La Dipres, Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, informó que se recogieron las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial y respondió diversas consultas de los parlamentarios, en orden a: límites de las transferencias a entidades privadas sin fines de lucro, sanciones y fiscalización, entre otras.

Un análisis sobre las nuevas disposiciones sobre transferencias de recursos a entidades privadas sin fines de lucro en el marco de Ley de Presupuestos 2024 entregó la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que preside el senador Ricardo Lagos Weber. Ello, en el marco del inicio de la etapa deliberativa del trámite del erario y que se inició con la exposición del Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas. (Vea nota relacionada)

En la oportunidad, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio cuenta que existe más de un millar de cambios normativos destinados a «aumentar los estándares en el uso de los recursos públicos», ello a raíz del denominado caso convenios y transferencias directas de recursos públicos a entidades sin fines de lucro.

El proyecto “refuerza el artículo 23 e incorpora nuevas disposiciones relacionadas. Uno de los principales cambios es que a partir de 2024 se terminará con las asignaciones directas, excepto por las que estén explícitas en la ley, ya que el mismo artículo 23 señala que el concurso será obligatorio para realizar cualquier transferencia a una institución privada, sea de capital o corriente” afirmó Martínez.

Asimismo, se informó que en este erario se recogieron las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial en orden a:

• Unificación y armonización del marco regulatorio aplicable a IPSFL
• Regulación de glosas
• Clarificar el objeto del gasto en las transferencias corrientes y de capital
• Fortalecer la evaluación y monitoreo del gasto capital
• Ampliar la cobertura del Sistema de Rendición de Cuentas (SISREC)
• Homologar el proceso de Compras Públicas en el proceso de adjudicación vía transferencias corrientes y de capital.
• Mejorar la calidad de la información presupuestaria para usuarios y usuarias
• Eliminar el rango de las 7.000 UTM de la inversión, previsto en la Ley de Gobiernos Regionales
• Normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común.

Los senadores y senadoras: David Sandoval, José Miguel Insulza, Alfonso De Urresti, Yasna Provoste y Ricardo Lagos Weber, entre otros, si bien coincidieron en valorar las medidas introducidas plantearon diversas inquietudes respecto al límite de las transferencias directas, sanciones y planes de fiscalización de los diversos programas y glosas, entre otras.

Otro tema que concitó la preocupación de la instancia fueron los recursos destinados a los gobiernos regionales, ante lo cual la directora de Presupuestos explicó que “si uno mira el total de los gobiernos regionales, el aumento es $95 mil millones que son los correspondientes al fondo puente del royalty. El tema es que como algunos gobiernos regionales bajaron su asignación de recursos por FNDR, por equidad interregional y, al mismo tiempo, pudieron haber aumentado por royalty, no ven necesariamente el efecto total del royalty… Esto va a ser materia de discusión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos”, señaló.

En esa línea, el senador Lagos Weber anticipó que “en el tema del aporte del royalty minero a las regiones y el erario “vamos a tener una conversación más en profundidad, según mi intuición”, advirtió.