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miércoles 25 noviembre 2020
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En prisión preventiva por homicidio frustrado quedaron dos de los tres detenidos vinculados a una quitada de drogas

Casi dos horas duró la audiencia de formalización de los tres imputados detenidos por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones durante la jornada de ayer,  y que estarían vinculados al homicidio frustrado de un contador de 42 años, al que le habrían disparado en la cabeza el pasado 20 de octubre en un domicilio de calle prolongación Manuel Aguilar, por un presunto lio de drogas.

En la audiencia el fiscal a cargo de la formalización Fernando Dobson, aportó los antecedentes para dar sustento a la solicitud de prisión preventiva, precisando que en aquella oportunidad (20 de octubre), cuatro personas llegaron hasta el domicilio anteriormente señalado motivados por un tema drogas, allí maniataron al dueño de casa, sin embargo el tío de la víctima, Víctor Segovia de 42 al escuchar ruidos sale de su domicilio y acudió al lugar, recibiendo en ese momento un disparo en la cabeza.

Los implicados tras lo ocurrido huyen del lugar pero dejan evidencias que posteriormente seria detectadas por la PDI y que al cabo de varias diligencias serian el hilo conductor para su captura, entre ellas huellas dactilares.

Con estos antecedentes el fiscal jefe de Punta Arenas Fernando Dobson solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos, Valesca Andrea Segovia Ojeda, Luis Villarroel Villarroel y Miguel Ángel Raniele Aguilar, sin embargo la defensa de los imputados, representada por Guillermo Ibacache, se negó argumentando que los antecedentes presentados por la fiscalía son débiles, especialmente en los de Villarroel Villarroel, puesto que no hay un argumentos sólidos que pueda probar su participación en este delito.

A la luz de los antecedentes presentados tanto por la fiscalía y la defensa es que el juez Cristian Armijo  decretó la prisión preventiva de Valesca Segovia Ojeda y Miguel Raniele Aguilar, sin embargo por falta de antecedentes denegó la prisión de Villarroel Villarroel, obligando al fiscal Dobson a tener que elevar la discusión a la Corte de Apelaciones, la que tendrá que resolver el futuro procesal de este último imputado.

 El plazo de investigación para este caso se estableció en cinco meses.