Reduciendo la capacitación de trabajadores | Juan Marcos Henríquez | Opinión

La eliminación de la franquicia tributaria del Sence no es una medida técnica ni neutral. Es una decisión política que recae directamente sobre las y los trabajadores. Abiertamente es un ataque a la posibilidad concreta que tienen las personas de mejorar sus condiciones laborales mediante el conocimiento y la capacitación.

Durante décadas, la franquicia ha permitido que las empresas invirtieran en capacitación descontando hasta el 1% de su planilla de remuneraciones del impuesto a la renta. A través de organismos técnicos especializados, cerca de un millón de trabajadores accedían cada año a formación que, de no existir la franquicia, habría sido imposible. No era un sistema perfecto, y nadie lo ha defendido como tal, pero funcionaba como puente entre el trabajador y la actualización de sus habilidades, en un mundo laboral que cambia dinámicamente y obliga a capacitarse.

El gobierno justifica la medida señalando que el sistema fue objeto de abusos e ineficiencias. Seguramente el instrumento presentaba errores, pero la respuesta a un instrumento defectuoso no es eliminarlo sino corregirlo. Eliminar la franquicia por completo, sin ofrecer una alternativa que satisfaga la necesidad de capacitación que es real, es como clausurar un hospital porque algunos procedimientos se realizaban mal. De esta forma, el daño que se provoca es mayor comparado con el que se intenta evitar.

Nos preocupa lo que viene. Vivimos un momento en que la automatización y la inteligencia artificial están transformando el mercado del trabajo de manera acelerada. Los empleos que hoy existen no son necesariamente los que existirán en diez años. En ese contexto, la capacitación no es un beneficio secundario ni un lujo que se puede postergar. Es la herramienta fundamental que tiene un trabajador para no quedar fuera del mercado, para adaptarse, para no perder lo que ha construido con años de esfuerzo.

Sin el incentivo tributario, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas que emplean a la mayoría de los trabajadores chilenos, simplemente dejarán de capacitar. No porque sean maliciosas, sino porque en ausencia de un estímulo concreto, la formación del personal compite con otras prioridades y suele perder. Según quienes conocen el sector, el efecto será inmediato y visible en la cantidad de trabajadores que acceden a formación cada año.

Los programas directos del Sence que el gobierno anuncia como reemplazo están orientados principalmente a personas desempleadas o independientes. Son necesarios, nadie lo niega. Pero no cubren el mismo espacio que cubría la franquicia, que llegaba al trabajador activo, al que está en su puesto hoy y necesita actualizar sus competencias para seguir estándolo mañana. Esa brecha no se cierra con promesas de mayor focalización del gasto. Se cierra con instrumentos que efectivamente lleguen a quienes los necesitan.

En regiones como la nuestra, esto tiene una dimensión adicional. La reconversión productiva que se nos exige, el tránsito hacia nuevas formas de trabajo vinculadas a la energía limpia y a otras industrias emergentes, requiere trabajadores formados, con capacidades técnicas actualizadas. Eliminar la franquicia en este momento específico es retirar la escalera justo cuando más se necesita para subir.

La capacitación no es un gasto que el Estado o las empresas hacen para favorecer a los trabajadores. Es una inversión que toda economía que quiera funcionar bien debe sostener. Reducir el acceso a ella no ahorra recursos, los desperdicia, porque genera desempleo, precariedad y dependencia que terminan costando mucho más. Quien no lo ve así, o no entiende cómo funciona el trabajo real, o simplemente no le importa.