El precio del combustible y el costo de gobernar | Sergio Cuitiño S. | Opinión

En medio del debate por el alza de los combustibles y los cambios al MEPCO, conviene
salir de la discusión técnica y mirar el fondo del problema, porque no se trata solo de
precios, sino de cómo se distribuyen en la sociedad los costos de un shock externo. El
aumento del petróleo responde a factores geopolíticos que Chile no controla, pero la
pregunta relevante no es si ese costo existe, sino cómo se decide enfrentarlo y quién
lo termina absorbiendo. En ese sentido, lo recordado por Mario Marcel resulta
ilustrativo: en 2022, con precios sobre los 100 dólares y en un escenario de alta
inflación, el Estado optó por mantener el MEPCO operativo, absorbiendo parte
relevante del impacto para proteger a los hogares, incluso en paralelo a un ajuste fiscal
significativo, lo que demuestra que aun en contextos estrechos las decisiones no son
automáticas, sino que responden a prioridades. Hoy se ha instalado con fuerza la idea
de que simplemente “no hay caja”, contrastando el momento actual con la crisis de
2008, cuando Chile contaba con una importante “billetera fiscal” acumulada en el
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); sin embargo, esos recursos no
desaparecieron por una mala gestión puntual, sino que fueron utilizados para enfrentar
crisis sucesivas, incluida la pandemia, donde el gobierno de Sebastián Piñera los
empleó de manera significativa. Cuando hoy se afirma que “no hay caja”, en realidad
se describe una reducción del margen de acción fiscal producto del uso de ahorros
soberanos y un mayor nivel de endeudamiento en los últimos años: Chile cuenta hoy
con menos holgura que en otros períodos, pero no está frente a un Estado sin
capacidad de actuar, y esa distinción es clave porque incluso en contextos de mayor
estrechez siguen existiendo decisiones sobre cómo se priorizan los recursos y, en
definitiva, sobre cómo se distribuyen los costos de un shock externo.

En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿para qué existe, entonces, la billetera
fiscal? ¿Para enfrentar shocks externos que afectan directamente el bienestar de las
personas, o para sostener un diseño económico que hoy enfrenta evidentes
limitaciones en el escenario internacional? La discusión no es menor, porque mientras
se argumenta estrechez fiscal para reducir mecanismos de estabilización, se mantiene
como eje central una estrategia de reactivación basada en la rebaja de impuestos,
particularmente a los sectores de mayores ingresos. Como ha advertido Ricardo Solari,
el actual contexto internacional, marcado por el alza sostenida del precio del petróleo,
impone una “cortapisa” al corazón de ese diseño, obligando a revisar sus
fundamentos; no se trata solo de una discusión ideológica, sino de consistencia,
porque en un escenario de mayor presión fiscal las decisiones sobre cómo se utilizan
los recursos públicos dejan en evidencia a quién se busca proteger y cuáles son las
verdaderas prioridades del modelo económico.

El Estado chileno, por tanto, no está quebrado: enfrenta un presupuesto altamente
comprometido, menores ingresos en el corto plazo y restricciones fiscales que limitan
el gasto adicional, lo que se asemeja más a la situación de un capitán que navega en
medio de una tormenta con recursos limitados, pero con capacidad de maniobra, que
a la de un barco a la deriva; puede no tener todas las herramientas disponibles, pero sí
tiene la responsabilidad de decidir cómo utilizarlas para proteger a su tripulación, y
sostener que no hay alternativa es, en rigor, renunciar a esa responsabilidad. En ese
marco, el debate sobre el MEPCO requiere una precisión adicional: no estamos frente
a un fondo que se agota, sino ante un mecanismo tributario diseñado para ajustar en
el tiempo la carga del impuesto específico a los combustibles y amortiguar shocks
externos, cuya operación ha estado sujeta a límites definidos por ley y que cuenta con
mecanismos de recuperación cuando las condiciones internacionales se normalizan,
por lo que no se trata de un subsidio permanente, sino de una herramienta transitoria
de estabilización; sin embargo, las modificaciones recientes no implican su
eliminación, pero sí una reducción en su capacidad de suavizar el impacto,
permitiendo que una mayor proporción del alza se traslade directamente a los
consumidores.
Las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reflejan una tesis
económica conocida: que estos mecanismos generan costos fiscales, distorsionan
precios y afectan las señales de mercado, lo que en condiciones normales puede ser
atendible; sin embargo, el escenario actual dista mucho de ser normal, porque no
estamos frente a un ajuste de mercado, sino ante un shock geopolítico externo que
eleva artificialmente los precios de la energía, por lo que trasladar completamente ese
costo no es eficiencia económica, sino amplificación del impacto.

Más aún, en economías como la chilena, y particularmente en regiones extremas
como la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde las alternativas al uso
de combustibles son limitadas y no necesariamente disponibles en el corto plazo, el
alza de precios no corrige conductas, sino que reduce directamente el bienestar de los
hogares; en estos territorios, el combustible no es un bien más, sino un insumo
esencial y necesario para la vida en general, para transportarse, para calefaccionarse,
especialmente en zonas periurbanas donde no hay acceso a gas natural, para sostener
la logística de abastecimiento desde el norte del país, de la que dependen alimentos,
vestuario y bienes básicos cuyos precios inevitablemente aumentan, e incluso para la
generación eléctrica en sectores que no cuentan con conexión a redes. Si bien en
ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales existe el uso de gas natural comprimido
como alternativa vehicular, su adopción depende de conversiones previas y de la
disponibilidad de infraestructura, por lo que no constituye un sustituto inmediato. Más
aún, las restricciones recientes en la operación de puntos de carga, como el cierre de
la planta Aramco de Avenida Eduardo Frei por diferencias comerciales entre privados,
evidencian que incluso estas alternativas pueden volverse limitadas, particularmente
cuando se produce un aumento de la demanda por sobre su capacidad habitual, en un
contexto donde otros combustibles ya resultaban poco competitivos frente al gas.

Esto
genera efectos concretos como atochamientos en los puntos de carga y una menor
disponibilidad de transporte público. Del mismo modo, aun en sistemas eléctricos
basados en gas natural, incluso con aporte compensatorio, como ocurre en Punta
Arenas, Natales, Porvenir, Cerro Castillo y Puerto Williams, los costos no son inmunes
a este tipo de shocks, ya que la dependencia de insumos importados, el tipo de
cambio, la logística en territorios aislados y los costos de operación y mantenimiento,
particularmente en lo referido a repuestos y servicios especializados asociados a los
equipos, que pueden verse presionados al alza en estos contextos, hacen que
aumentos en el dólar y en los precios internacionales se traduzcan en presiones al alza
en el costo de la energía eléctrica, ampliando así el impacto sobre el costo de vida.
Desde el punto de vista económico, esta decisión no es neutra, ya que, como muestran
la Encuesta de Presupuestos Familiares y la evidencia de organismos como la CEPAL
y el BID, los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su
presupuesto a energía y transporte, lo que amplifica el efecto de estas alzas sobre su
bienestar, mientras que el encarecimiento del diésel, insumo clave para el transporte
de carga y la distribución de alimentos, se transmite rápidamente al conjunto de la
economía. A ello se suma que el comportamiento del mercado internacional sugiere
un escenario de alta volatilidad, pero no necesariamente de alzas permanentes, ya que
diversas proyecciones apuntan a una eventual estabilización o corrección de los
precios en el mediano plazo; esto refuerza la lógica de los mecanismos de
estabilización, porque cuando los shocks son transitorios la política pública no debe
amplificarlos trasladando su impacto inmediato a los hogares, sino administrarlos en
el tiempo para evitar efectos económicos y sociales desproporcionados.
El MEPCO no elimina el costo, pero permite administrarlo, y debilitarlo implica decidir
cómo se distribuye ese impacto; por eso conviene recordar que la economía no es
neutra, que toda decisión tiene efectos distributivos y que quienes han tenido
formación técnica y experiencia en el servicio público lo saben bien, porque no existe
una única forma “correcta” de hacer política económica, sino distintas alternativas
que favorecen a distintos grupos, de modo que presentar decisiones con
consecuencias claras como si fueran inevitables no es experticia, sino una forma de

invisibilizar sus efectos. En este contexto, también resulta inevitable observar el relato
político que ha acompañado estas decisiones, donde la idea de que “Chile se caía a
pedazos” comienza a adquirir rasgos de profecía autocumplida, no porque la crisis sea
producto exclusivo de decisiones internas, sino porque instala un marco donde el
ajuste aparece como la única respuesta posible, y cuando esa respuesta se presenta
como superioridad técnica cabe preguntarse si realmente lo es o si más bien
reproduce una lógica histórica donde los costos de la incertidumbre internacional
recaen, una vez más, sobre la mayoría; a esto se suma una contradicción estratégica
evidente, porque Chile tiene una oportunidad concreta de avanzar hacia mayor
independencia energética mediante energías renovables y la electrificación de la
demanda, reduciendo así su exposición a este tipo de shocks, pero cuando se
desincentivan procesos como la electromovilidad no solo se ralentiza la transición
hacia un sistema energético más limpio y menos dependiente del petróleo, sino que
se posterga también una solución económica estructural a este tipo de crisis.
En definitiva, la discusión sobre el MEPCO no es solo fiscal ni técnica, sino una señal
clara de cómo se entiende el rol del Estado, de a quién se decide proteger y de qué
modelo de desarrollo se quiere impulsar, porque gobernar no es solo administrar
cifras, sino decidir cómo se distribuyen los costos y beneficios en la sociedad.
El Estado, en ese sentido, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de
su nación y de sus habitantes, cuya responsabilidad es velar por el bienestar del
conjunto y no de unos pocos. Administrarlo implica ejercer un principio básico de
justicia, donde quienes gobiernan tienen el deber de resguardar a la ciudadanía frente
a escenarios adversos, especialmente cuando estos no han sido generados por ella.
Y, al final, gobernar es hacerse cargo de cómo se enfrentan los momentos difíciles y a
quién se decide proteger. Por eso, no da lo mismo quién conduzca el país.