Contraloría detecta eventuales irregularidades en compra de inmueble del Gobierno Regional de Magallanes

La Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte una serie de eventuales irregularidades en el proceso de adquisición de un inmueble por parte del Gobierno Regional de Magallanes, destinado a un proyecto de residencia para adolescentes en Punta Arenas.

El pronunciamiento, contenido en el dictamen N° D168/2026, se originó a partir de diversas denuncias presentadas por autoridades y particulares, las que apuntaban a posibles inconsistencias en la compra de la propiedad ubicada en avenida Jorge Alessandri .

Según el documento, el proceso de adquisición habría presentado eventuales incumplimientos a la normativa vigente, particularmente al no haberse realizado una licitación pública ni haberse justificado debidamente el uso del trato directo, lo que, de acuerdo al organismo fiscalizador, podría no ajustarse a derecho .

Asimismo, el informe da cuenta de posibles deficiencias en el proceso de selección del inmueble, señalando que este habría sido escogido sin contar con todos los antecedentes técnicos necesarios y sin una evaluación comparativa suficientemente respaldada frente a otras alternativas disponibles .

En la misma línea, se advierten eventuales inconsistencias en las tasaciones comerciales utilizadas para fijar el valor del inmueble, las que, según Contraloría, no contarían con la trazabilidad ni el sustento metodológico requerido para respaldar los montos determinados .

El organismo también plantea la posible existencia de una situación que podría afectar el principio de probidad administrativa, relacionada con la participación de la autoridad regional en el proceso, en un contexto donde existiría un eventual vínculo indirecto con el vendedor del inmueble. No obstante, este punto deberá ser analizado y determinado en las instancias correspondientes .

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas, tanto en el Gobierno Regional como en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su análisis, lo que podría derivar en eventuales investigaciones penales.

Desde el organismo se enfatizó que todas las situaciones descritas corresponden a observaciones preliminares y que será el desarrollo de las investigaciones el que permita establecer si existen o no responsabilidades, resguardando así el debido proceso.