Acusada de robo con violencia en 2017 en Punta Arenas y declarada inocente en 2018, ahora reclama justicia

«A prisión joven universitaria por robo con violencia” fueron los titulares de la prensa cuando a principios de diciembre del año 2017 el juez de garantía envió a la cárcel como medida cautelar, a la estudiante universitaria Ana Montiel Andrade, imputada por el Ministerio Público como presunta autora del delito señalado.

El juez a cargo, impuso la medida cautelar y aceptó los argumentos del Ministerio Público, representados en esa instancia por la fiscal Wendoline Acuña, imputando a Ana Montiel la autoría en un delito de robo con violencia, el cual -supuestamente- habría sido perpetrado a las 23 horas de la noche del domingo 3 de diciembre de 2017, en contra de una mujer que -según se dijo- fue atacada en el barrio Archipiélago de Chiloé.

La madre de la estudiante, recordó cómo durante la audiencia de formalización, la fiscal Wendoline Acuña daba cuenta de un relato que solo existía en el imaginario de la presunta víctima y que previamente había sido aceptado como verídico por Carabineros que habían adoptado el procedimiento de rigor.

En ese relato se afirmaba que “la presunta víctima, salió de su domicilio con la finalidad de comprar cigarros a un almacén, momento en que presuntamente fue abordada por la imputada, de nombre Ana Montiel Andrade y otras dos mujeres que no fueron identificadas, las que le habrían arrebatado un celular, agrediéndola con golpes en el rostro y puntapiés hasta caer al suelo, donde también le sustrajeron otro dispositivo móvil y la suma de 200 mil pesos de dinero en efectivo».

Los hechos de la acusación se sostenían en una denuncia y en la constatación de lesiones, lo que le bastó al juez de garantía para que considerara “la gravedad del hecho” que trae consigo penas de crimen y que la libertad de la mujer acusada constituía un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, decretando la prisión preventiva en contra de Montiel Andrade.

La madre de la acusada pidió sin éxito ser escuchada, para afirmar que «se estaba cometiendo un tremendo y grave error al enviar a mi hija a la cárcel, privándola de libertad, ya que era muy elocuente que no existían pruebas del robo – excepto para Carabineros y la fiscal- y que todo se trataba de una discusión con un par de empujones o de una pelea si así la querían llamar, porque mi hija lo que hizo fue defenderse justamente de un agresión de la ella estaba siendo víctima.»

La progenitora de la acusada logró reunir a testigos y pruebas actuando como investigadores privados, dice ella «literalmente le hicimos el trabajo a Carabineros y a la Fiscalía para demostrar cómo fueron realmente los hechos y en la Corte de Apelaciones, el abogado Leonardo Vallejos pudo aportar las declaraciones juradas ante notario de todas y todos los testigos que vieron los hechos y que habían sido ignoradas.”

Ella manifestó dolida que “me llamó poderosamente la atención la falta de profesionalismo y acuciosidad de los efectivos de Carabineros que adoptaron el procedimiento inicialmente y que con sorprendente prontitud dieron crédito a la presunta víctima y con su sola versión detuvieron a mi hija, la llevaron detenida, paso una noche en la comisaria y con el relato del parte policial que ellos mismos redactaron se transformaron en “la prueba” para que un juez acogiera esa versión de Carabineros, más un certificado de lesiones, cuya ponderación también es discutible en una instancia de juicio, decidiera quitarle la libertad a una joven que no solo estudiaba sino que además trabajaba sus fines de semana.”

“Junto a mis familiares y amigos decidimos enfrentar esta injusticia y demostrar que la denunciante mentía, que Carabineros no hizo su trabajo como los ciudadanos esperamos, que la Fiscalía era un mero buzon de Carabineros y que el Juez, lo que menos había tenido en consideración al momento de resolver la causa era cumplir su rol de “garantía”.

Relata la madre de Ana Montiel que “el mismo día que Ana entraba a la cárcel, le pedimos a los testigos que fueran a una notaria e hicieran una declaración jurada, los relatos eran tan concordantes y precisos que al ser llevados a la Corte los ministros entendieron que había un error de la fiscalía ordenándoles investigar como correspondía el caso y le dieron libertad inmediata el día 7 de diciembre. Recuerdo que logramos que el acompañante de la presunta victima contara la verdad de lo acontecido.»

Y continúa relatando todos los esfuerzos que hizo para lograr demostrar la inocencia de su hija: “durante los meses siguientes fuimos nosotras las que semana a semana estábamos atento al avance de la investigación, la Fiscalía a un paso lerdo y como si ya supieran que habían cometido un error no dictaban hacer diligencias, ni menos tomar nuevas declaraciones, solo una simple orden de investigar. Digo simple porque si estábamos frente a un robo con violencia, que es un delito muy grave, era por eso mismo que inocentemente confiábamos en que se haría una investigación un poquito mas seria, pero con el paso del tiempo ello no ocurrió.”

La causa en cuestión fue tomada por el fiscal Oliver Ramsy, «a quien nunca vimos, solo nos enteramos de una notificación con la que llevó la causa nuevamente al juez de garantía pidiendo un juicio simplificado. El Fiscal ni siquiera se digno a proponer una salida alternativa, y como teníamos la convicción de la inocencia de mi hija, no íbamos a transar ni transamos acuerdo de ningún tipo y siempre quisimos ir a un juicio para demostrar que Carabineros, la Fiscalía y el juez que envió a prisión a mi hija habían cometido un error.”

Relata la madre de Ana Montiel que “este año fueron audiencias mensuales, asistimos a todas, en que la presunta víctima nunca se presentó, la fiscalía cambió al fiscal la veces que quiso, cayendo la carpeta de investigación en el fiscal de turno y obviamente, es decir la suerte judicial de mi hija estaba en manos del “criterio” del fiscal que tomara esa carpeta casi por sorteo”.

El 12 de diciembre recién pasado, en otra nueva audiencia en la que fueron citadas a juicio simplificado, la presunta víctima nuevamente no apareció y aun cuando había sido notificada informó que no se presentaría a nada. Ese hecho motivó que el fiscal que representaba al ministerio público, decidiera solicitar al tribunal el “principio de oportunidad” dando por cerrada la causa.

La madre de Ana Montiel, ahora expresa que «hoy decidimos levantar la voz para denunciar esta verdadera procesión y los amargos días y noche que vivimos como familia esperando encontrar justicia porque “los inocentes no llegan a acuerdos, defienden su inocencia…” nos encontramos preparadas para que los responsables de esta falsa acusación no queden impunes.

Para que no sólo esa “presunta víctima” sino que, manifestó «esas personas que son parte de las instituciones y que actúan en representación del Estado, respondan en los mismos tribunales por el daño causado.»

 
La madre de la estudiante Ana Montiel manifestó que «en nuestra región y nuestro país donde las instituciones lamentablemente por el actuar negligente de unos pocos se van deteriorando, es cuando más hay que fortalecerlas para seguir creyendo en ellas, es por ello que desde esta humilde declaración emplazamos a estas mismas instituciones a hacerse cargo de sus errores e informar las medidas que adoptaron o adoptaran para que no vuelvan a existir falsas acusaciones que copen titulares de los medios de comunicación, llevando por consiguiente a acribillar públicamente a una joven inocente que cayó en manos de personas que están por velar para impartir justicia y en su caso solo vulneraron una y otra vez su derecho de respetar su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Frase inserta en nuestras leyes y que en nuestro caso no es más que un simple eslogan que cuelga en los afiches de las paredes en cuarteles policiales, fiscalías y tribunales», expresó finalmente.