Royalty, un primer paso en la tan ansiada mayor autonomía para Magallanes | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes
El día miércoles pasado fue un día histórico en el camino hacia la descentralización en Chile, ya que el Congreso despachó la nueva ley de Royalty Minero. Dicha medida modifica el impuesto específico a las grandes mineras y distribuye US$450 millones a las regiones y comunas del país. Innegablemente esta ley provee de mayor justicia territorial, beneficiando a los Gobiernos Regionales y aumentando en cerca de un 20% sus ingresos en total. Específicamente, para el caso de la Región de Magallanes los recursos beneficiarán a la mayoría de las comunas de la zona, aportando más de $10.700 millones.
Respecto a lo anterior, también es fundamental señalar que estos ingresos serán transferidos directamente desde el Gobierno a los Gobiernos Regionales, siendo administrados por estos últimos de manera propia. Aquello, da cuenta de una descentralización fiscal que avanza decididamente, con facultades para administrar los fondos con autonomía, sin tener que depender de la Dirección de Presupuestos que rige al Gobierno, es decir, reduciendo la burocracia en la entrega de recursos y dejando en el pasado a la centralización de recursos.
En tal sentido, los dineros serán distribuidos bajos tres fondos. En primer lugar, a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo destinados al financiamiento de inversión productiva. En segundo lugar, Fondo de Comunas Mineras que está visualizado para las comunas mineras que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad. En tercer lugar, vía Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que van en dirección a las comunas más vulnerables del país que tienen poca capacidad de generar recursos propios (beneficiando a 300 comunas del país y a cerca de 11 millones de personas).
Si bien esta política impulsada por el Gobierno tiene en consideración que la autonomía en la toma de decisiones es fundamental al momento de ser un país descentralizado, también hay plena conciencia de que aquello debe ir de la mano con transparencia y una clara rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos. Por lo mismo se fortalece la participación ciudadana al momento de resguardar la probidad, se creará una regla fiscal regional que será regulada por el Ministerio de Hacienda y se exigirá a los Gobiernos Regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.
Este avance, sumado al proyecto Regiones más Fuertes, dan cuenta del verdadero compromiso del Gobierno por descentralizar el país, un discurso que no se queda sólo en palabras. Cuando el Presidente se comprometió a darle más poder a las regiones, es justamente a este tipo de medidas a las que nos referimos. Y, a pesar del rechazo de sectores extremos o del mismo Diputado Matheson, se implementa la ley que más avanza en descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia.
