Carta pública de ANEF Nacional sobre reducción presupuestaria del 3% en el sector Público
Respecto de la reducción presupuestaria del 3% en el sector público
Como funcionarios y funcionarias del Estado, manifestamos nuestra preocupación ante las medidas de reducción presupuestaria recientemente anunciadas, particularmente en lo relativo a su impacto en la capacidad operativa de los servicios públicos y la atención de los programas destinados a las familias más vulnerables de nuestro país.
Como trabajadores del Estado no estamos en contra de avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, dicha eficiencia debe regirse por el principio de racionalidad, esto es, optimizar y reasignar recursos sin comprometer la capacidad del Estado para cumplir adecuadamente sus funciones.
Advertimos el riesgo de que medidas orientadas al ahorro fiscal generen, en el mediano plazo, costos mayores a los que se pretende evitar, debilitando áreas clave como la fiscalización, el control y la ejecución de políticas públicas.
En el contexto actual, caracterizado por un escenario internacional complejo, las experiencias comparadas muestran que los países con mejores resultados son aquellos que combinan mercados dinámicos con Estados sólidos y capacidades institucionales robustas, capacidades y conocimiento necesario especialmente en materias normativas y técnicas que precisamente se encuentra alojado en los funcionarios del Estado y no en los de Gobierno,. Este conocimiento constituye un activo intangible de alto valor, cuya pérdida implica no solo un costo económico —por el tiempo y los recursos invertidos en la formación de dichos funcionarios—, sino también una merma significativa en la calidad y oportunidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
Por ello, hacemos un llamado a centrar el debate y el análisis en la gestión efectiva del Estado. Una reducción presupuestaria no puede, en ningún caso, realizarse a expensas de su capacidad para servir a la ciudadanía. De lo contrario, podrían generarse efectos indeseados, tales como:
• Un aumento en la evasión y elusión tributaria, con la consiguiente disminución de la recaudación, menores ingresos para el Estado que impactan la ejecución de por ejemplo viviendas con subsidio habitacional.
• Un debilitamiento de los mecanismos de control, con el consiguiente riesgo de incremento de prácticas irregulares, fraudes y casos de corrupción, tal como han advertido organizaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República.
• Una disminución del gasto en educación, con impacto directo en el acceso a la Gratuidad
• Una disminución en el presupuesto de Salud impactará la atención primaria y hospitalaria afectando naturalmente el acceso de la población más vulnerable y un sistema de salud que ya tiene enormes dificultades como las lista de espera y el acceso a especialistas, así como también el sistema GES (Garantías Explícitas en Salud) en Chile cubre actualmente 90 patologías con plazos máximos de atención, calidad y protección financiera para afiliados de Fonasa e Isapres.
En este contexto como trabajadores del Estado proponemos que los esfuerzos de austeridad se orienten prioritariamente hacia la reducción de gastos no esenciales, tales como:
- Disminución de gastos de representación.
- Reducción de costos asociados a ceremonias públicas.
- Contención del gasto en campañas publicitarias.
- Limitación en la contratación de asesorías por parte de las nuevas autoridades.
- Terminar con el financiamiento a los partidos políticos
- Fortalecer la regulación y supervisión del gasto en prestaciones de salud, en coordinación con la autoridad sectorial competente, con el objeto de evitar distorsiones en los valores pagados por el Estado, asegurando que estos se ajusten a precios razonables de mercado y resguardando un uso eficiente de los recursos públicos, considerando además antecedentes de conocimiento público que han evidenciado diferencias significativas entre los costos reales y los valores pagados por determinadas prestaciones que el Estado paga a las Isapres.
Finalmente, considerando que muchas de las nuevas autoridades se encuentran en proceso de incorporación al sector público, estimamos fundamental advertir que las lógicas de funcionamiento del Estado difieren sustancialmente de aquellas propias del sector privado. Por ello, resulta imprescindible fortalecer instancias de diálogo con los funcionarios y sus organizaciones, quienes, por su experiencia y conocimiento directo, constituyen un aporte clave para la toma de decisiones informadas y responsables.
Reiteramos nuestra disposición a colaborar constructivamente, con el objetivo de resguardar la adecuada prestación de los servicios públicos y evitar impactos negativos que puedan afectar a la ciudadanía
