuencias que el cambio climático está teniendo en nuestro país. Se requiere voluntad política, decisión y valentía para enfrentar esta realidad que está afectando tan duramente a Chile. Necesitamos tomar esto en serio. Por eso es que Greenpeace no descansará hasta que se tomen acciones concretas que sirvan para detener el desastre medioambiental que vivimos y que, en la práctica, se ha convertido en una verdadera emergencia nacional. Chile debe pasar a la ofensiva y enfrentar el cambio climático debe convertirse en una prioridad política”, plantea Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

Lo preocupante es que el escenario para el futuro medioambiental del país está lejos de ser auspicioso. Así lo confirma el “Informe País: Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 1999-2015”, elaborado por el Centro de Análisis en Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile –dado a conocer hace unos días- y que entrega un panorama sombrío de la evolución medioambiental que ha vivido Chile en los últimos años.

Sólo un par de ejemplos: hay una pérdida de 237 mil hectáreas en bosques nativos y un aumento de un 171 por ciento en las especies animales y vegetales amenazadas. Todo, más el agregado de otras cifras negativas relacionadas con la calidad del aire, bordes costeros y aguas.

Por eso la demanda de Greenpeace en el sentido de implementar con la máxima celeridad el paso progresivo hacia energías renovables y mantener controlado el aumento de la temperatura del planeta en, máximo 1,5 grados.

Lo feo: Chiloé a la deriva

Ha sido un año especialmente duro para la gente de la isla, quienes debieron enfrentar una de las crisis sociales y medioambientales más graves de los últimos años en el país y que estuvo marcada por los devastadores efectos de la marea roja y las consecuencias que tuvo en la situación la autorización del vertimiento de 4.500 toneladas de salmones descompuestos al mar en el mes de marzo.

Pese a que Greenpeace estuvo en la zona y dejó de manifiesto los nefastos efectos que tuvieron estos vertimientos, solo al finalizar el año, y tras una extensa espera, se dio a conocer el informe que el gobierno encargó a un comité de científicos para analizar las causas de la catástrofe.

El informe, en la práctica, confirmó algunas cuestiones relevantes que Greenpeace también había planteado en su propio análisis publicado en septiembre. ¿La más importante? Reafirmar que existían las condiciones idóneas para el desarrollo de marea roja (FAN) en la zona.

Para Greenpeace es evidente que la clave la crisis está en que la autoridad dio la autorización de un vertimiento de salmones en descomposición en medio de estas condiciones. Todo, y estos es lo más grave, sin ningún tipo de estudio, evaluación o análisis de riesgo previo.

“El informe encargado por el gobierno no hace más que comprobar lo que Greenpeace denunció desde el principio: se utilizó el mar como vertedero en medio de las condiciones perfectas para el desarrollo de marea roja. Esto no fue sólo una omisión, sino que fue una decisión deliberada del Ejecutivo para proteger a la industria salmonera. No podemos permitir que esto siga ocurriendo ahora en otras regiones del país”, plantea Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile.

Para Greenpeace resulta inevitable: lo que vivió Chiloé se volverá a repetir. Y advierte: el riesgo que ahora sea la Patagonia la que enfrente un “nuevo Chiloé” resulta inminente.

Respecto de las cuestiones más relevantes del informe encargado por el gobierno, Estefanía González plantea que “no existen fundamentos oceanográficos para descartar el aporte del vertido al desarrollo de la crisis por marea roja, por lo que afirmar que no existe ningún tipo de relación no sólo es irresponsable, sino que altamente preocupante para el futuro de nuestro océano. El gobierno eludió su responsabilidad y hasta evitó presentar su informe en Chiloé. Queda claro que el Ejecutivo está más cerca de la industria salmonera que de la comunidad chilota y la recuperación social y medioambiental de la isla”.

Para colmo, el año terminó mal para el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien debía encabezar las respuestas y soluciones a la crisis de Chiloé. Para Céspedes fue un mal 2016, no solo por su escasa relevancia en la crisis de la isla –marcada por su ausencia en la zona para enfrentar cara a cara a las comunidades locales-, sino por el lamentable episodio de la muñeca inflable, donde el secretario de Estado apareció sonriente convirtiéndose en protagonista de un escándalo de alcance mundial.

Bonus: Para quedar helados

Chile cuenta con el 82% de la superficie Glaciar de América del Sur. La cifra corresponde a un total de casi 24.000 glaciares, que se extienden de norte a sur en cada una de las regiones del país.

La importancia de estos hitos geográficos es enorme, ya que constituyen una de las principales reservas de agua del continente, se encuentran en las nacientes de los ríos ayudándoles a enfrentar la sequía y, además, cumplen importantes funciones climáticas y ambientales en su entorno.

Así parecía entenderlo la propia presidenta Michelle Bachelet, quien en su discurso del 21 de mayo de 2014, dijo: “Otra de las materias sobre las cuales debemos poner nuestra máxima atención, es en el cuidado de los glaciares. Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales”.

Greenpeace inició una exitosa campaña pública para exigir una ley de protección de glaciares el año 2014 bajo el alero de “República Glaciar”. Más de 200.000 personas adhirieron a esa petición. A partir de esa iniciativa, un grupo transversal de diputados -que se denominó “bancada glaciar”- redactó una propuesta de protección de glaciares que cumplía los criterios mínimos para su cuidado.

¿Cuáles son estos criterios mínimos? Todos los glaciares de todos los tipos deberían ser preservados, todo lo que rodea y conserva un glaciar, el ecosistema glaciar, debe ser también protegido, no podrán realizarse actividades que dañen un glaciar, los proyectos que hoy se encuentran afectando glaciares deben dejar de hacerlo de forma urgente y los glaciares deben ser un bien público y su cuidado es responsabilidad del Estado.

El anuncio de la Mandataria hace dos años era alentador, pero era evidente que la idea era incómoda para el mundo minero quienes, por cierto, prefieren que no se prohíba la explotación de estas zonas. En otras palabras, que los proyectos de intervención sean “evaluados” caso a caso.

Una idea que, de manera sorpresiva e incomprensible, fue acogida por el gobierno en 2015, cuando una indicación sustitutiva del Ejecutivo -impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Director General de Aguas-, atacó el corazón mismo de la idea y relativizó la protección y cuidado de los glaciares dependiendo de una serie de “consideraciones”. Es decir, se generó una escala en donde existen glaciares tipo A, B y C. Unos son intocables, pero otros pueden ser destrozados.

“Es evidente que hoy el proyecto favorece a la gran minería por sobre las personas y el agua del país, es un desastre. Solo para ejemplificar: Codelco, en los años que lleva de operación, ha destruido más de 340 hectáreas de glaciares, removiéndolos, utilizándolos como botaderos y construyendo caminos sobre ellos. Esto equivale al consumo de agua potable de un año de todo el país”, señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

Y agrega: “La Ley de Glaciares es una muestra evidente de que, al final, para el Ministro de Medio Ambiente y el Gobierno pesa más lo que dice el empresariado, en este caso el Consejo Minero, que los compromisos públicos de la presidenta. Es una pena, ya que la normativa de protección de los glaciares habría sido uno de los aportes más destacados en materia medioambiental de la actual administración, pero al final lo que ha sucedido es que, una vez más, se ha impuesto la degradación de la institucionalidad medioambiental del país”.

Resulta interesante comprobar que el proyecto no solo ha sido criticado por Greenpeace y otras organizaciones medioambientales, sino que incluso por parte de la Corte Suprema, la cual, en agosto, emitió un severo informe donde alerta que “su consagración de la manera propuesta podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación. (…) En la actualidad no existe duda que los glaciares son bienes nacionales, que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos. Sin embargo, el artículo 1° establece que los glaciares constituyen ‘reserva de agua dulce’, lo que implica que se podría disponer de ellos en el futuro próximo o lejano”.