Corte de Apelaciones ordena a Servicio de Salud y SENAMA de Magallanes medidas de salvaguarda para pareja de adultos mayores
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy –miércoles 28 de marzo– el recurso de protección deducido en representación de pareja de ancianos y ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y al Servicio de Salud de Magallanes, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud y protección de los adultos mayores en grave situación de vulnerabilidad.
En fallo unánime (causa rol 161-2018), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marta Jimena Pinto, el fiscal judicial Fabio Jordán y la abogada (i) María Angélica Fonseca– acogió la acción constitucional, tras establecer que la situación de insalubridad y desprotección en que vive la pareja, atenta contra su derecho a la vida y a la integridad física y síquica.
«De los antecedentes acompañados, tanto por la recurrente como por los servicios recurridos, consta que Humberto Velásquez Vera, 72 años, jubilado, y Laura Allende Tapia, 75 años, su cónyuge, se encuentran viviendo en un inmueble que arriendan, el cual se halla en deplorables condiciones y en pésimo estado de higiene, coexistiendo incluso con animales muertos y fecas al interior del mismo», establece el fallo.
Resolución que agrega: «Se constata que ambos adultos padecen enfermedades ya diagnosticadas como hipertensión arterial, diabetes, pediculosis, y escabiosis, así como problemas de visión, sin perjuicio de otras posibles dolencias o afecciones no diagnosticadas y que es necesario evaluar, en especial el posible deterioro cognitivo del que estaría dando evidencia Laura Allende y posible alcoholismo de Humberto Velásquez, antecedentes de suma relevancia para orientar y determinar acciones de protección y cuidado de los afectados».
«Lo anterior –continúa– permite ciertamente presumir un grave riesgo para la salud tanto física como síquica de los afectados, no encontrándose suficiente y adecuadamente evaluado ni diagnosticado su estado, siendo previsible el requerimiento a lo menos de atención secundaria en forma oportuna, y no sólo descansar con la atención primaria que hasta el momento se le ha otorgado».
«Adicionalmente, por su edad y estado no pueden trabajar, subsistiendo de la pensión que como jubilado percibe Humberto Velásquez Vera, la cual asciende, de acuerdo a lo informado por la recurrente y el Servicio Nacional del Adulto Mayor a la suma de $140.000, monto que no alcanza para cubrir el pago del arriendo de la precaria vivienda en que moran, el cual asciende a la suma de $200.000 y que los hace recurrir a los últimos ahorros que mantienen de su época de trabajadores activos, y sin perjuicio de los costos de alimentación y consumos básicos en que deben incurrir», añade.
«Careciendo de los medios o de un grupo o red familiar de apoyo, corresponde al Estado por medio de sus respectivos servicios y organismos adoptar y coordinar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad física y síquica de estos dos adultos mayores. Cabe señalar que el Estado de Chile suscribió, ratificó y promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual consagra, entre otros, el principio de la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo a la legislación interna. Dicha convención reconoce y establece el deber de garantizar por los estados partes, una serie de derechos para las personas mayores de 60 años», afirma.
Por lo tanto, concluye: «se acoge el recurso de protección presentado por Claudio Radonich Jiménez, alcalde de Punta Arenas, en favor de Humberto Velásquez Vera y Laura Allende Tapia, en contra del Servicio Nacional del Adulto Mayor, representado por Carolina Armenakis Daher, y del Servicio de Salud de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, representado por Pamela Franzi Pirozzi, ordenándose las adopción de las siguientes medidas por los servicios recurridos y organismos que se indica:
1.- El Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá continuar articulando las redes de servicios sociales y efectuando seguimiento de los afectados, para obtener:
a) Que la vivienda que actualmente ocupan se encuentre en condiciones de habitabilidad e higiene que no pongan en riesgo la salud de aquellos, solicitando informe a la Secretaría Regional Ministerial de Salud u otros servicios y entidades públicas sobre la situación sanitaria y medidas necesarias a adoptar respecto de la habitabilidad del inmueble.
b) Que dentro de la reglamentación vigente, se le entregue y pague efectivamente una pensión básica solidaria a Laura Allende Tapia.
c) Se les asigne, eventualmente de cumplirse los requisitos para ello establecidos en el D.S. N° 52 de Vivienda y Urbanismo, un subsidio para el arriendo de vivienda por el SERVIU, y
d) Además, una vez evaluada la salud de ambos, en especial el estado cognitivo de doña Laura Allende Tapia, coordinar la postulación de aquellos al programa o Fondo Servicios de Atención de Vivienda al Adulto Mayor bajo la modalidad comodato de vivienda tutelada del SERVIU, o al ELAM (Establecimiento de Larga Estadía), conforme a su estado general de salud y grado de auto valencia.
2.- El Servicio de Salud de Magallanes, deberá articular en forma oportuna y a la brevedad la atención secundaria o terciaria que eventualmente requieran la pareja de adultos mayores.
3.- Para lo anterior, es necesario que el CESFAM Mateo Bencur, dependiente del recurrente, mantenga las visitas periódicas de evaluación médica, y requiera la atención de salud secundaria o terciaria para aquellos que resulten necesarias producto de dicha evaluación. En especial deberá desarrollar o derivar a los afectados para la realización de un apoyo sicológico, tendiente a evitar en lo posible que éstos deriven a una situación de indigencia o de calle.
Además, dicho CESFAM, deberá remitir un informe de la situación de salud junto a las fichas clínicas tanto de ambos adultos mayores, al Servicio de Salud de Magallanes dentro del plazo de quinto día hábil, tomando el debido resguardo que la remisión de dichas fichas no entorpezca en forma alguna la entrega de atención médica o de salud a los afectados.
Finalmente, los anteriores servicios y entidades deberán informar a esta Corte el cumplimiento de lo ordenado en el plazo de 60 días».
