Contraloría detecta graves irregularidades en convenio entre municipio de Porvenir y fundación Procultura
La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena confirmó una serie de irregularidades en la contratación de la Fundación Procultura por parte de la Municipalidad de Porvenir, en el marco de la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, financiado con recursos públicos destinados al desarrollo urbano y habitacional.
El pronunciamiento se encuentra contenido en el Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, documento que ratifica falencias administrativas y legales en un convenio por un monto de $52,8 millones.
Falta de licitación y contratación sin respaldo técnico
Entre los principales hallazgos, el ente contralor estableció que el municipio recurrió a un trato directo sin acreditar las condiciones excepcionales exigidas por la normativa vigente, evitando así un proceso de licitación pública. Según el informe, no se justificó técnicamente por qué la fundación era la única entidad idónea para ejecutar el programa, ni se evaluaron otras alternativas disponibles.
Tercerización indebida de funciones municipales
La investigación también determinó que la municipalidad delegó en la fundación funciones sustantivas que debían ser ejecutadas directamente por el propio organismo comunal. En particular, se identificó la externalización completa de etapas clave como el diagnóstico territorial y la elaboración del plan de desarrollo, lo que contraviene los convenios suscritos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Observaciones financieras y falta de transparencia
En el ámbito económico, el informe evidenció una preocupante falta de detalle en la propuesta presentada por Procultura. Se detectaron ítems genéricos, como “Otros gastos de implementación”, por un total de $14,4 millones, sin desglose ni respaldo que permitiera verificar su pertinencia. Esta situación, advirtió Contraloría, dificultó el control del uso de los recursos públicos involucrados.
Omisión de cláusulas de confidencialidad
Otro aspecto crítico detectado fue la ausencia de cláusulas de confidencialidad en el contrato, pese a que la fundación tendría acceso a información sensible proporcionada por el Ministerio de Vivienda. La falta de resguardos legales, según el organismo, expone datos protegidos sin garantías suficientes de uso adecuado.
Denuncia inicial y reacciones
La fiscalización se originó tras una denuncia presentada hace tres años por el actual diputado Alejandro Riquelme Ducci, quien valoró el informe señalando que “se confirma la falta de concursabilidad y la asignación de recursos públicos sin justificación”.
El parlamentario calificó como “extremadamente grave” la tercerización de funciones públicas y aseguró que insistirá en que se determinen responsabilidades administrativas y eventualmente penales.
Asimismo, destacó que diligencias recientes de la Policía de Investigaciones de Chile, incluyendo incautación de documentos en dependencias municipales y de vivienda, dan cuenta de la relevancia de los hechos investigados.
Proceso disciplinario en curso
A raíz de los antecedentes recopilados, la Contraloría instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario destinado a establecer eventuales responsabilidades administrativas al interior del municipio.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en la asignación de recursos públicos, especialmente en zonas extremas, donde —según enfatizó el denunciante— “cada peso resulta clave para el desarrollo local”.
