Informe de Contraloría detectó irregularidades, errores, faltas de control y desórdenes administrativos del MINEDUC en proceso de instalación del SLEP
El pasado 18 de octubre, la Contraloría emitió su informe final de auditoría sobre el proceso de implementación e instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), nueva institución que reemplaza a los municipios como sostenedores de las escuelas.
- La entidad revisó la labor realizada en esta materia tanto por la Subsecretaría de Educación como por la Dirección de Educación Pública (DEP) entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2022.
- Para su revisión, la auditoría seleccionó a los SLEP de Licancabur, Iquique, Punilla Cordillera, Maule Costa, Magallanes y Aysén.
En un informe de 111 páginas, la Contraloría General de la República detectó varias irregularidades, errores contables, falta de control y vigilancia y desórdenes administrativos, instruyendo tanto a la subsecretaría como al DEP corregir las situaciones y la realización de investigaciones sumarias para algunos casos más graves. Entre otros aspectos, la investigación de Contraloría estableció:
- Un incremento promedio del 52,8%, respecto del presupuesto del año 2022 al 2023, en relación al proceso de implementación de los SLEP, sin justificación.
- Se constató falta de supervisión por parte de la Subsecretaría de Educación, respecto al informe obligatorio que debieran entregar las municipalidades sobre el sistema de traspaso de los establecimientos educacionales a los mencionados servicios. Entre otras cosas, los municipios no entregaron un inventario valorizado.
- “No consta que la subsecretaría haya solicitado la entrega por parte de los 37 sostenedores de los informes de deuda, obligaciones previsionales, proveedores de bienes y servicios, entre otros, incumpliendo de esta forma la supervisión”.
- Respecto a la rendición de los recursos otorgados a los Servicios Locales de Educación Pública que iniciaron sus funciones en el año 2022 y 2023, se verificó que la Dirección de Educación Pública no realizó la revisión de las rendiciones de los aportes y transferencias.
- Tampoco la DEP se coordinó con las Seremis y la Superintendencia de Educación para controlar los gastos rendidos por los sostenedores.
Falta de control. El 24 de octubre de 2022 se aprobó la nueva organización interna de la Dirección de Educación Pública, organismo que supervisa los SLEP, pero dejó sin control a la división encargada del equipamiento e infraestructura y mobiliario de los establecimientos educacionales.
- El informe de Contraloría señala que la División de Infraestructura y Equipamiento Educacional depende directamente del Director, pero la división no es supervisada en su gestión administrativa, financiera ni en el cumplimiento de sus compromisos.
- “Lo anterior, implica un riesgo asociado al proceso de control, gestión administrativa y seguimiento del cumplimiento de las iniciativas institucionales”.
- No consta que se esté dando cumplimiento a la política de gestión de riesgo de la DEP. Durante los años 2020, 2021 y 2022, el Subdepartamento de Auditoría Interna de la DEP no efectuó revisiones a la implementación de los SLEP.
- En el caso de la subsecretaría de Educación, tampoco se visualiza que haya realizado gestión de riesgo. Aunque la subsecretaría respondió que esto es responsabilidad de la DEP y que ellos no pueden interferir ya que se trata de órganos autónomos, Contraloría en su informe sostiene que “independientemente de que se hayan delegado funciones en la DEP y que aquella sea la encargada de coordinar el traspaso de los SLEP, le corresponde a la Subsecretaría de Educación, en su calidad de órgano rector, ejercer la coordinación de todas las partes del sistema educacional”.
Lea aquí y descargue el Informe completo:
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/d0d818e8097c420d7a4db02b820efec8/html
