El atentado terrorista contra la parroquia Fátima de Punta Arenas en 1984 | Historia y Memoria

En la madrugada del 6 de octubre de 1984, la ciudad de Punta Arenas se estremeció con una violenta explosión. Era la detonación de una bomba en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el corazón de la Población 18 de septiembre, que causó graves destrozos y afectó a decenas de viviendas cercanas. En medio de los escombros se encontraron los restos de una persona y, en las cercanías, panfletos de la Asociación Chilena Anticomunista (ACHA). Posteriormente se identificó a la persona fallecida como el teniente del Ejército Patricio Contreras Martínez; su identificación militar fue encontrada en las cercanías de la Parroquia.
Este atentado fue perpetrado siendo Obispo de Punta Arenas, Tomás González Morales, uno de los obispos emblemáticos de la batalla histórica por la democracia y la libertad.
La dirección del Destacamento Especial de Inteligencia N° 5 del Ejército (DEI-5), determino poner la bomba con el evidente propósito de aterrorizar a la población de Punta Arenas y a la oposición a la dictadura en Magallanes. Fue así como se encargó la tarea al Teniente de Ejército Patricio Enrique Contreras Martínez y al suboficial Milton Muñoz.
El atentado terrorista contra la Parroquia Fátima de Punta Arenas, perpetrado por oficiales de Ejército, es uno de los pocos casos en la Historia de Chile de un atentado en contra de la Iglesia Católica.
Nuestra Señora de Fátima había sido uno de los centros importantes de la organización social contra la dictadura en la ciudad de Punta Arenas. En febrero de ese mismo año salió desde este local un gran grupo de personas que se sumó, en la Plaza de Armas, a un repudio enérgico y masivo por la presencia del dictador Augusto Pinochet en la ciudad, hecho conocido como el “Puntarenazo”.
En la región, la dictadura reprimió a la iglesia católica comprometida en la defensa y protección de los derechos humanos desde los primeros días después del golpe de Estado. El Obispo de Punta Arenas, Tomás González, denunció varios atentados y persecuciones, con hechos como el asalto y allanamiento al colegio de San Miguel y al Convento de las Hermanas de la Caridad, amedrentamientos, atentados, violencia física a lugares eclesiales y contra miembros de la iglesia.
Los recursos judiciales interpuestos por el atentado a la Parroquia de Fátima siguieron largos años de interrumpida investigación sin que nunca se obtuviera justicia. El proceso judicial determinó que se trató de un atentado terrorista. Sin embargo, en el año 2009 la Corte Suprema sobreseyó a los miembros del Ejército que habían sido procesados por este hecho y cerró definitivamente la investigación, confirmando la prescripción.
La causa judicial por el atentado terrorista de Fátima.
Tras ocurrir el atentado en 1984, la investigación fue conducida por la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Mirtha Fuentes, actualmente retirada del Poder Judicial. En la época se acreditó la muerte del teniente Contreras, producto de la detonación del artefacto explosivo en la parroquia del barrio 18 de Septiembre, sector alto de la ciudad. El caso fue sobreseído en 1987 al no identificarse más participantes en el hecho.
La causa fue reabierta en mayo de 2000, luego que durante la investigación por la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez, instruida en Santiago, declarara el suboficial en retiro Humberto Olmedo Álvarez, quien prestó servicios en la Dirección de Inteligencia del Ejército y en 1984 participó en la investigación sumaria interna para aclarar las responsabilidades por el bombazo.
En esta investigación se habría determinado que junto al teniente Patricio Contreras habrían actuado otras personas de la inteligencia militar. El oficial, quien en aquella época tenía 28 años, pertenecía al Destacamento Especial de Inteligencia Nº5 del Ejército.
Al reabrirse el caso y tras diversas diligencias, el ministro Campos dictó el sobreseimiento que fue confirmado por la Corte de Apelaciones por tres votos a uno. La Iglesia, como querellante, apeló a la Corte Suprema y ésta revocó el sobreseimiento volviéndose a reabrir la causa a mediados del presente año.
Nuevas diligencias. El ministro sumariante dijo que en el marco de estas diligencias se tomó la declaración de los tres militares retirados el martes último, quienes luego de permanecer en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fueron escoltados por personal de Investigaciones, quienes los llevaron al regimiento Pudeto en calidad de detenidos e incomunicados.