SERNAC y Fiscalía coordinan plan para enfrentar fraudes con tarjetas en Magallanes
En una reunión calificada como “provechosa y necesaria”, autoridades regionales y representantes de instituciones públicas avanzaron en la firma de un plan de trabajo conjunto entre el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Fiscalía Regional de Magallanes, con el objetivo de abordar los fraudes asociados a tarjetas de crédito y operaciones no autorizadas, un fenómeno creciente que afecta directamente a la ciudadanía.
La iniciativa se enmarca en un convenio suscrito a nivel nacional entre ambas instituciones, y busca entregar una respuesta concreta a un problema frecuente que genera efectos reales en la vida de las personas. Según se explicó, estos delitos no solo implican un perjuicio económico, sino también situaciones de incertidumbre, desinformación y dificultades para acceder oportunamente a mecanismos de defensa.
En la instancia participaron el director regional de SERNAC Magallanes, Matías Salazar, y el fiscal regional, Cristián Crisosto, quienes valoraron la articulación interinstitucional para enfrentar este tipo de delitos. Ambos destacaron la importancia de fortalecer la información que reciben las víctimas y de avanzar en mecanismos coordinados de respuesta.
Desde la Fiscalía se enfatizó que su rol en el sistema penal —investigar los hechos, determinar responsabilidades y ejercer la acción penal— es fundamental, pero insuficiente por sí solo para cubrir todas las necesidades de las víctimas de fraudes financieros.
En ese contexto, el trabajo conjunto permitirá incorporar información clave durante el contacto con las víctimas, orientándolas sobre mecanismos complementarios de protección disponibles, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.
Las autoridades subrayaron que este esfuerzo responde a la necesidad de evitar respuestas fragmentadas del Estado frente a este tipo de delitos, promoviendo una acción articulada entre la persecución penal y la protección de los derechos del consumidor.
El objetivo final de esta estrategia apunta a fortalecer la información que reciben las víctimas, de modo que puedan tomar decisiones más informadas, ejercer sus derechos con mayor oportunidad y reducir riesgos asociados a eventuales cobros o acciones posteriores por parte de entidades financieras.
