Gobierno decide suspender el segundo vuelo licitado de expulsión de extranjeros
El Departamento de Extranjería explicó que se debió a una petición de antecedentes desde Venezuela y se reprogramará, pero organizaciones añadieron que recursos de protección influyeron en la cancelación.
Este domingo estaba programada la segunda expulsión de extranjeros desde un vuelo licitado en una aerolínea comercial, desde Iquique a Caracas, a cargo del Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, el viaje en el que 24 personas serían sacadas del país fue suspendido.
La directora nacional del Servicio jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, informó que el viernes se efectuaron detenciones de personas migrantes y órdenes de expulsión. El servicio, junto a las clínicas jurídicas de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales presentaron recursos de amparo durante la tarde de ese día. ‘Las personas fueron liberadas y según lo que algunos de nuestros usuarios nos manifestaron, se les indicó que el procedimiento simplemente se había suspendido’, dijo.
Frente a la cancelación del vuelo, el Departamento de Extranjería y Migración explicó a este diario que ‘el vuelo de expulsión fue reprogramado debido a la solicitud que nos hizo el gobierno de Venezuela en orden a disponer de mayores antecedentes respecto de las personas sujetas a expulsión que abordarían el avión. De esta manera, el vuelo se materializará en el corto y mediano plazo, tal como se ha venido desarrollando, en coordinación con el gobierno venezolano’.
La entidad agregó que ‘la reprogramación de este operativo no está asociada al procedimiento y debido proceso, como lo demuestran la jurisprudencia y los fallos en la materia. Es común que organizaciones busquen impedir expulsiones, ya sea por condenas por tráfico de drogas o ingreso clandestino, pero la política de ordenar la casa y materializar expulsiones, lo que está definido en la ley y es común en todas las naciones, beneficia a nacionales y extranjeros residentes’.
No obstante, el abogado de Simons & Viveros y representante de Migración Diversa, José Manuel Simons, quien junto al abogado Williams Viveros presentaron recursos de protección el 7 de mayo, indicaron que ‘la cancelación del vuelo fue precisamente porque las órdenes de no innovar detuvieron que pudieran meter a personas en ese avión. Eran 24 personas, pero como esta vez estuvimos más pendientes, pudimos actuar más rápido’.
Ureta añadió que ‘esta situación nos parece intolerable. Esta norma da un plazo de 180 días para salir del país, sin ser sancionadas, a las personas que ingresaron, posterior al 18 de marzo de 2020 por paso no habilitado, para hacer el proceso correspondiente, solicitando visas en consulados chilenos en el exterior’.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta argumentó en un fallo del 6 de mayo que acogió unos amparos que ‘las resoluciones exentas se tornan en ilegales desde que las mismas presentan como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo, con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia, dictándose, sin embargo, actos administrativos que materializan la máxima sanción —expulsión—, lo que ilustra la desproporcionalidad de las medidas, afectándose la libertad ambulatoria de los amparados’.
Plan de expulsión
El primer vuelo de estas características se realizó el pasado 25 de abril con 55 migrantes venezolanos.
Fue el primer traslado de ese tipo que no se realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y fue el vuelo inicial de un total de 15 licitados por el Ministerio del Interior para este año en una aerolínea comercial.
