Diputado Alejandro Riquelme rompe el silencio por investigación de subsidio habitacional y descarta irregularidades
A través de una declaración pública, el diputado Alejandro Riquelme Ducci respondió a los antecedentes revelados en torno a la investigación que desarrolla el Ministerio Público por la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a su expareja, Susan Chicuy Godoy. El parlamentario aseguró que el proyecto habitacional cuestionado se originó en un convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda aprobado en 2021, antes de que asumiera como consejero regional y participara en política.
Asimismo, sostuvo que el beneficio fue otorgado conforme a la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante durante 2022 y afirmó que, al momento de la postulación, mantenía una situación de separación y sin convivencia con la beneficiaria. Junto con recalcar que colaborará con cualquier investigación, descartó haber cometido irregularidades o delitos y cuestionó que no se haya respetado la presunción de inocencia durante el proceso.
Las declaraciones surgen luego que la Fiscalía Local de Punta Arenas abriera una investigación penal para determinar la eventual existencia de irregularidades en la obtención de un subsidio DS19 del proyecto habitacional Estepa Austral I, beneficio que terminó favoreciendo a la entonces pareja del actual parlamentario republicano.
La denuncia fue presentada por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, quien expuso antecedentes que apuntan a una eventual omisión de información socioeconómica y familiar durante la postulación. Según el oficio remitido al Ministerio Público, de haberse informado correctamente la composición del grupo familiar y los ingresos asociados, la beneficiaria no habría calificado dentro del segmento de mayor vulnerabilidad exigido para acceder al subsidio.
La investigación también busca esclarecer el mecanismo mediante el cual Susan Chicuy ingresó al proyecto habitacional como reemplazante de otro beneficiario. De acuerdo con la denuncia, la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, habría intervenido en el proceso proponiendo directamente el nombre de la postulante a la entidad patrocinante, situación que es cuestionada por el servicio.
Sin embargo, la exfuncionaria rechazó cualquier actuación irregular, asegurando que el procedimiento aplicado era habitual durante ese período y que se basaba en antecedentes contenidos en el Registro Social de Hogares. Además, afirmó desconocer cualquier vínculo entre la beneficiaria y el actual diputado, acusando además una persecución administrativa en su contra por parte de directivos del servicio.
Desde la Fiscalía Regional de Magallanes confirmaron que la causa se encuentra vigente y bajo la dirección de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien señaló que actualmente se desarrollan diligencias destinadas a establecer o descartar la veracidad de los hechos denunciados. Hasta ahora, no existen personas formalizadas ni imputaciones judiciales derivadas de esta investigación.
