Industriales de Tierra del Fuego denuncian complejo escenario financiero

Gremio empresarial denuncia «abierta transgresión a los proyectos aprobados con su estructura de costos, que dieron origen a los contratos con el Estado de Chile, para la instalación de las empresas en la zona preferencial»…

Molestos y preocupados por los supuestos avances que el Gobierno regional ha informado a través del seremi de Hacienda, en torno a la aplicación de la Ley Navarino, se manifestaron empresarios de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino. Para el gremio, lo que debiese ser una correcta fiscalización, va en absoluta contraposición al espíritu, procedimiento y forma, con que se está procediendo desde el gobierno regional.

El presidente de la Asociación, Mauricio Inostroza afirmó que en la actualidad, las empresas acogidas a la Ley Navarino enfrentan un complejo escenario financiero y de interrelación con la autoridad regional y sus servicios públicos. «En efecto, a contar del año 2016 se ha generado una campaña comunicacional de desprestigio en contra de las empresas acogidas a la franquicia, campaña que sin tregua, en forma permanente desinforma a la comunidad regional y nacional con noticias orientadas a la ineficacia de las leyes de excepción, al nulo aporte de las empresas a la economía y desarrollo regional, generándose un clima adverso hacia nuestros socios. Además, creándose una incierta expectativa o ilusión de que los recursos que destina el Fisco al incentivo establecido en la ley no debe continuar y podrían usarse de manera más eficiente», señaló.

El presidente del organismo gremial enfatizó que, «la condición artificial de ineficiencia de esta normativa y clima anti empresas no es casual, está planificada desde el aparato público, por determinados personeros que no están de acuerdo con las leyes de excepción, que incumplen su rol de garantes del derecho, y que están trabajando coordinadamente para orientar al nivel central a eliminar estos instrumentos de fomento, obviando y haciendo caso omiso del rol y tareas que por ley deben y están obligados desempeñar».

«Tenemos asociados con beneficios impagos, por más de un año en circunstancias que el plazo de pago es de 5 días hábiles. Adicionalmente mencionamos la existencia de una arquitectura burocrática maquiavélica, cuyo objetivo es impedir el pago del beneficio, vía descalificación del porcentaje de integración del 25% entre Mano de Obra e Insumos de la zona que exige la ley. Efectivamente, un cambio fundamental en la clasificación e interpretación del concepto de insumos de la zona, a través del Oficio 232 de abril de 2017 del intendente regional, implicó un cambio sustantivo en la forma en que históricamente las empresas tabularon los conceptos de costo para lograr el porcentaje de integración del 25%, lo que incluye una abierta transgresión a los proyectos aprobados con su estructura de costos, que dieron origen a los contratos con el Estado de Chile, para la instalación de las empresas en la zona preferencial. Digamos también que la primera autoridad Regional carece de competencia para evacuar una norma específica, así como para cambiar o pronunciarse sobre esta materia”.

El dirigente enfatizó que «de persistir las actuales autoridades locales en una dinámica de entorpecimiento, “posiblemente logren infundadamente y de manera burda en el corto o mediano plazo, eliminar estas franquicias. Nuestra asociación estima que las autoridades no están teniendo a la vista elementos básicos de economía, que no están considerando el efecto del empleo en el crecimiento y desarrollo regional, están soslayando todos los considerandos tenidos a la vista para que estos incentivos sean y constituyan hoy un pilar del desarrollo sustentable regional”, puntualizó.