Ex Intendente Arturo Storacker fue absuelto de todo cargo por Tribunal en Punta Arenas
El Ex Intendente Arturo Storacker fue absuelto de todo cargo por Tribunal en Punta Arenas, en decisión adoptada hoy, en el marco de la causa originada por el caso Rayen tras el desborde del Río de las Minas de Punta Arenas.
Tenso era el ambiente que se vivía en el Tribunal Oral en lo Penal, ya que al mediodía de hoy miércoles 14 de junio los jueces Claudio Neculmán, Luis Alvarez y Jovita Soto, emitieron su veredicto en torno al bullado juicio Rayen. Los rostros lo decían todo.
El ex intendente Arturo Storaker y casi todos los imputados terminaron siendo absueltos de su autoría en diferentes delitos económicos por los que habían sido acusados. Sólo Patricia Leiva, propietaria de la empresa Rayen fue condenada por delitos menores, mientras que fueron condenados Luis Sáez como autor, y Pablo Sáez en calidad de cómplice del delito de negociación incompatible en grado de consumado, pero absueltos en el delito de fraude al fisco, mientras que Javier Gajardo, resultó condenado por la marca Gore.
El ex intendente Storaker al término del juicio apuntó sus dardos a quien realizó la denuncia de este caso, refiriéndose directamente a Karim Bianchi, cuando era consejero regional y que a su juicio habría hecho tal denuncia para sacarlo de la carrera política, y que logró por al menos cinco años. Pero los dardos del ex Intendente Storacker no solamente fueron para Bianchi hijo, sino que también para la senadora Carolina Goic y el conglomerado de la Democracia Cristiana con duras críticas por parte del abogado defensor del ex intendente.
HISTORIA DEL CASO RAYEN Y MARCA GORE.
Pasados casi tres meses de Juicio Oral, el caso “Rayén” y “Marca Gore” había entrado en mayo en etapas decisivas, luego que la Fiscalía culminara de presentar la prueba, común con los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, para cada uno de los hechos por los que se acusó al ex Intendente de Magallanes, Arturo Sverre Storaker Molina, a los Ex empleados públicos Luis Alberto Saez Martinez, Javier Alejandro Gómez Letelier, al particular Pablo Osvaldo Sáez Martinez,y a los representantes de la Empresa Rayén, Javier Mauricio Gajardo Castro, Patricia Alejandra Leiva Narvaez, y Hugo Aladino Reyes Tureuna, por Malversación, fraude y cohecho, entre otros ilícitos.
Así, los persecutores lograron presentar al Tribunal las modalidades que los acusados, habrían utilizado supuestamente para engañar a funcionarios públicos durante la emergencia del desborde del río las Minas, usando de facturas ideológicamente falsas y falsificando firmas entre otras, estimando uno de los peritos que declaró, un perjuicio para el Fisco de una cifra cercana a los $400 millones de pesos.
Cabe indicar que los primeros días el Fiscal abordó la acreditación del delito de negociación incompatible y fraude al fisco, una arista del caso Rayén conocida como “Marca Gore”, en la cual el acusado Luis Sáez Martínez, Jefe de la DAC a esa época (2012), contrató en una licitación a su hermano Pablo Sáez por una suma de $50.000.000.-, usando, de acuerdo a las pruebas presentadas, documentación y antecedentes falsos, todo lo cual fue representado al Tribunal mediante testimonios de los afectados, quienes fueron víctimas del uso de firmas falsas además de documentación adulterada presentada en la licitación.
En seguida el equipo de la Fiscalía y los querellantes exhibieron ante los magistrados los hechos vinculados con el delito tributario, esto es, con la factura ideológicamente falsa presentada por el representante de la Empresa Rayén para cobrar el crédito fiscal en junio de 2012, dando el testimonio el mismo emisor de la factura quien negó haber hecho los servicios contratados por aproximadamente $118 millones de pesos e indicó que sólo emitió la factura porque Javier Gajardo se lo pidió, ello en el contexto del trabajo del desborde del río las Minas. Asimismo, se presentó prueba documental y testimonial, en el delito de desacato en que incurrió el Intendente de la época, Arturo Storaker Molina, quien pese a existir la medida judicial de retención de dineros, producto de una resolución de un tribunal civil de Punta Arenas, despachó el pago a la Empresa Rayén.
En la oportunidad, también se abordó la acreditación de la malversación de caudales públicos, estafa y fraude al fisco en que habrían incurrido Storaker M., Luis Sáez, y Javier Gómez, funcionario de la Seremi de Justicia a esa fecha (marzo 2012), los dueños de Rayén, Patricia Leiva N. y Javier Gajardo C. y un funcionario de esta empresa, Hugo Reyes Tureuna, quien habría comprado como intermediario tres vehículos, uno para el uso exclusivo de Sáez Martínez.
(Noticia en desarrollo)
