Las migraciones en la encrucijada del desarrollo social inclusivo | CEPAL

(Extracto del Capítulo II página 53 de “Reducir la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe”, CEPAL, octubre 2024).  

En los últimos cinco años, los flujos migratorios dentro de América Latina y el Caribe se han duplicado. En 2020, la población migrante de la región ascendía a 43 millones de personas, de las cuales 11,3 millones eran migrantes intrarregionales[1]. En estos procesos existen diversas causas motivadoras, como las crisis económicas, los conflictos políticos, la vulnerabilidad a situaciones de violencia, los desastres y la reunificación familiar, así como la búsqueda de mejores oportunidades en regiones con niveles más elevados de desarrollo. [2]

En general, los jóvenes son el grupo etario más propenso a asumir los costos y riesgos de emigrar en busca de mejores horizontes y presentan una mayor disposición a formar parte de la fuerza de trabajo y a hacerlo incluso en condiciones de trabajo precario. Además, la tasa de desocupación entre las personas migrantes tiende a ser inferior a la de las personas no migrantes. En muchos casos, ello va unido a una mayor precariedad laboral y a la falta de acceso a protección social, dada la urgencia por encontrar trabajo remunerado.[3]

Si bien la migración se traduce en un impulso a la productividad, la innovación y la multiculturalidad, los flujos masivos y repentinos de migrantes ejercen una gran presión sobre los servicios públicos, tensionando la capacidad de los países para otorgar una cobertura adecuada de servicios básicos e incrementando los índices de pobreza [4]. A esto se suma, en muchos casos, una sensación de que los migrantes compiten con la población local por los trabajos, lo que favorece la xenofobia y las situaciones de violencia y exclusión. Sin embargo, estas percepciones no se condicen con la realidad, y muchas veces surgen incluso cuando el impacto económico de los migrantes es positivo en los países de destino.[5] Por ejemplo, según cifras de la CEPAL[6], los migrantes en Chile pasaron de aportar un 1,8% del PIB en 2009 a un 11,5% en 2022, mientras que, en la República Dominicana, esta cifra subió del 5,5% en 2010 al 8,7% en 2022, y en Colombia, del 0,4% en 2010 al 4,8% en 2022. Por otro lado, los migrantes contribuyen también a la economía a través de las remesas que envían para satisfacer las necesidades básicas de sus familias en los países de origen. En el último decenio, las remesas han aumentado de manera constante, especialmente durante la pandemia, ya que registraron un incremento interanual del 26% entre 2020 y 2021 y del 9,3% entre 2021 y 2022. En 2022, estas remesas llegaron a representar alrededor de un quinto del PIB en países del Caribe y Centroamérica como El Salvador (23,8%), Haití (22,5%), Jamaica (21,2%), Nicaragua (19,9%) y Guatemala (19,8%).[7]

La vulnerabilidad de las personas migrantes en los países de destino es motivo de especial preocupación, en particular en el período inicial de instalación, en que los riesgos de inclusión precaria son mayores. Esta vulnerabilidad puede llegar incluso a derivar en aislamiento cuando no cuentan con redes preexistentes, lo que puede hacer que tengan menos posibilidades de acceder al mercado laboral formal o que consigan trabajos para los que están sobrecalificados. Durante la pandemia, los migrantes se encontraron en una situación de especial vulnerabilidad. Por un lado, ya no tenían la capacidad de volver a emigrar o de retornar a sus países de origen, y por otro lado, la situación afectó sus perspectivas laborales y su capacidad de generar ingresos[8]. Para resolver estos problemas, se requieren políticas a nivel nacional y acuerdos regionales destinados a abordar los desafíos que se plantean en materia de protección social, considerando las necesidades de las personas migrantes en las distintas fases del ciclo migratorio[9].

La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, en su eje 1, plantea la necesidad de incluir en los sistemas de protección social a las personas migrantes, visibilizando los desafíos específicos que enfrentan para acceder a ellos, así como de garantizar dicho acceso en todas las fases del ciclo migratorio, contribuyendo a la construcción y el fortalecimiento de acuerdos de portabilidad de derechos a la seguridad social. Por otra parte, en la línea de acción 2.13 se señala la necesidad de impulsar acciones para reconocer y valorar las contribuciones positivas de los migrantes en los países receptores y de origen, estableciendo instrumentos públicos para la atención de los fenómenos migratorios y, emprendiendo acciones para favorecer la inclusión de las personas migrantes en los sistemas de educación y salud, y su acceso al trabajo decente[10].

[1] “Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe: propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, CEPAL, 2024.

[2] “Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas”, Maldonado, Martínez y Martínez, 2018, CEPAL.

[3] “Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023.”, CEPAL.  

[4] “Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional”, CEPAL, 2019.

[5] “Un mundo mejor para la población migrante en América Latina y el Caribe”, Cruces y otros, 2023.Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

[6] “Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023.”, CEPAL.  

[7] Ídem.

[8] Ídem.

[9] CEPAL, 2019, Op. Cit.

[10] “Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo”, CEPAL 2020.