La frontera olvidada del tráfico de migrantes en el Darién | Beatriz Vicent | Insight Crime
Tras una larga travesía sobrevolando un mar de árboles, el océano comienza a vislumbrarse desde la ventanilla del pequeño avión. El inmenso Pacífico se encuentra con la selva del Darién en la remota localidad colombiana de Juradó, en el noroeste del departamento de Chocó.
El cielo gris y una humedad pegajosa reciben a los pasajeros del vuelo en una pista de aterrizaje que parece más un barrizal aislado entre la densa vegetación, que una zona apta para la llegada de avionetas. El alcalde del municipio, Denio Jiménez, se encuentra entre ellos.
“Esta pista costó 25.000 millones de pesos, [pero] le faltan 300 metros”, denuncia en un video para las redes sociales mientras espera su equipaje.
“El avión no pudo aterrizar en condiciones normales (…) Es peligroso aterrizar aquí”, se lamenta.
La pista, aunque incompleta, es la única conexión de esta población con el interior del país. Quibdó, la capital del departamento, se encuentra a 200 kilómetros hacia el sur y es inaccesible por tierra. Los juradoseños tardan casi tres horas en acceder por mar a Bahía Solano, la ciudad colombiana más cercana, también en la costa pacífica.
Además, para llegar al casco urbano, un territorio insular rodeado de río y océano, aún es necesario abordar una lancha y atravesar el manglar. El recorrido se demora 15 minutos.
Sin embargo, este lugar tan aislado, que a veces queda totalmente incomunicado debido a las recurrentes caídas de la señal telefónica, es “un punto estratégico para todo”, en palabras de su alcalde.
El municipio comparte frontera terrestre, fluvial y marítima con Panamá, a tan solo 19 kilómetros al norte del centro urbano, formando un corredor para el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y, más recientemente, el tráfico de migrantes entre ambos países.
VEA TAMBIÉN: Las AGC exprimen las ganancias de la migración al norte de Colombia
Desde hace años, el drama que viven cientos de miles de migrantes que atraviesan la selva del Darién por la costa caribeña ha captado la atención del mundo. Pero, en el lado pacífico del tapón, la ruta migratoria que atraviesa este remoto lugar ha crecido lentamente, ignorada por todos, excepto por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una de las principales organizaciones criminales de Colombia, que se lucra de ella.
En 2021, las autoridades panameñas reportaron un aumento significativo de migrantes que transitaban esta ruta, superando las 900 personas para noviembre de ese año. En 2023, más de 1.500 migrantes continuaron su camino hacia Centro y Norteamérica a través de Juradó.
Una historia de violencia
El escaso personal policial disponible permanece en un edificio deteriorado en la cabecera municipal, bajo las órdenes de un comandante diferente cada tres meses.
A pesar de la importancia estratégica del lugar, la ausencia de fuerza pública ha permitido que las AGC se conviertan en la autoridad de facto en el municipio, según testimonios de varios residentes, y se lucren de las economías ilícitas de la región, incluyendo el tráfico de migrantes.
Este abandono no es nuevo. Juradó fue un territorio clave para la guerrilla y los paramilitares desde los años 90, sentando las bases de su situación actual. La frontera con Panamá, junto con la capacidad de conectar el océano Pacífico con el océano Atlántico a través de las áreas selváticas del norte del Chocó, lo convertía en un punto crucial para el tránsito de bienes y personas.
El Estado no ha cumplido con su deber de garantizar la seguridad y los derechos de la población civil desde entonces, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo en múltiples alertas tempranas.
Un altar quebrado junto a la playa en memoria de Henry Perea Torres, alcalde asesinado por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en enero de 2001, es lo único que da cuenta del pasado de violencia del lugar, el cual llegó a ser tomado por casi 500 combatientes del bloque “José María Córdova” en 1999.
Paramilitares del bloque “Élmer Cárdenas”, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también protagonizaron masacres contra campesinos y comunidades indígenas en las zonas rurales desde 1996, incluyendo el asesinato del gobernador de la Comunidad Indígena Emberá Dobidá y del secretario del Cabildo Mayor Indígena de Juradó, junto con otras personas, en 1999.
Hoy en día, unos banderines de colores, desgastados por la lluvia, decoran las vacías calles del casco urbano. Frente a la alcaldía —el edificio con más movimiento de la localidad—, la dañada estatua de una paloma blanca, otrora símbolo de la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, recuerda la triste realidad del municipio.
La desmovilización de las FARC en 2016 —a raíz de la firma del acuerdo de paz— marcó el inicio de un proceso de expansión de otros grupos hacia estos territorios clave, que anteriormente estaban en su mayoría bajo el control de la guerrilla. Así, como en todo punto estratégico en Colombia, la historia de Juradó ha continuado marcada por la violencia y los intereses de los actores armados que ejercen control sobre el territorio.
Las lucrativas economías ilícitas de la zona, especialmente el tráfico de migrantes y el narcotráfico, alimentan desde 2017 las disputas territoriales entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC, heredero de las AUC.
Ambos protagonizaron un último enfrentamiento en diciembre de 2023, en la zona rural del municipio. Varias comunidades indígenas fueron confinadas o desplazadas hacia la cabecera municipal.
“Fue una guerra muy sangrienta, muy fuerte”, denuncia un funcionario público, con los ojos bien abiertos al narrar el terror que se vivió. “El pueblo quedó prácticamente solo”.
VEA TAMBIÉN: Gaitanistas concesionan el tráfico de migrantes en el Darién colombiano: informe
El conflicto terminó con la victoria de las AGC y, ahora, sobre el pueblo reina una tensa calma. Algunos vecinos expresan su temor a que el enfrentamiento se repita, hablando en voz baja por miedo a ser escuchados por algún informante del grupo.
“Nosotros somos un municipio muy olvidado”, lamenta con resignación una líder social, mientras el mar resuena de fondo.
“Y la gente llega, y nos siguen olvidando.”
La ruta migratoria
Las olas rompen con fuerza en la playa, donde grupos de gallinazos —aves carroñeras típicas de Colombia— deambulan sin descanso entre palmeras y pequeñas montañas de residuos. A simple vista, no hay nada en el horizonte más que la inmensidad del océano.
Pero, mar adentro, el paso de migrantes es cada vez más frecuente, convirtiéndose en un negocio que genera entre US$1,8 y US$2,2 millones al año en esta frontera, según estimaciones conservadoras de InSight Crime.
Hasta hace 3 años, grupos de migrantes navegaban por el río hacia El Bongo y Santa Teresita, comunidades indígenas Emberá y Wounaan, respectivamente, para atravesar el interior de la selva, explican los residentes de la zona.
Era común encontrar migrantes en la playa por las noches, despertando en la comunidad la ambición de construir una casa de paso para poder hospedarlos y brindarles acompañamiento.
La creciente presión de las AGC sobre estas comunidades y el alto número de desapariciones en la ruta hizo que esto cambiara.
El grupo armado ha extendido su control sobre todas las economías legales e ilegales en la zona, mediante el cobro de extorsiones o “impuestos”. Además, impone códigos de conducta y horarios de movilidad fluvial. El incumplimiento de sus normas supone una sentencia de muerte.
Ante el temor, las comunidades indígenas cerraron estos pasos y se desvincularon de la economía, quedando como única opción la vía marítima, más discreta y clandestina.
Cada migrante que toma esta ruta debe pagar entre US$1.200 y US$1.500 por el trayecto, que incluye 18 horas de navegación desde la ciudad portuaria de Buenaventura, en Valle del Cauca, a 368 kilómetros al sur de Juradó, y el transbordo a lanchas rápidas frente a las costas de Juradó y Bahía Solano.
Ciudadanos ecuatorianos, peruanos y chinos, quienes podían ingresar sin visa a Ecuador hasta el 1 de julio de 2024 y comenzar así la ruta hacia Buenaventura, destacan entre los migrantes que son abandonados, retenidos o, a veces, retornados a Juradó desde las playas panameñas.
A pesar de su alto costo, la ruta no está exenta de peligros. Varias personas nos cuentan cómo el mar, cuando está “bravo”, arrastra los cuerpos de migrantes ahogados o de los que son arrojados desde las lanchas tras sufrir un infarto.
“Ojalá ellos [el Gobierno] vieran a Juradó y a esta frontera desde la misma visión estratégica que los grupos armados”, lamenta una autoridad local, preocupada por la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre el ELN y las AGC por el control de las economías ilícitas de la zona.
Con altos índices de desempleo y pobreza, la población de Juradó no tiene muchas alternativas. La mayoría de los transportistas que participan en la ruta migratoria son del municipio, arriesgándose a ser arrestados en el país vecino.
“Extrañamente, no existe ni acompañamiento del Gobierno nacional, ni la suficiente fortaleza para cuidar la frontera, no existe. Y menos, inversión social”, añade.
*Sergio Saffon contribuyó a este reportaje.
