No existe relación entre la delincuencia y migración en Chile | Informe de la Defensoría Penal Pública
La afirmación de que el aumento de la delincuencia se vincula directamente con los migrantes o extranjeros no tienen asidero en las cifras. A nivel nacional, en 2021 las personas extranjeras representaron solo el 5,6 por ciento del total de causas ingresadas a la Defensoría Penal Pública (17 mil 346 de un total de 310 mil 723), mientras que las extranjeras sumaron un 5,3 por ciento del total de causas de mujeres (2 mil 942 de un total de 55 mil 402).
En otras palabras, el porcentaje es tan bajo que no puede tener una injerencia relevante en los fenómenos criminales ocurridos en el país.
El informe CRIMINALIDAD Y MIGRACIÓN: UNA RELACIÓN IMAGINARIA DE LA QUE DEBE HACERSE CARGO LA DEFENSA PENAL, publicado en 2024, elaborado por Alejandro Gómez Raby y Rodrigo Lillo Vera, abogados Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE), Defensoría Nacional, pone de relieve el problema desde el punto de vista de la realidad de las cifras reales disponibles.
«El fenómeno que se ha producido en esta parte del país,
seguramente, responde a una figura que se ha diseminado a
lo largo de la región y que se vincula con el crimen organizado.
Gran parte de los imputados presos corresponde a lo que se
ha denominado ‘burreros’ o ‘mulas’, es decir personas que son
utilizadas por otras para el traslado de drogas a cambio de
un pago, en general, en dinero. En esta actividad, al ‘burrero’
le corresponde apenas una mínima responsabilidad dentro
de la actividad criminal, que responde a una diversidad de
actores con distintos roles.»
Señala el informe: «estos dos factores, fenómeno criminal de utilización de personas en situación de vulnerabilidad y el sesgo proveniente de la percepción ciudadana, ayudan a explicar el hecho de que en las cárceles chilenas (especialmente en el norte del país) los extranjeros estén sobrerrepresentados.
Pero la consecuencia de esta sobrerrepresentación no es sólo la mayor probabilidad que tiene un extranjero de ser objeto de una prisión preventiva, sino también las malas condiciones en las que ésta se desarrolla.»
«Esto es así, pues en general ocurre que las y los extranjeros privados de libertad se encuentran más aislados que el resto de los reclusos (porque su familia se encuentra en otro país), las barreras idiomáticas (muchas de estas personas son indígenas y hablantes del quechua o aymara) les generan barreras
de comunicación y el racismo y la discriminación al interior de los penales se traduce en malos tratos de los funcionarios penitenciarios y de los otros privados de libertad», señala el Informe.
Los efectos de este trato, a su vez, se traducen en nulas posibilidades de acceder a reinserción social, escasísimas opciones de obtener beneficios intra-penitenciarios y, también, mayor probabilidad de sufrir violencia al interior de las cárceles.
Lea aquí el Informe:
