Se amplía el plazo de investigación del fraude en Carabineros a solicitud del Fiscal Eugenio Campos

El juez Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, accedió a ampliar en seis meses el plazo de investigación en el caso de la multimillonaria malversación de fondos públicos en el Departamento de Intendencia de Carabineros.

El tiempo es el que había solicitado el fiscal de la causa Eugenio Campos, quien argumentó que aún existes diligencias pendientes por parte de organismos como la Contraloría General de la República, BancoEstado y el Laboratorio de Carabineros. El persecutor también reveló que se están auditando diferentes cuentas de la institución, como las de desahucio, gastos operacionales, valores en tránsito y gastos de personal, entre otras.

Asimismo, el equipo de investigadores está a la espera del levantamiento de secretos bancarios de varios de los imputados. La audiencia se desarrolló con la presencia de las seis defensas que se opusieron a la solicitud del Ministerio Público, mientras las otras 26 se allanaron a la solicitud. El juez Sallés explicó que a su juicio «no reconocer la complejidad de esta investigación, sería cerrar los ojos a los montos y cantidad de imputados a una de las indagatorias más relevantes en esta materia. Es por esto que es necesario que exista la posibilidad de llevar a cabo la investigación completa». Tras lo anterior, accedió a la solicitud del fiscal Campos, quien agradeció lo que a su juicio es un «apoyo por parte del tribunal, en que haya reconocido la solicitud y comprendido la magnitud de esta investigación, la complejidad de los delitos que se están investigando, el número de imputados. Como señaló el tribunal, es la malversación más grande de la reforma Procesal Penal».

El abogado José Luis Andrés, defensor del principal inculpado en la causa el ex general Flavio Echeverría, rechazó la decisión del magistrado Sallés, señalando que «hicimos ver que en este proceso penal también se deben respetar las garantías y los derechos básicos de mi representado, entre ellos, el ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin embargo el tribunal ha estimado lo contrario». En ese sentido, el profesional acusó al juez de «privilegiar los intereses de la persecución estatal de la fiscalía, ha justificado la demora de las instituciones públicas en responder los requerimientos de la investigación. Nosotros discrepamos de ese criterio, pero no queda más que acatar».

Por su parte la abogada defensora Jacqueline Stubing, quien representa a los imputados Nelson y Christian Valenzuela, aseguró que la decisión del juez Sallés “atenta contra los derechos de mis representados”. «No estamos conformes, aunque lo esperábamos de todas formas, porque con el tiempo uno va conociendo algunos criterios de los magistrados», afirmó.