El invisible gasto electoral – Javier Solis – Opinión

Aparte de la enorme brecha comunicacional entre quienes apostaban al Rechazo para Reformar y los simpatizantes del Apruebo, el proceso plebiscitario del 25 de octubre pasado acarreaba otra singular desproporción para quienes estamos por primera vez en estas lides. ¿Por qué no decirlo?: Una singular diferencia para gastos en campaña que, siendo legal, parece no tener justificación en la actual situación del país.
Para conocimiento de mis lectores, debo señalar de manera simple que el Servel autoriza a cada candidato o partido político un monto tope de dinero para financiar campañas políticas. Estas sumas son por candidato y son realmente abismantes: En Magallanes el tope máximo que puede gastar un candidato es de $ 88.406.637.- La suma se incrementa en la medida de que los distritos tengan más electores y es así que, en los de la Región Metropolitana y otros, estos ascienden hasta un total de $ 468.847.550.-, POR CADA CANDIDATO. Si estimado amigo, leyó bien.
El mismo sistema ha establecido un mecanismo para participar en el proceso y nos encontramos con que algunos de los partidos políticos, que solo tuvieron que inscribir sus listas de candidatos, reunirán una cantidad indiscriminada de recursos de donantes particulares (encubren los aportes de las empresas) para lograr ese financiamiento y posicionarlos con miras a que sean electos.
La lucha por los votos, entonces se traduce en la cantidad de veces que el postulante ocupa medios de comunicación, paga para que se le hagan entrevistas, confecciona cantidades aberrantes de afiches, “palomas” y toda la oferta del mercado del marketing y luego la contratación de brigadistas.
La situación de los postulantes independiente está en el pie de una altísima montaña, pues salvo casos contados la mayoría no cuenta más que con sus propios recursos. Si pedir que firmen nuestros patrocinios fue complicado, pedir apoyo económico para ayudar a financiar la campaña resultará una molestia, a pesar de que el desafío emprendido es para beneficio de la comunidad.
El mecanismo que se debe ocupar es a través del Servel que controla los gastos y que impedirá el mal uso de recursos, impidiendo que algunos autofinancien toda su campaña. El procedimiento espanta a quienes queriendo ayudar no están acostumbrados a realizar malabares administrativos. En fin. Es un tema complejo frente a la profusa propaganda partidaria que pululará y que eclipsará a la ciudadanía y donde los de menos recursos apenas se notarán. Los partidos los promocionarán junto a concejales y alcaldes y allí se aliviarán un poco, pero ¿y los demás?: será con ahorros, con créditos bancarios o los aportes voluntarios de amigos.
Si ya la danza de miles de millones de pesos que el Estado a través del Servel deberá reembolsar a los partidos y candidatos resulta impresionante, el proceso resulta agraviante a la conciencia de muchos millones de personas que no tienen para aportar ni $ 1.000.- para su candidato. Ojo con el exceso de propaganda de algunos que puede ser insultante a la conciencia social. Los ciudadanos deben tener la debida claridad para descubrir el verdadero objetivo detrás de tanto posicionamiento que se contrapone al cambio que se quiere construir.
Nuestra campaña está consciente de esta realidad y será austera, por lo que pido a cada uno de mis adherentes sea un repetidor y como un efecto multiplicador llegar a todos los sectores de nuestra región.