Alcalde José Gabriel Parada se refiere a procedimiento de Fiscalía y PDI por caso Fundación ProCultura | Contratación fue con autorización del Concejo Municipal de Porvenir

Esta mañana de miércoles 20 de marzo, la Fiscalía y la PDI procedieron a realizar un procedimiento para levantar evidencia para la investigación de los convenios entre el GORE y la Fundación ProCultura.
Cabe recordar que la contratación de la Fundación Procultura se realizó con la autorización del Concejo Municipal de Porvenir.
Ante este procedimiento, la Municipalidad de Porvenir emitió la siguiente declaración, esta tarde de miércoles 20 de marzo: «Con fecha de hoy se han desarrollado diversas diligencias en la Municipalidad de Porvenir y otras instituciones públicas consistentes en solicitud de documentos, declaraciones de funcionarios e incautación de información de computadores municipales asignados a algunos directivos y funcionarios; todo lo anterior en el marco de la investigación convenios.
Al respecto la Municipalidad viene en informar lo que sigue:
- Se dieron todas las facilidades e instrucciones para dar celeridad a las diligencias, en el entendido que sólo la máxima colaboración contribuye a restaurar la fe pública.
- La Municipalidad y el alcalde están asistidos por la convicción que, a diferencia de otros casos, la ejecución del programa Pequeñas Localidades, por parte de la Fundación Procultura, se efectuó de conformidad a las normas de contratación y de control necesarios para cautelar los intereses fiscales y sin transferencia directas. Se celebró un contrato cuyo pago se efectuaba a medida que se cumplían con las prestaciones ofrecidas.
- Debemos agregar que, en pos de la transparencia y celeridad en esta investigación, que en la etapa previa todos los funcionarios requeridos prestaron la competente declaración ante investigaciones y se hizo entrega de toda la documentación pertinente.
- Esperamos que al finalizar esta etapa necesaria de investigación se reafirme lo que ya sabemos en nuestro municipio: que se actuó dentro de la legalidad ejecutando un contrato de manera adecuada y con la correspondiente fiscalización, no existiendo delito alguno.»