Ambiente vs ideología | Juan Marcos Henríquez | Opinión
La decisión inédita del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos de la Contraloría no es un simple trámite o una revisión de rutina, debe entenderse como un retroceso a la protección de nuestra naturaleza y una señal de alerta máxima para el futuro ambiental de Chile. Bajo la gestión de José Antonio Kast, esta medida deja claro que la prioridad es reducir las regulaciones ambientales para que los intereses económicos manden en la toma de decisiones. Al suspender los decretos relacionados con creación de Áreas Protegidas, Normas de Emisión y Calidad, o Reglamentos para el funcionamiento de la institución, como el plan para limpiar el Lago Villarrica, conservar Juan Fernández, clasificar el grado de riesgo de conservación de especies o proteger al pingüino de Humboldt, el gobierno pretende aplicar la lógica de menos permisos y más inversión. Actúan como si los ecosistemas fueran un estorbo para el crecimiento o el empleo, sin importar que mañana nos quedemos sin nada que explotar o sin planeta.
Lo que agrava más esta situación es que estos decretos no son casuales. No vienen de un capricho de un grupo de burócrata en Santiago; por el contrario, son el resultado de años de trabajo serio, de consultas a científicos y, sobre todo, de un proceso de participación donde la gente expresó sus preocupaciones. Muchos de estos instrumentos nacieron porque las propias comunidades, los vecinos que ven cómo se degradan sus lagos y sus suelos, demandaron o levantaron estas iniciativas. Al retirar los decretos, el gobierno de Kast no solo ignora la ciencia, sino que le da la espalda a la gente y desecha, sin explicación, años de diálogo democrático en los territorios.
Esta forma de gobernar es algo conocida porque es el mismo manual que han usado los gobiernos de Trump, Bolsonaro o Milei. Kast es partidario de esa ideología donde el medio ambiente es visto como el enemigo del progreso. Hace pocos días el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió acelerar la inversión diciendo que no se van a equivocar al priorizar 100 mil empleos frente a «tres arbolitos». Esa mirada, que trata a la naturaleza como algo insignificante o secundario, es la misma que dejó que la Amazonía se quemara o que sacó a Estados Unidos de los acuerdos climáticos globales. Para estos gobernantes, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad es una exageración que daña la economía. El propio Kast ha dicho que eventos como la COP25 no son más que pura propaganda y un gasto innecesario para Chile.
La causa de esta medida es puramente ideológica. El gobierno de Kast parece creer que cualquier regulación o acción de conservación es una traba que frena la libertad, especialmente económica. Falta que grite “viva la libertad carajo”. Al parece sueña con un Estado que solo prepare el camino para las grandes empresas y las leyes del mercado sean la única regulación. En términos económicos, en un extractivismo puro y duro que logre aumentar el PIB, aunque sea a costo de una crisis hídrica o la degradación de los suelos. Hasta ahora, el gobierno ni siquiera ha entregado razones oficiales, detalladas y técnicas sobre por qué tomó una decisión tan abrupta y masiva, aunque está claro que va en correspondencia con la línea ideológica de la motosierra de Milei. Esta falta de transparencia nos deja a todos en una incertidumbre total sobre cómo se va a enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Al retirar estos decretos se vulneran compromisos a los cuales el Pais se ha comprometido con la comunidad internacional. Chile le prometió al mundo proteger el 30% de sus ecosistemas para el 2030, pero la medida de Kast significa un retraso y una incertidumbre para ese objetivo. Estamos paralizando la creación de áreas protegidas y aplazando normas de contaminación que son apremiantes. El caso del Lago Villarrica es urgente porque se busca frenar el deterioro del lago debido a desechos químicos; sin embargo, pese a toda la documentación científica que lo avala, Kast prefirió proteger las ganancias de las industrias en vez del derecho de la gente al agua limpia.
¿Podemos mejorar la política ambiental y su institucionalidad? Por supuesto que sí y hay una larga discusión técnica, científica y participativa instalada. Existe un consenso que hay mucha burocracia en la tramitación de las iniciativas productivas y se ha instalado un debate transparente con la ciudadanía cómo hacer que las evaluaciones y los permisos sean más ágiles. Pero ese debate tiene que ser honesto y democrático, buscando eficiencia sin perder ni un poco de rigor ambiental. Sin embargo, lo que está haciendo este gobierno no es un intento por mejorar la situación, sino simplemente una bravuconada y un desmantelamiento sigiloso, a puertas cerradas y sin dar la cara. Por lo demás, el proceso de evaluación va en un carril de decisión muy distintos a los decretos retirados
En un país golpeado por sequías brutales e incendios feroces, flexibilizar o minimizar las regulaciones o fiscalizaciones es jugar con fuego. En un Pais con cultura extractivista disminuir reglas o protecciones, es facilitar el actual irresponsable de quienes buscan máxima rentabilidad a costa del medio ambiente. Si destruimos la naturaleza o contaminamos el medio ambiente estamos hipotecando nuestra propia subsistencia.
Seguir la política de despreciar la ciencia y la voz de las comunidades es una receta segura para un desastre. Chile no necesita un desarrollo sin control que agote los recursos y que al mismo tiempo deje los beneficios en unos pocos bolsillos (generalmente extranjeros). Necesitamos un presidente que entienda que la verdadera riqueza de nuestra tierra está en sus ríos y bosques limpios y sustentables y que los beneficios del desarrollo son para todos. No podemos permitir que la política de los «tres arbolitos» nos deje un desierto como único legado.
Juan Marcos Henríquez.
