Partidos de la Convergencia Progresista proponen medidas para enfentrar crisis de coronavirus en el país

El momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas
y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el
bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se
enfrentará esta pandemia y sus consecuencias.
Sabemos que el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una
recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra
mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal
proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda.
Sin duda, la prioridad es la salud y el bienestar de la población. Ello implica
enfrentar decididamente las consecuencias de la crisis sanitaria e impedir
que se agraven aún más las dificultades que el país y su gente arrastran.
Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para
endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso
agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe
hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas.
En cuanto a la salud, se deben ocupar todos los recursos económicos fiscales
que sean necesarios para masificar testeos, disponer de respiradores, proteger a
los/as trabajadores/as de la salud y otorgar atención gratuita para pacientes de
COVID19.
Medidas económicas: En el ámbito económico, las medidas anunciadas hasta
hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente,
tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para
evitar la fuerte caída en la actividad económica. El programa de protección
presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores
dependientes como para los trabajadores por cuenta propia.
La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son
gasto real. O sea, un 1,5% del PIB. Estamos ante una crisis de las que ocurre una
o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se
puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo
gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el
sistema crediticio, funcionen.
Proponemos un programa de rentas a toda la población que se quede sin
ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y
los trabajadores de Chile y sus familias.
Las personas primero: En primer lugar, nos preocupa que todos/as los/as
trabajadores/as (formales e informales) queden cubiertos con un ingreso mensual
digno. Para lo anterior, proponemos las siguientes medidas:
El Estado de Chile es el único en condiciones de aportar recursos a todas las
personas que han perdido sus ingresos normales. Ello podrá hacerse a través de
dos vías:
1. Un seguro familiar. Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos
provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato
de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de
integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro. Dado que la familia
promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas
recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de
1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo
mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente. Para acceder a este
seguro, las familias deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares
(ya cubre al 74% de la población), y así constatar que ningún miembro de
la familia tiene un trabajo formal (exceptuando trabajo de casa particular).
El seguro será preferentemente recibido por la mujer del hogar en cuestión
y distribuido por BancoEstado a través de la cuenta RUT.
2. Un subsidio de desempleo. En línea con lo propuesto por el gobierno,
deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que
pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de
acuerdo con las reglas de este seguro. Adicionalmente, proponemos que el
Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles
de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones
justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad
de sus salarios durante la emergencia.
Contribución del sector privado: Es indispensable que durante este período de
estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de
deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han
accedido a postergar sus cobros. Es indispensable que los bancos sigan el mismo
camino, de manera uniforme, postergando el pago de deudas para todos sus
clientes sin cobro de tasas adicionales.
Precios y Tarifas: Además de asegurar el ingreso económico a los/as
trabajadores/as, se deberá resguardar lo siguiente:
 Cuando sea necesario, establecer de manera transitoria la fijación de
precios de alimentos y bienes básicos y esenciales.
 El gobierno debería considerar ampliar medidas de distribución (como las
de JUNAEB), o establecer programas de vales de alimentos como existen
en otros países que operan en forma descentralizada, y que protegen a las
familias de las alzas de precios.
 Congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet.
Asimismo, instamos a que las compañías de acceso a internet puedan
rápidamente movilizar infraestructura y recursos para dar mayor acceso a
quienes aún no pueden estar conectados.
Para asegurar lo anterior, se hace indispensable tener una relación coordinada,
directa y transparente desde el nivel central hacia el nivel local. La acción
municipal será clave para implementar los planes especiales de apoyo hacia las
personas.
Financiamiento: El costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas,
alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de
seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58
puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado
dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo
disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo,
consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento,
entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos
del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio
constitucional) y la reasignación presupuestaria.
PYMES: Es necesario crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovación de sus créditos, sino que también para la ampliación de esos créditos.

La banca debería ofrecer créditos considerando, al menos, 120 días de gracia, con tasas de interés de entre el 0,5% a 1% y con un plazo de pago de, a lo menos, 48 meses. A su vez, deberá considerar la reprogramación de créditos sin el cobro de intereses, de un mínimo de tres meses, lo que podrá ser extendido en caso que se prolongue la crisis.

La banca tiene el deber social de reaccionar rápidamente para que el crédito llegue efectivamente a las miles de empresas que lo necesitan.
Se debe considerar la creación de un fondo de garantías gigantes (tipo FOGAPE) que permita garantía estatal cercana al 85%.

Estamos en un momento crucial donde se requerirá una implementación
administrativa eficaz. Desde el progresismo estamos dispuestos a colaborar
para que los planes se ejecuten en la práctica en el menor tiempo posible.
Finalmente, Chile debe contar con un plan contundente que responda a las
necesidades de las personas pensando en los difíciles momentos que no
sólo nuestro país está viviendo, sino que el mundo entero. Nos
comprometemos a apoyar un plan semejante al propuesto, con sentido de
unidad nacional.