UMAG presentó recurso judicial por toma estudiantil para resguardar bienes públicos universitarios

Se agudiza el conflicto en la sede regional de la UMAG.  Recurso judicial solicitado por Consejo Académico de la Universidad de Magallanes busca resguardar bienes públicos universitarios.

– La reflexión en torno a lo que podría suceder en eventos públicos como el convocado por los estudiantes el pasado viernes, hizo que los integrantes de dicha instancia universitaria retomaran la discusión en torno a los daños y pérdidas ocasionados en años anteriores.   Recordemos que en la historia reciente de la UMAG han habido tomas y huelgas en 2013, 2015, 2016 y 2017, todas coincidentemente en los meses de junio o julio al final del primer semestre.

El pasado viernes 23 de junio, en sesión extraordinaria, los miembros del Consejo Académico analizaron el estado de la situación, a propósito de la “toma” estudiantil del campus central de la Universidad de Magallanes, tanto en términos académicos como administrativos y legales. Una de las preocupaciones planteadas allí fue la convocatoria por redes sociales de un evento musical programado para esa misma tarde, actividad para la cual se consideró que no existían los resguardos necesarios en cuanto a la seguridad de las personas y de los bienes públicos.

A propósito de lo anterior, el Consejo solicitó al rector Juan Oyarzo presentar, a modo de respaldo, un recurso de protección el mismo día en la Corte de Apelaciones, escrito en el cual consta que “nos preocupa los daños que se puedan ocasionar en las dependencias universitarias, ya que de mantenerse esta toma, podrían ser cuantiosos y de envergadura para nuestro patrimonio”. Al mismo tiempo, el texto señala que “existen antecedentes de daños ocurridos en otros años producidos por movilizaciones similares, y es mi deber como representante de la Universidad de Magallanes, el tener que cautelar los bienes muebles e inmuebles, ante la radicalización de las medidas adoptadas por el CE (Consejo de Estudiantes) y un grupo minoritario de alumnos”.

El recurso de protección agrega que la ocupación del edificio es una medida ilegal, que “impide el cumplimiento de la misión de la Universidad y sus prestaciones de docencia, investigación y extensión”, al afectar los derechos de propiedad y las libertades de enseñanza y de trabajo de funcionarios, alumnos y profesores.

La Corte de Apelaciones, en tanto, declaró admisible el recurso, y sólo uno de los magistrados estuvo de acuerdo con autorizar vigilancia policial preventiva al exterior del recinto, tal como lo pedía el escrito.