Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad es aprobada por el Senado
La iniciativa establece, entre otras materias, una reserva del 1% de empleos en empresas públicas y privadas de 100 o más trabajadores y deroga la norma que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
Con un amplio y transversal respaldo de los legisladores, el proyecto de ley de inclusión laboral fue aprobado de manera unánime en la Sala del Senado, quedando de esta manera en condiciones de ser proclamado como ley.
El proyecto, entre otras materias, fija en 26 años la edad límite para suscribir un contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial, dejando de ser sin limitación de edad como es en la actualidad.
También, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez (de cualquier régimen previsional), además de aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Asimismo, termina con la discriminación salarial por medio de la derogación del artículo número 16 de la Ley N° 18.600 que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores al sueldo mínimo.
En este contexto, y durante su intervención en la sala del Senado, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que «tenemos la convicción de que con este proyecto nuestro país da otro paso más en el camino correcto en materia de discapacidad, en la perspectiva de un Chile efectivamente inclusivo».
Destacó además la convicción del gobierno en relación a que con este proyecto “estamos haciéndonos cargo de una demanda que cruza transversalmente la sociedad chilena, cual es la necesidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, la plena inclusión social y el aseguramiento del disfrute de los derechos de todas y todos, eliminando cualquier forma de discriminación».
«Todos sabemos que acceder a un empleo es la viga maestra para generar ingresos, desarrollar un proyecto de familia con autonomía y hacer un aporte a la economía del país a partir del despliegue de los talentos que son propios. En ello se juega además la identidad, la autoestima y la dignidad de todo ser humano», subrayó el secretario de Estado.
En el sector público, la fiscalización de esta ley la realizará el Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad, mientras que en el sector privado estará a cargo de la Dirección del Trabajo y del Servicio de Impuestos Internos.
