Comisión Chilena de Derechos Humanos plantea críticas al texto que discutirá el Consejo Constitucional

La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea manifestar su preocupación por
el texto aprobado por la denominada Comisión Experta, pues significa un grave
retroceso en materia de Derechos Humanos para nuestro país. Pese a contar con
un catálogo de derechos fundamentales, es alarmante cómo muchos de ellos son
reflejo de un reconocimiento meramente formal, sin contenido sustantivo ni esencial.

Este preocupante retroceso queda en evidencia pues la propuesta de texto
constitucional desconoce que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
que incluye el principio de Ius Cogens, la jurisprudencia internacional y los principios
generales del Derecho Internacional Público, deben ser el marco referencial
obligatorio de las demás disposiciones, soslayando las obligaciones contraídas por
el Estado de Chile al momento de suscribir y ratificar los diversos tratados
internacionales sobre la materia, que son las de respetar y garantizar los derechos
humanos allí consagrados. Además, omiten el carácter supraconstitucional de los
derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues se decide
entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales
al ordenamiento jurídico interno.

El nuevo texto conserva la esencia de la Constitución de 1980, impuesta por la
Dictadura cuyo proyecto de sociedad consagrado normativamente, tanta
vulneración a los derechos más esenciales ha provocado a millones de chilenos y
chilenas, especialmente en materia de derechos sociales. En efecto, el texto se
limita a una simple referencia de los elementos prestacionales de los derechos
fundamentales, limitándose a señalar que serán otorgados por el Estado o
particulares. En esa misma línea, la propuesta constitucional mantiene el carácter
subsidiario del Estado, lo cual se refleja en el uso reiterado de la conjunción “y” en
vez de “o”, aludiendo a una coexistencia permanente obligatoria de entes públicos
y privados, y comprendiendo al Estado como un contratante o competidor privado
en sus actos prestacionales que no debe afectar la libre competencia ni el derecho
a dominio garantizado en la misma Carta Fundamental.

Esta reprochable situación también se expresa en la regulación constitucional del
derecho a la educación, donde se mantiene una primacía sustancial de la libertad
de enseñanza por sobre el derecho mismo de recibir educación y su contenido
esencial. En la práctica, se garantiza una modalidad concreta de la libertad
económica y contractual, como también, del derecho de propiedad ampliamente
sobreprotegido en la propuesta, en vez de garantizar el derecho a la educación de
las personas.

Es preocupante además, que el texto tipifique un delito penal a nivel constitucional,
el terrorismo, confundiéndolo además con lo que constituyen los delitos contra la
seguridad del Estado, una de las herencias más sensibles y cuestionadas del orden
constitucional legado por la dictadura.

En materia de sistema político, se propone un determinado porcentaje arbitrario y
alto de votos válidamente emitidos para conservar la legalidad a los partidos
políticos, vulnerando con ello la libertad de asociación, expresión, pensamiento,
conciencia y los derechos políticos de las personas, como también, fomentará la
lejanía de la institucionalidad con la misma ciudadanía que gobierna o administra,
la falta de legitimidad, la poca o nula participación cívica y el desarrollo de
tecnócratas y burócratas que deformarán las instituciones y poderes del Estado.
Esto último es especialmente preocupante, considerando la baja legitimidad del
sistema político actual y sus instituciones, una de las causas detonantes del estallido
social de octubre de 2019.

En definitiva, la propuesta elaborada por el Consejo de Expertos no da respuesta a
las graves problemáticas institucionales y sociales que afectan a nuestra
convivencia y por tanto, no garantizan la paz social ni el respeto de los derechos
humanos como fundamento de la plena realización de la dignidad humana a la que
aspira la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Cuando se inició el actual proceso constitucional, la Comisión Chilena de Derechos
Humanos reprochó su génesis por ser contraria a los derechos humanos y denunció
al Estado de Chile ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) por vulnerar el derecho de libre determinación del pueblo
chileno y el derecho a la participación ciudadana, ambos consagrados en los pactos
internacionales vigentes y obligatorios en nuestro país.

Hoy queda en evidencia que desconocer la soberanía popular y su libre ejercicio,
sólo tenía por finalidad perpetuar un orden social injusto que viola los derechos
humanos de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Del Consejo Constitucional,
órgano elegido para revisar el texto de la Comisión Experta y que está

mayoritariamente integrado por quienes han manifestado permanentemente su
deseo de no cambiar la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet,
sólo puede esperarse que el texto final que apruebe y sea sometido a plebiscito en
Diciembre próximo, será aún más atentatorio a los derechos humanos de los
chilenos y chilenas.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 7 de Junio de 2023.-