Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos de Ecuador denuncia situación de inseguridad
La declaratoria de estado de excepción con sus consecuencias de limitación y suspensión de garantías constitucionales, agravada con medidas como el toque de queda, nunca es una buena noticia para la comunidad, de ahí que las autoridades deben ser extremadamente rigurosas en su aplicación, para evitar perjudicar los derechos de las personas.
La situación de inseguridad y violencia delictiva que afecta al Ecuador, y que ha llevado a que agrupaciones del crimen organizado desafíen al propio estado y amenacen a sus más altas autoridades dan cuenta de la extrema gravedad al que ha llegado la crisis ecuatoriana.
Coches bomba, secuestros de agentes del Estado, copamiento violente de los penales; fugas de los cabecillas de las bandas criminales como acaba de ocurrir con José Adolfo Macias Salazar alias “FITO” líder de la banda de los “Choneros” y de Fabricio Colon Pico alias el “SALVAJE” líder de la banda de los “Lobos”, vienen a exacerbar el clima de zozobra e inseguridad que afecta a la población ecuatoriana que ya viene siendo víctima de una ofensiva criminal traducida en asesinatos, secuestros extorsivos, “vacunas”, etc.
Esta situación ha llegado al extremo de que las bandas criminales “Declaran la Guerra” al Estado ecuatoriano, sus autoridades, sus fuerzas de orden y en definitiva a su población.
Nunca antes en la historia del país se ha verificado una situación semejante. Es imperativo entender que esta guerra amenaza los cimientos mismos de la sociedad democrática, cuya primera obligación es la de garantizar la seguridad y la vida de sus habitantes.
El Estado como la estructura institucional que articula a la sociedad, recibe de esta el mandato, el poder y los recursos para que este cumpla su cometido garantizador.
El Estado no puede ni debe claudicar ese poder emanado de la nación ante organizaciones violentas de cualquier tipo que lo desafié.
Es también preciso entender que el reto formulado por estas organizaciones criminales constituye una “prueba de fuego” para la capacidad de respuesta del estado. Si este claudica, habrán ganado la partida los antisociales, empeñados en destruir a la comunidad democrática y sus instituciones y por ende someter al conjunto de la sociedad a un nuevo poder mafiosos, violentos e implacablemente cruel.
La población y las autoridades, deben cerrar filas en este momento doloroso de la patria para enfrentar con contundencia y eficacia a los antisociales y restablecer en el menor tiempo posible la paz, la seguridad colectiva del imperio de la ley, que garanticen a todos la plena vigencia de sus derechos humanos y el desarrollo libre y armónico de la sociedad.
DR. JUAN DE DIOS PARRA.
SECRETARIO GENERAL
ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS, ECUADOR.
